Washington – El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, John Kelly, defendió hoy su decisión de ordenar la deportación de una mujer hondureña y su hijo de cinco años, quienes llevan casi dos años en el centro de detención para inmigrantes indocumentados de Berks (Pensilvania).
Al comienzo de un debate en el centro de estudios Atlantic Council, en Washington, Kelly defendió que la mujer y su hijo habían agotado todos los recursos para poder solicitar asilo en Estados Unidos y, por ello, en cumplimiento de la ley, habían sido enviados de vuelta a Honduras.
«No puedes elegir las leyes que sigues, yo no puedo elegir las leyes que hago cumplir», aseguró Kelly, quien añadió: «Nosotros, el Gobierno, no deportamos a la gente. Es la ley la que deporta».
El titular de Seguridad Nacional invitó así al Congreso a usar el poder que le confiere la Constitución para cambiar las leyes que «no les gusten», pues el Ejecutivo se limita a hacer cumplir las normas aprobadas por el Legislativo y no tiene el poder para desobedecer ese mandato, según dijo.
«Las leyes no las hago yo, es el Congreso, si no les gusta la ley, cambien la ley. Yo no tengo otra alternativa que obedecer las leyes», subrayó.
Las declaraciones de Kelly parecían dirigirse al senador por Pensilvania, el demócrata Bob Casey, que este miércoles criticó en la red social Twitter la deportación de la mujer hondureña y su hijo.
Twitter: it’s urgent. I just found out that a young child & her mother who came to U.S. seeking refuge will be sent back to Honduras today.
— Senator Bob Casey (@SenBobCasey) 3 de mayo de 2017
Casey aseguró que el pequeño podría haberse beneficiado de un programa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), destinado a dar asilo a los menores que han sufrido abusos.
Here’s their story: the 5yr old’s mother witnessed the murder of her cousin in Honduras and was being pursued by gangs.
— Senator Bob Casey (@SenBobCasey) 3 de mayo de 2017
El senador también dijo que la mujer, Fany Manzanares Hernández, llegó a Estados Unidos huyendo de las «maras», que la perseguían en Honduras porque presenció el asesinato de su primo por una pandilla.
«Es muy posible que ya hayan llegado a Honduras y eso es una potencial sentencia de muerte», dijo Casey en Twitter, donde aseguró que «la banda que amenazó la vida de ese niño y de su madre no perderá tiempo en buscar venganza».
La mujer y su hijo, ya en Honduras, vivieron durante casi dos años en el centro de detención de Berks, a las afueras de Reading (Pensilvania), una de las tres instalaciones que tiene el Gobierno para las familias de inmigrantes indocumentados.
Los otros dos centros están en Texas, en Karnes City y Dilley.
