Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Liquidadora creada mediante el decreto 004-2026, el abogado Leonel Núñez, informó que el proceso de cierre y fusión de instituciones del Estado avanza con más de 1,700 empleados cesanteados hasta la fecha, como parte de una reestructuración orientada a reducir el gasto público.
– Se cerraron y fusionaron unas 26 instituciones públicas.
Según detalló el funcionario, la comisión ha trabajado en la revisión de al menos 26 instituciones, programas y dependencias estatales que han sido cerradas, fusionadas o absorbidas por otras entidades que cumplen funciones similares. En ese contexto, señaló que aún se analiza la situación de otras oficinas para determinar si continúan operando o si también serán suprimidas.
Núñez explicó que el Gobierno está a la espera de la aprobación del Presupuesto General de la República para hacer efectivo el pago de más de 360 millones de lempiras correspondientes a pasivos laborales de los trabajadores despedidos.
Indicó que los expedientes de pago ya están avanzados y que muchos exempleados están siendo llamados para firmar finiquitos y completar el proceso administrativo previo a la cancelación de sus prestaciones.
Respeto a derechos laborales
“Hemos trabajado con mucha responsabilidad, cada uno de los cálculos ha sido refrendado por Servicio Civil o por la Secretaría de Trabajo respetando los derechos y garantías de los trabajadores”, afirmó y acentuó que en las próximas horas se entregarán más cartas de despido como parte del cierre progresivo de las instituciones.
El funcionario agregó que actualmente entre un 5 % y 6 % del personal permanece en las entidades en proceso de liquidación, colaborando en las tareas finales antes de su cierre definitivo.
Sobre la cantidad total de empleados que podrían ser separados en los próximos días, Núñez señaló que aún no hay una cifra definitiva, debido a que otras comisiones interventoras continúan evaluando el recurso humano en distintas dependencias estatales. “Por ejemplo, el Programa de Reducción de Pérdidas (ENEE), está bajo otra comisión interventora, ahí fueron cesanteadas más de dos mil personas, así hay otras instituciones que son revisadas para determinar hasta dónde se pueden reducir su planilla”, dijo.
En cuanto al impacto financiero, evitó precisar una cifra global de ahorro, pero aseguró que asciende a “millones de lempiras”.
Citó como referencia la Secretaría de Planificación, donde el gasto en salarios se redujo de más de 25 millones a cerca de 2 millones mensuales. JS
