Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña pidió este miércoles, durante la etapa de conclusiones en el debate de la audiencia inicial, la suspensión de sus cargos a cinco actuales diputados implicados en el sonado caso Arca Abierta.
Así lo informó el relacionista público de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, que ahondó que la petición del Ministerio Público se basa en que los parlamentarios incurrieron en supuestos delitos en contra de la administración pública.
La Fiscalía pide la suspensión de los diputados actuales: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera.
La medida también sugiere un auto de formal procesamiento para los parlamentarios, así como el pago de una fianza por el monto de 21 millones de lempiras, presentación a los juzgados para firmar el libro de control y la prohibición de salir del país.
Igualmente, en ente acusador pide auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Gregorio Alberto González Rivera de la ONG Planeta Verde y Geovanny Castellanos Deras de la organización Beneficios Infantiles Bital.
Asimismo, la Fiscalía pidió medidas cautelares para el resto de los implicados en el caso.
Relación de hechos
La UFECIC presentó este caso el 11 de diciembre del 2018 que involucra a cinco actuales diputados, seis exdiputados -uno fallecido- y otros señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
A título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública son señalados: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera.
Igualmente los exparlamentarios: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón (QEPD), Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, y Óscar Arturo Álvarez.
También por este mismo delito es señalado Gregorio Alberto González Rivera.
Entretanto, a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública se señala a Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martin Vallejo.
La investigación establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras (879 mil dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”.
