Añadió que esperan que esa reunión ocurra a finales de febrero o principios de marzo, cuando el gobierno cumpla el primer mes de gestión.
Por otro lado, indicó que respecto a las reformas a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, lo último que faltaba era el tema de los productos de la canasta básica lo que ya está finiquitado y unas correcciones que se identificaron junto a directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con el fin de no afectar la competitividad, las que serán discutidas próximamente en el Congreso Nacional.
Sobre el tema de los fondos para las prestaciones que se pagarán a los empleados públicos que serán cesanteados de la administración pública, indicó que cada ministro, director o gerente, es responsable de administrar su presupuesto donde está incluida una partida para el pago de prestaciones laborales.
Agregó que esos funcionarios tendrán que analizar qué personal es el que se va a quedar trabajando y la gente que no por las reformas que se están haciendo en la administración pública.
Aclaró que cuando se habla de cuatro mil millones de lempiras, no es dinero destinado al pago de prestaciones, sino la cantidad que puede ahorrarse el Estado mediante medidas como la racionalización de los subsidios, un uso eficiente de las transferencias, una disminución en las compras de bienes y servicios de las instituciones del Estado y una reducción del aparato estatal.
Reiteró que en el tema de prestaciones a cada secretaría se le dejó una partida para ese fin, pero no es que se creó un fondo aparte para ese menester.
Por otro lado, aseveró que a las municipalidades solamente se les debe 800 millones de lempiras de cuatro mil 800 millones que se les tuvo que pagar el año pasado y eso va a ser cancelado a más tardar el 15 de marzo próximo.
Recordó que todas las secretarías y demás instituciones del Estado tienen que ser lo suficientemente creativos para presentar un plan de ahorro equivalente al 10 por ciento, con lo que se espera cubrir lo que se dejará de recaudar por las últimas reformas al paquete de medidas fiscales que incluía la aplicación del 15 por ciento a productos de la canasta básica que representaba ingresos por unos mil 600 millones de lempiras.
