La demanda, que alega la «inconstitucionalidad» de la ley de Arizona, por considerar que viola los derechos humanos de los inmigrantes al pretender criminalizarlos por la simple sospecha de tener «estatus de inmigrante ilegal», fue presentada el 17 de mayo en nombre de diversas organizaciones civiles.
El Gobierno de México se adhirió a la misma el pasado 22 de junio, bajo la figura de «amigos de la corte», y pidió al resto de países de América Latina imitarlo en esa acción.
Según Furlán, «el Gobierno de Guatemala, apoyando la iniciativa de México, luego de analizar la propuesta, decidió adherirse a la petición y oficializar el proceso haciendo entrega de su adhesión al ‘amicus curiae'».
Con esta decisión, agregó la funcionaria, el país centroamericano «se une a otras naciones latinoamericanas en el apoyo a las personas que como consecuencia de la aplicación de la Ley SB1070 pudieran ser objeto de actos de discriminación basados en el perfil étnico y se violenten sus derechos humanos y civiles».
Añadió que la Cancillería guatemalteca, por medio de su embajada en Washington y su consulado general en Phoenix, Arizona, dará seguimiento a este proceso legal, para «velar por los derechos y bienestar de los inmigrantes guatemaltecos sin importar su situación migratoria».
La ley de Arizona fue promulgada el 23 de abril por la gobernadora republicana Jan Brewer.
