San José – El expresidente y nobel de la Paz Óscar Arias, una de las figuras políticas más importantes de Costa Rica, fue acusado hoy por la Fiscalía por la firma en 2008 de decretos supuestamente irregulares a favor de un fallido proyecto de minería de oro a cielo abierto.
Arias, quien gobernó Costa Rica en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), enfrenta cargos por prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos), delito que estipula penas de cárcel de entre dos y seis años.
La fiscal general, Emilia Navas, confirmó que firmó la acusación el martes y que hoy la trasladó a la Procuraduría General de la República para que ese ente decida si participa como querellante y presenta una acción civil para resarcir al Estado.
La Procuraduría tendrá 13 días para tomar una decisión y vencido ese plazo la Fiscalía presentará la acusación formal ante al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, en San José.
El caso se remonta al año 2008, cuando Arias, durante su segundo mandato, y su entonces ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, firmaron decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la zona norte del país.
Los decretos habrían facilitado y agilizado una serie de permisos y trámites, principalmente ambientales y de uso de suelo, a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, que fueron denunciados por grupos ambientalistas.
El proyecto nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues fue anulado por instancias judiciales en 2010 por irregularidades en el proceso de concesión y daños ambientales como tala de bosque y remoción de tierras.
La empresa minera esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.
Este caso fue reabierto el 2 de noviembre de 2017 por la fiscal general, Emilia Navas, quien siete días después llamó a declarar al expresidente Arias como parte de la etapa de investigación.
El nobel de la Paz defendió hoy su inocencia y expresó a los periodistas su confianza en los jueces del país, a los que calificó de «honorables e imparciales».
«Cualquier presidente de este país y de cualquier país del mundo les va a poder decir lo mismo: uno tiene plena confianza en los técnicos de los ministerios y en los departamentos legales, que son los que redactan un decreto», declaró.
El abogado de Arias, Rodolfo Brenes, declaró que la hipótesis de la Fiscalía será «destrozada en el juicio» y que existe «plena confianza en que don Óscar no cometió ningún delito de prevaricato».
«La Fiscalía ha presentado una acusación de manera precipitada, carente de todo fundamento probatorio y que no respeta elementales reglas penales de la responsabilidad personal. Es una tesis que parte del desconocimiento profundo del rol constitucional de un presidente», expresó.
La fiscal Navas comenzó sus funciones en octubre de 2017 con la promesa de revisar una serie de casos polémicos que no avanzaron durante la gestión del anterior fiscal, Jorge Chavarría, quien fue suspendido del cargo por irregularidades y que en diciembre pasado se jubiló.
El caso de prevaricato que fue llevado adelante por Chavarría no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fue su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles.
En 2015 un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel al exministro Dobles, pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación que ordenó un nuevo juicio.
En este nuevo juicio, el Tribunal Penal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la nueva fiscal general debía determinar si imputaba a Óscar Arias, lo cual ha hecho.
Arias, ganador del Nobel de la Paz 1987 por sus esfuerzos en la construcción de los acuerdos de paz de Centroamérica en la década de 1980, es una de las figuras políticas más importantes de Costa Rica y de la región.
Tras ser dos veces presidente, Arias, de 77 años, estuvo meditando lanzar su candidatura para las elecciones de febrero pasado, pero finalmente decidió no presentarse y darle espacio a las nuevas generaciones
Durante su segundo mandato también actuó como mediador en la crisis política en Honduras derivada del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009, pero no tuvo éxito en la búsqueda de una salida negociada.
Arias es el tercer expresidente que enfrenta una acusación penal en Costa Rica junto a Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quienes fueron acusados por desvío de fondos públicos.
Tras largos procesos judiciales que comenzaron en 2004 y tras numerosas apelaciones a condenas emitidas por tribunales, Rodríguez fue absuelto en 2014 y a Calderón se le redujo el castigo a tres años en libertad condicional en 2011.
