Tegucigalpa – El director de fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, confirmó la existencia de un informe sobre presuntas responsabilidades penales de los propietarios de minas ubicadas en San Juan Arriba en El Corpus, Choluteca.
 

En comunicación con Proceso Digital, Argueta aceptó que se elaboró un informe a raíz de las muertes de mineros ocurridas el año anterior en esa zona sureña del país.

“Se ha estado trabajando en el tema. En julio del año pasado hubo dos o tres muertos en esa zona y se acordó abordar el tema de manera interinstitucional, por eso conformamos una comisión integrada por el Ministerio Público, Copeco, Ingeomin y el Ministerio del Trabajo”, recordó el funcionario.

Continuó que “a raíz de eso se emitió un informe y una de las conclusiones fue que la extracción del oro estaba siendo realizada de manera ilegal, ya que no había ninguna concesión, ningún permiso de explotación del predio, entonces como Ministerio Público estábamos esperando en estos días el informe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal que es lo que nos va a permitir concluir en la presentación de acciones judiciales que podrían ser por delitos contra la vida ingresando al tema de culpa o negligencia”.

Argueta anunció que en el lugar donde quedaron atrapados once mineros en las últimas horas, se encuentra desplegado personal de la Fiscalía hondureña. “En el sur del país el tema ambiental es frecuente, por lo que la Fiscalía del Ambiente de Choluteca realiza las investigaciones correspondientes”.

Dijo que trabajan para identificar a los responsables de administrar la mina de San Juan Arriba, “en primera instancia es entablar la acción contra los dueños del terreno, porque si una persona natural o jurídica tiene escritura o documentos públicos sobre un terreno, el Estado siempre conserva el subsuelo y las demás capas. Lo que se explota ahí en el caso del oro es el subsuelo, por lo que la persona puede tener muchos documentos públicos, pero no son los dueños del subsuelo”, argumentó.

Puntualizó que si los supuestos dueños de las minas realizan la explotación del suelo sin ninguna autorización “están incurriendo en delito de usurpación”.