Ciudad de Guatemala – El Gobierno de Guatemala decretó este domingo estado de sitio en un municipio del departamento de Izabal, en el noreste del país, donde se han registrado enfrentamientos en los últimos días entre comunidades indígenas que se oponen a una mina y las fuerzas de seguridad.
La medida fue ordenada por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, mediante el decreto 9-2021, y tendrá una vigencia de 30 días, según fue publicada la información este mismo domingo en el diario oficial.
La decisión abarca únicamente el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, donde se han registrado los enfrentamientos violentos este viernes y sábado.
El estado de sitio fue impuesto debido a que «se han realizado acciones el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes» del municipio, de acuerdo al Gobierno guatemalteco.
Con la imposición de la medida, que debe ser ratificada por el Congreso, el Estado puede prohibir la libre locomoción de la población, diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin mandamiento judicial, entre otras disposiciones.
Los enfrentamientos se registraron durante viernes y sábado entre las fuerzas de seguridad y decenas de indígenas q’eqchi’ que se oponen al funcionamiento de la mina Fénix, de capital ruso, ubicada en municipio de El Estor, en Izabal.
La empresa dueña de la mina es la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa Solway Investment Group.
COMUNIDADES EN RESISTENCIA
Los miembros de las comunidades indígenas se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.
Mientras tanto, la Policía Nacional Civil ha informado que al menos 17 de sus miembros han resultado heridos en los enfrentamientos, incluidos cuatro agentes lesionados con arma de fuego.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó el sábado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y dijo que la mina funciona «ilegalmente».
«Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa», enfatizó el ombudsman.
Sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que «el Gobierno de Guatemala», que preside Alejandro Giammattei, «resguarda camiones de CGN» para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad «reprimen a la población y periodistas».
Tanto el viernes como este sábado, cientos de agentes de la Policía Nacional Civil han atacado a las comunidades indígenas en resistencia con bombas lacrimógenas, según han denunciado diversas fuentes.
Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.
El Gobierno de Giammattei, por su parte, aseveró el sábado por la noche en un comunicado de prensa que la suspensión de la mina está en vigencia, pero que existen «otras actividades como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona» que «no están relacionados con la resolución referida».
JS
