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Hijas de Maradona niegan haber hostigado digitalmente al abogado de su padre

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Buenos Aires, 19 agosto.- Dalma y Gianinna Maradona, investigadas por presunto “hostigamiento digital” hacia Matías Morla, quien fuera abogado de Diego Maradona, declararon este jueves ante la Justicia argentina que “no querían agregar nada más” al escrito presentado con anterioridad en el que negaron los cargos.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 4 de la ciudad de Buenos Aires investiga si las hijas de Maradona “afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Matías Morla” con publicaciones en sus cuentas de las redes sociales Twitter y Instagram.

Las hijas del astro del fútbol habían sido citadas a declarar este jueves en forma presencial, pero solicitaron hacerlo de manera virtual.

Ante el fiscal Mauro Tereszko, Dalma y Gianinna Maradona, de 34 y 32 años, respectivamente, dijeron que “no querían agregar nada más” al escrito previamente presentado por sus abogados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik, en el que negaron haber “hostigado digitalmente” a Morla, informaron fuentes judiciales a la prensa local.

Guntin sostuvo en declaraciones al sitio web Infobae que sus defendidas están “tranquilas”, porque “sienten que no lo hostigaron”.

“Entendemos que no hubo hostigamiento, lo que hubo es una defensa de dos chicas que están dolidas porque sienten que a su padre le robaron y lo mataron e intentaron manifestar eso con sus palabras”, agregó.

En el escrito que habían presentado los abogados defensores se manifestaba que “es evidente que Dalma Maradona y Gianinna Maradona no sólo vienen sufriendo el escarnio público en redes, sino también en medios televisivos y de prensa gráfica hace varios años de parte de quien ahora intentar asumir la calidad de víctima”.

Dalma y Gianinna Maradona aseguran que Morla mantenía “en cautiverio” a su padre y “sujeto a la ingesta de alcohol, drogas, psicofármacos y al cuidado de nefastos y oscuros personajes”.

El “hostigamiento digital” está penado con una multa económica, con tres a diez días de trabajo de utilidad pública o de uno a cinco días de presión.

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