Manila.- El Gobierno de Filipinas declaró este jueves que es una «afirmación infundada» que la impunidad reine en el país, como concluye el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en su primer informe sobre los abusos cometidos en la guerra contra las drogas emprendida por el presidente, Rodrigo Duterte.
«El Gobierno reitera que la impunidad no tiene lugar en Filipinas. Los agentes de la ley operan bajo protocolos estrictos y los transgresores de la ley pagan por ello», afirmó en un comunicado el portavoz de Duterte, Harry Roque.
El Ejecutivo reaccionaba así al informe publicado hoy por la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que denuncia «graves» y «letales» violaciones de derechos en Filipinas, azuzadas por el lenguaje de las autoridades, inclusive del presidente Duterte, que anima a «eliminar» o «neutralizar» a sospechosos de narcotráfico y se entiende como «licencia para matar».
El informe recuerda que en cuatro años de campaña antinarcóticos solo ha habido una condena de policías, cuando las autoridades han admitido haber matado a más de 8.000 personas, cifra que organizaciones de defensa de los derechos humanos elevan a casi 30.000 asesinatos amparados en el clima de impunidad.
«Nos mantenemos firmes en el cumplimiento de nuestra obligación de garantizar el bienestar y los derechos humanos de nuestra gente. Los altos índices de aprobación del presidente confirman el apoyo público a su liderazgo», indicó Roque.
El informe de la ONU también pone el foco en «la demonización de la disidencia», con la muerte de al menos 248 activistas, líderes sociales, periodistas, abogados y miembros de sindicatos durante los casi cuatro años de Duterte en el poder.
La oficina de Bachelet criticó además el uso de la pandemia de COVID-19 como excusa para reprimir la libertad de expresión y endurecer la censura, ya que una ley aprobada «ad hoc» en marzo para otorgar poderes especiales a Duterte castiga la difusión de «bulos» que supuestamente entorpezcan la respuesta a la crisis, lo que se ha usado para hostigar a críticos con el Gobierno.
«La conducta desmesurada de individuos o grupos para crear, perpetrar o difundir información falsa sobre la crisis COVID-19 en las redes sociales y otras plataformas no constituye un derecho o libertad, sino un delito», declaró el portavoz.
Frente a la indignación del Gobierno, el informe de la ONU ha sido acogido con beneplácito por partidos de la oposición, organizaciones de defensa de los derechos humanos, grupos civiles y activistas en Filipinas.
«Los hechos son innegables y el informe rechaza la falsa narrativa de la Administración Duterte. Es una acusación condenatoria de su incumplimiento de los principios, estándares y convenciones internacionales sobre derechos humanos», declaró EcuVoice, una coalición de organizaciones que ha documentado los abusos en Filipinas ante la ONU y la Corte Penal Internacional, donde también hay una investigación en curso.
