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Frustrada nuevamente la libertad de defensores de Guapinol

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Tegucigalpa – En los últimos días hubo mucha expectativa esperando una resolución en el caso de los defensores de Guapinol, la comunidad guardaba la ilusión de un veredicto favorable que terminara con la prisión de los imputados, pero eso no ocurrió.

– La lucha por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro sigue pese a las medidas de prisión, dicen familiares y amistades de defensores

El pasado 26 de octubre se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas, para los ocho defensores del caso Guapinol y el Tribunal de Sentencia de Trujillo mantuvo la resolución que ordena mantener la detención preventiva para los ocho defensores, a pesar de la no objeción del Ministerio Público (MP), para el otorgamiento de medidas sustitutivas.

Hechos

Es preciso recordar que los defensores son: Ever Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Jeremías Martínez Díaz, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y José Daniel Márquez Márquez.

Los ocho son acusados por el delito de privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández Corea y la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V. e incendio agravado.

Varias organizaciones demandan libertad para los defensores de Guapinol.

Siete de ellos fueron enviados a prisión el 2 de septiembre del 2019 en Olanchito, Yoro, mientras que el otro, Jeremías Martínez guarda prisión desde el 5 de diciembre del 2018, en La Ceiba.

Tras el nuevo veredicto que terminó con la ilusión de libertad de los acusados el malestar fue mayor para la defensa, familiares y comunidades involucradas ya que el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, a cargo de proceso penal retuvo por 24 horas la notificación concretando la respuesta hasta el día 28 de octubre a eso de 2:30 de la tarde.

Nada cambió la suerte de imputados

Durante varias horas familiares y compañeros de lucha de las comunidades de Guapinol esperaron el resultado de la audiencia con la esperanza de que los defensores recobraran su libertad.

El abogado Edy Tábora

Previo al proceso los abogados defensores sostuvieron que el Tribunal estaba obligado a cambiar las medidas a favor de luchadores de Guapinol.

En ese sentido el profesional del derecho Edy Tabora, del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó que, en el caso nunca han existido los requisitos que establece el Código Procesal Penal, para imponer una medida tan grave como la prisión preventiva.

Remarcó que los criminalizados se presentaron voluntariamente a los juzgados y en otros casos similares eso ha bastado para que se les haya aplicado medidas distintas de la prisión preventiva.

También recordó que el Ministerio Público, no se opone al cambio de medidas y a dejado el caso en manos de los jueces.

Pedro Landa, representante de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad.

En resumen, no se cumplen ninguno de los supuestos que establece la ley para dictar prisión preventiva, declaró a medios el abogado defensor.

Por su parte, el ambientalista y representante para Honduras de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Pedro Landa, planteó en declaraciones a medios  que Guapinol es un ejemplo nacional y regional sobre la impunidad y criminalización.

Además, ha quedado demostrado el uso abusivo del derecho penal como instrumento para criminalizar, remarcó.

Mientras familiares y amistades de los defensores, reiteran que la lucha por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro sigue pese a que injustamente se mantienen las medidas de prisión.

(LEER) ONU lamenta resolución de detención preventiva a defensores de Guapinol

Presión nacional e internacional

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, ha seguido de cerca el conflicto de Guapinol que mantiene a los ocho defensores en prisión, y ha hecho pública su preocupación por la violación de derechos fundamentales en el caso.

La representante de OACNUDH, Isabel Albaladejo Escribano, acompañó in situ la última audiencia y   lamentó a través de un comunicado de prensa, la resolución del Tribunal de Sentencia de Trujillo que ordena mantener la detención preventiva de los ocho defensores.

La representante de la OACNUDH visitó a los defensores de Guapinol en el centro penal de Olanchito.

Asimismo, recordó que la detención de los defensores es arbitraria y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dejó claro que lo adecuado es “poner a los defensores inmediatamente en libertad, concediéndose el derecho a obtener la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos”.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), se sumó a las peticiones por la libertad de los defensores y pidió al Estado tomar en cuenta varias recomendaciones nacionales e internacionales.

Lucha por defensa de ríos Guapinol y San Pedro

Los antecedentes del conflicto socio territorial comienza a ser visible en el año 2013, cuando las comunidades denunciaron que una empresa minera empezó a hacer deforestaciones en el Sector San Pedro, para la apertura de una carretera.

Se considera que la instalación del proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, ha sido la causa principal para que las comunidades de San Pedro y Guapinol sigan protagonizando un escenario de constante conflicto debido al daño en el medio ambiente, según expone la población de esa zona.

A través de los años el conflicto se ha profundizado, pero ya en 2017 se consolida la presencia de Inversiones Los Pinares y el problema se vuelve de mayor impacto en 2018 cuando hay denuncias de los defensores sobre la agudización de daños ambientales.

En ese tiempo se une el sector de Guapinol a lucha territorial que mantenía el sector de  San Pedro  y es cuando se da la toma de la municipalidad por parte de pobladores, la instalación y desalojo del campamento y comienzan los procesos penales en contra de los defensores, estos siguen en la palestra pública y que ponen al país en el ojo de los organismos internacionales de derechos humanos. LB

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