Tegucigalpa – Una jueza hondureña dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión para el expleno del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, acusado por más de 600 delitos.
– Más de dos semanas duró la audiencia inicial para los imputados.
– Venía listo para que me enviaran a prisión, dijo Jorge Rivera Avilés.
– Todos los imputados se defenderán en libertad a excepción de Teodoro Bonilla que mantiene prisión por una condena de tráfico de influencias.
Los cinco imputados se defenderán en libertad a excepción de Teodoro Bonilla, quien fue condenado por tráfico de influencias en el caso Shalóm.
En esta causa los imputados son el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, el exvicepresidente Teodoro Bonilla, Liliam Maldonado, Julio César Barahona, José Francisco Quiroz Mejía y Celino Aguilera.
Al salir de la audiencia, Celino Aguilera dijo en escuetas declaraciones que las resoluciones judiciales “no son santa palabra y tienen expeditos recursos, y vamos a hace uso de ellos”.
Aguilera anunció un recurso para que la Corte de Apelaciones revise la resolución del juez de primera instancia.
De su lado, la abogada Irma Yamileth López, declaró que la decisión de la jueza fue tal cual lo solicitó el Ministerio Público en el requerimiento fiscal. “Así se decretó el auto de formal procesamiento por todos los delitos. Se mantienen las medidas cautelares tal y como se dictaron en la audiencia de declaración de imputados”, adicionó.
Continuó que “se van a defender en libertad, pero son todos los delitos que les impuso desde un principio en la solicitud de requerimiento fiscal”.
López lamentó que la jueza no le dio valor a la prueba aportada por la defensa. “Vamos a interponer los recursos que establece la ley, hacer uso de los recursos de apelación aunque no consideramos que estamos en un Estado de derecho porque hay violación al debido proceso”, adicionó.
El exconcejal Francisco Quiroz se limitó a declarar: “Es la valoración que hizo la jueza”.
Rivera Avilés esperaba
que lo mandaran a prisión
En tanto, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, relató que “de nuestra parte hemos visto que de nada sirvió toda la prueba que nosotros aportamos y no fue tomada en consideración, en consecuencia la señora jueza nos dictó auto de formal procesamiento y nos mantuvo la medida sustitutiva (de prisión”.
Rivera Avilés indicó que respetan la resolución judicial aunque no la comparte.
Citó que “por la experiencia que uno tiene de casi 40 años en tribunales, uno para este tipo de audiencias se prepara para lo peor porque cualquier cosa que se dicte es ganancia, en consecuencia yo venía preparado para que me enviaran detenido y que me quitaran las medidas sustitutivas. La ganancia que obtuve es que me las mantienen”.
Puntualizó que “estoy seguro que esto se va a aclarar en el sentido que no hemos cometido ningún delito”.
Finalmente, el exconcejal Julio César Barahona, mencionó que este era una de las posibles resoluciones que podía dar la jueza, la verdad es que en audiencia inicial con una mínima prueba sacan conclusiones.
“Me considero que estoy bien con mi consciencia, me siento tranquilo, no se termina todavía no somos declarados culpables. Soy penalista y le puedo establecer que después de esta audiencia vienen otras audiencias, recursos y todos tenemos derecho a la defensa”, estimó Barahona.
Concluyó que “gracias a Dios que estamos en libertad, por lo menos, ella tomó en cuenta el arraigo, nos tomó en cuenta la personalidad que tenemos y el cargo que ostentamos para mantenernos la medida”.
La acusación al expleno
A Jorge Rivera Avilés se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos.
Por su parte, el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla es acusado de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
En tanto, a Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos, y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Igualmente, a Liliam Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
