Tegucigalpa – La Fiscalía expuso este miércoles que la cabaña de la exprimera dama (2010-2014), Rosa Elena Bonilla, ubicada en el sector de Zarabanda en el municipio de Santa Lucía fue construida con fondos públicos.
– Entre las pruebas, reiteran que la exprimera dama recibió asignación presupuestaria del Estado.
En el debate se expuso una carta de Jesús Alex Vásquez Padilla, ingeniero a cargo de la edificación, que mandó una nota a Bonilla de Lobo indicándole que sería construida entre el 16 de agosto al 27 de octubre de 2014 con un monto de 512 mil 740 lempiras con 65 centavos.
Detalló que Bonilla realizó un primer desembolso como anticipo al encargado de la obra de 300 mil, 340 mil y 100 mil lempiras.
Asimismo, en otra nota del ingeniero notifica a la exprimera dama que ocupa un millón 800 mil lempiras para la continuación de la edificación de la cabaña.
En esta ocasión, la exprimera desembolsó tres cheques como anticipo al ingeniero por las mismas cifras de 300 mil, 340 mil y 100 mil lempiras.
Por otro lado, la exprimera dama emitió un cheque de más de 353 mil lempiras a la arquitecta de la obra, Patricia Girón.
El abogado defensor, Marco Rogelio Clara, negó que la cabaña de la exprimera dama ubicada en el sector de Zarabanda fuera con fondos estatales.
“Desde un principio hemos dicho que el Ministerio Público trata de confundir la emisión de los cheques, el ingeniero declaró que todos los proyectos de la Primera Dama fueron ejecutados”, insistió el togado.
Añadió que el proyecto de Zarabanda se ejecutó con fondos personales de Bonilla, “en ningún momento, el testigo dijo que esos fondos salieron del Despacho de la Primera Dama”.
Argumentó que el proyecto de Zarabanda fue ejecutado posteriormente cuando Rosa Elena Bonilla no era exprimera dama con sus propios fondos.
Exprimera dama recibió
asignación presupuestaria
Los fiscales pidieron a la secretaria de la Sala de Audiencias que leyera una nota de la Secretaría de Finanzas señalando que enviaron 50 millones de lempiras a Casa Presidencial con beneficiario al Despacho de la Primera Dama el 20 de octubre de 2013 modificando su asignación de fondos para programas de asistencia social.
“A fin de que Casa Presidencial cuente con los recursos necesarios para cumplir con los proyectos de asistencia social, se envía 50 millones de lempiras”, justificaba la nota.
En la misiva, la Secretaría de Finanzas evidenció la modificación presupuestaria debido a que el Despacho de la Primera Dama tenía “un déficit presupuestario” para continuar manejando los programas de asistencia social.
La defensa de Bonilla alegó que ella no tenía presupuesto porque no era funcionaria pública aseverando que la prueba de la Fiscalía refuerza su tesis.
“Las notas de Sefin reafirmó la tesis de la defensa que el Despacho de la Primera Dama no tiene presupuesto y que todos esos aumentos presupuestarios fueron autorizados previamente por Finanzas”, fundamentó Clara.
Por otro lado, los fiscales revelaron un contrato entre Jesús Alex Vásquez Padilla con la sociedad mercantil AIB Ingenieros S de R.L. a cargo de la ingeniera Tania Murillo Lanza para el proyecto “Readecuación del Centro Integral para niños y niñas” en el sector de Los Pinos en la capital hondureña.
Detallaron que el contratista que era Jesús Alex Vásquez Padilla fue adjudicado con el contrato de la obra de infraestructura con la firma del exsecretario privado de la exprimera dama, Saúl Escobar, en octubre de 2013 por un monto de cuatro millones 453 mil 994 lempiras con 52 centavos.
Vásquez Padilla contrató a AIB Ingenieros S de R.L. como subcontratante del proyecto infraestructural. Sin embargo, en una nota revelada por la Fiscalía y leída por la secretaría del Tribunal, Jesús Alex Vásquez Padilla notificó a Tania Murillo Lanza, encargada de AIB Ingenieros, que por un error en la oficina del Despacho de la Primera Dama no fue aceptada la sociedad mercantil como subcontratante del proyecto.
Irregularidades en estados de cuentas
La Fiscalía mostró que Saúl Escobar firmó tres contratos como coordinador del programa “Calzando los niños de Honduras” a los propietarios y contratistas a Alex Salomón Romero Fong y Dauryl Daniel Guerrero para la elaboración de calzado.
También indicaron que el imputado junto a Perla Waleska Cáceres, ambos fueron socios iniciales de la inmobiliario Monserrat hasta 2014, tuvieron irregularidades en sus estados de cuenta, según una nota de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Tanto Saúl Escobar como Perla Waleska Cáceres en sus estados de cuenta desde 2008 hasta 2014 fue de cero.
Mientras que en 2017, el estado de cuenta de Saúl Escobar según la nota fue cinco mil 910 lempiras mientras que Perla Waleska fue de mil 310 lempiras con 40 centavos.
Por su parte, el impuesto de volumen de ventas la inmobiliaria Monserrat del 20013 al 2018 fue de cero.
El juicio seguirá a las 9:00 de la mañana este jueves 28 de marzo con la evacuación de prueba documental incidental del Ministerio Público.
