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Fiscal de Nueva York cierra 3 empresas que engañaron a inmigrantes haitianos

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Nueva York – El Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció hoy el cierre de tres empresas que prestaron servicios de inmigración con la falsa promesa de conseguir el estatus migratorio legal a haitianos víctimas del terremoto ocurrido hace un año.
 

Schneiderman informó del cierre de esas firmas porque ofrecieron «ilegalmente servicios fraudulentos de inmigración, engañando a haitianos afectados por el devastador terremoto de enero de 2010».

Las entidades defraudaron a las víctimas por miles de dólares al ofrecer unos servicios de inmigración para los que no estaban autorizados, además de que «tergiversaron una nueva ley que concede Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los haitianos calificados».

«Estos estafadores se aprovechaban de las familias vulnerables que sufrieron las consecuencias del devastador terremoto de Haití», dijo el fiscal general de Nueva York.

Puntualizó que esas organizaciones «ya están sufriendo las consecuencias por sus acciones fraudulentas y su descarado atropello a las personas que supuestamente deberían ayudar» y con las que «hicieron dinero rápido».

Schneiderman subrayó que eran «empresas e individuos, que no son abogados o acreditados por el gobierno federal, que atrajeron a inmigrantes haitianos con la falsa promesa de ayudarles a obtener un estatuto legal de inmigración», a cambio de cientos de dólares.

La decisión de la fiscalía afecta a la Librería Rincher (también conocidos como Rincher Asociados y Librería o Rincher Multi Servicios), así como al Grupo Empresarial Haitiano-Estadounidense (también conocido como Delrin Asociados) y la compañía Profimax.

Igualmente están incluidos sus propietarios Deslande Seixas-Rincher, Sharlene Seixas Rincher y Fred Pinard, que tras la decisión de la fiscalía neoyorquina están obligados a cerrar sus negocios.

A todos ellos se les ha prohibido de forma permanente operar negocios que presten servicios relacionados con la inmigración, además se les impuso una multa colectiva de más de 25.000 dólares por esas prácticas ilegales.

La fiscalía obliga también a esas firmas a notificar por escrito a todos sus clientes antiguos y actuales que ya no ofrecen servicios relacionados con inmigración, así como a devolverles sus expedientes y retener todos los registros con respecto a quejas.

El año pasado, el Gobierno estadounidense concedió Estatus de Protección Temporal (TPS) a haitianos indocumentados que estaban en EE.UU. antes del terremoto que asoló a la nación caribeña el 12 de enero de 2010 y que dejó unos 300.000 muertos, un número similar de heridos y 1,5 millones de damnificados.
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