Managua – El gerente del canal 10 de Nicaragua, Carlos Pastora, pidió hoy «auxilio inmediato» al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras, Roberto Herrera, desde la embajada hondureña en Managua, donde buscó protección, por el temor de ser «asesinado» junto con su familia.
«Mis derechos humanos están siendo vulnerados por parte de un Gobierno, y mi familia y yo tememos por nuestras vidas, denunciando que podríamos ser asesinados, y clamando a las autoridades de mi país, se nos brinde auxilio inmediatamente», escribió Pastora, en una carta dirigida a Herrera.
A Pastora, de doble nacionalidad, hondureña y nicaragüense, se le impidió salir de Nicaragua, que atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien fue señalado recientemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de acosar y agredir a los periodistas en el país.
«Apelamos a usted como representante de los derechos humanos en mi país, Honduras, el apoyo legal y de medidas de protección que la institución que usted dirige está comprometida a brindar a quienes la necesitan por estar en situaciones vulnerables, como la que vivimos mi familia y yo en este momento», agregó Pastora en la carta.
Pastora señaló que, tras ser acosado y amenazado por negarse a las presiones del oficialista canal 8 de televisión, decidió retornar a su país natal con su familia, pero no se le «permitió por parte del Gobierno del señor Ortega».
«El actual presidente, Daniel Ortega, y su Gobierno, han tomado acciones que van en contra de los derechos humanos, la libertad de expresión y libre emisión de pensamiento, con acciones como las que hemos denunciado», resaltó el gerente de canal 10.
El representante legal de la empresa televisiva, César Guevara, confirmó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha solicitado información sobre Pastora, pero rechazó la prohibición de salir del país porque «no existe un proceso legal o investigación formal por parte de la Policía».
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que consiste en la «criminalización de manifestantes», frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.
El Gobierno ha rechazado los informes de la CIDH, que incluyen la muerte de 317 personas, aunque otras organizaciones humanitarias han informado de hasta 448 y la Presidencia reconoce solo 198.
Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
