Giammattei fue llevado a la base militar tras abandonar el viernes pasado la embajada de Honduras en Guatemala, a donde se había refugiado en busca de asilo político, el que le fue negado por el Gobierno de Tegucigalpa días antes.
Según la fuente, el político, que «sólo ha tomado agua», se encuentra en buen estado de salud, pero insiste en que se mantendrá en huelga de hambre hasta que sea puesto en libertad.
El ministro guatemalteco del Interior, Carlos Menocal, dijo a periodistas que las autoridades no pueden «impedir u obligar» a Giammattei a deponer la huelga de hambre, pero aseguró que se le prestará la asistencia médica «que necesite».
El político, quien dirigió el Sistema Penitenciario de Guatemala durante el Gobierno del presidente Óscar Berger (2004-2008), es acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de formar parte de una estructura criminal que funcionaba dentro del Ministerio del Interior de Guatemala entre 2004 y 2007.
Según la CICIG, ese grupo criminal habría ejecutado de forma extrajudicial a siete reos, el 25 de septiembre de 2006, en la Granja Penal de Pavón, durante una operación denominada «Pavo Real», por medio de la cual pretendía recuperar esa prisión que estaba bajo el control de los internos.
Por este caso han sido capturadas siete personas, cuatro de ellas ex agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y se han emitido órdenes de detención en contra de otras diez, entre ellas los altos mandos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Berger.
Se trata del ex ministro del Interior Carlos Vielman, el ex director de la PNC Erwin Sperisen y el ex subdirector de Investigación Criminal Javier Figueroa.
Vielman, Sperisen y Figueroa, según la Fiscalía, se encuentran en España, Suiza y Austria, respectivamente, por lo que se ha solicitado el apoyo de la Interpol para sus capturas.
Giammattei ha negado los cargos y asegurado que el proceso en su contra es una «persecución política» por parte del Gobierno del presidente Álvaro Colom, que tiene como objetivo sacarlo de la contienda electoral del próximo año.
El viernes, tras declararse como «preso político» y anunciar la huelga de hambre, aseguró que no desistirá de esa medida hasta recobrar su libertad, y responsabilizó al Gobierno de su seguridad y la de su familia.
