Guatemala.- La Constitución Política de Guatemala no establece fechas precisas para el cargo de fiscal general y solo señala que debe de estar cuatro años, aseguró hoy la jefa del Ministerio Público (MP), Claudia Paz, al defender su permanencia en el puesto hasta diciembre próximo.
Durante una concurrida audiencia celebrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), Paz sostuvo que «jurídicamente» fue «nombrada para un periodo completo de cuatro años y no para concluir un mandato».
«No existe ninguna norma constitucionalidad que establezca fechas precisas», enfatizó Paz, al explicar a los cinco magistrados de la CC que fue electa de una nómina de seis candidatos y juró en el cargo el 10 de diciembre de 2010.
Paz manifestó que al recortar su periodo a 3 años y 5 meses, «se atenta contra la autonomía institucional de justicia y del Ministerio Público».
La fiscal puso en duda la legitimidad del abogado independiente Ricardo Sagastume, quien fue el que solicitó a la CC ordenar al Congreso que convocara a la Comisión de Postulación para que elija a los seis candidatos de donde el jefe de Estado, Otto Pérez Molina, debe nombrar al nuevo jefe del MP.
Explicó que Sagastume hizo la petición basado en disposiciones transitorias de la Carta Magna que ya no tienen ningún efecto y que por lo tanto «es improcedente» el fallo provisional de la Corte.
«Al cercenar el periodo se pone en juego la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho», advirtió.
Mientras, el abogado Edgar Pérez, que actuó como tercero interesado en el caso, pidió a la CC revocar el amparo provisional y que se ordene al Congreso dejar sin efecto el acuerdo con el que convocaron, el pasado 10 de mayo, a la Comisión de Postulación.
Pérez fue claro en señalar que la Constitución establece que el periodo de gestión del jefe del MP es de cuatro años a partir de jurar y asumir el cargo.
Al coincidir con la actual fiscal en que la Carta Magna no señala fechas específicas, el jurista afirmó que Paz «se sometió al escrutinio de la Comisión de Postulación, fue electa por el presidente y el 10 de diciembre de 2010 tomó posesión».
«Es improcedente la acción de amparo (presentada por Sagastume) porque se planteó en base a artículos transitorios de la Constitución», recalcó el abogado del no gubernamental Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh).
Sagastume, por su lado, ratificó su petición en el sentido de que Paz debe dejar el cargo el 17 de mayo próximo porque sería «ilegal» que siga en el puesto después de esa fecha.
El jurista dijo que no cuestiona los cuatro años del periodo de gestión del jefe del MP, sino que, en su opinión, Paz fue electa luego de que la CC anuló en junio de 2010 un proceso en el que había sido nombrado en el cargo Conrado Reyes.
Luego de escuchar a las partes, los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad deberán decidir si confirman el fallo en favor de Sagastume o revocan la resolución provisional que emitieron el pasado 5 de febrero.
A las afueras de la CC acudieron decenas de activistas humanitarios, feministas e indígenas en respaldo a la actual fiscal general.
Mientras, la Comisión de Postulación que preside el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Arturo Sierra, anunció hace dos días que el próximo 2 de mayo entregará a Pérez Molina la nómina de los seis candidatos.
Los aspirantes tendrán que llenar una serie de requisitos legales y personales, entre ellos méritos académicos, capacidad profesional, honorabilidad, honradez y no haber asesorado a personas vinculadas al crimen organizado.
«No existe ninguna norma constitucionalidad que establezca fechas precisas», enfatizó Paz, al explicar a los cinco magistrados de la CC que fue electa de una nómina de seis candidatos y juró en el cargo el 10 de diciembre de 2010.
Paz manifestó que al recortar su periodo a 3 años y 5 meses, «se atenta contra la autonomía institucional de justicia y del Ministerio Público».
La fiscal puso en duda la legitimidad del abogado independiente Ricardo Sagastume, quien fue el que solicitó a la CC ordenar al Congreso que convocara a la Comisión de Postulación para que elija a los seis candidatos de donde el jefe de Estado, Otto Pérez Molina, debe nombrar al nuevo jefe del MP.
Explicó que Sagastume hizo la petición basado en disposiciones transitorias de la Carta Magna que ya no tienen ningún efecto y que por lo tanto «es improcedente» el fallo provisional de la Corte.
«Al cercenar el periodo se pone en juego la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho», advirtió.
Mientras, el abogado Edgar Pérez, que actuó como tercero interesado en el caso, pidió a la CC revocar el amparo provisional y que se ordene al Congreso dejar sin efecto el acuerdo con el que convocaron, el pasado 10 de mayo, a la Comisión de Postulación.
Pérez fue claro en señalar que la Constitución establece que el periodo de gestión del jefe del MP es de cuatro años a partir de jurar y asumir el cargo.
Al coincidir con la actual fiscal en que la Carta Magna no señala fechas específicas, el jurista afirmó que Paz «se sometió al escrutinio de la Comisión de Postulación, fue electa por el presidente y el 10 de diciembre de 2010 tomó posesión».
«Es improcedente la acción de amparo (presentada por Sagastume) porque se planteó en base a artículos transitorios de la Constitución», recalcó el abogado del no gubernamental Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh).
Sagastume, por su lado, ratificó su petición en el sentido de que Paz debe dejar el cargo el 17 de mayo próximo porque sería «ilegal» que siga en el puesto después de esa fecha.
El jurista dijo que no cuestiona los cuatro años del periodo de gestión del jefe del MP, sino que, en su opinión, Paz fue electa luego de que la CC anuló en junio de 2010 un proceso en el que había sido nombrado en el cargo Conrado Reyes.
Luego de escuchar a las partes, los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad deberán decidir si confirman el fallo en favor de Sagastume o revocan la resolución provisional que emitieron el pasado 5 de febrero.
A las afueras de la CC acudieron decenas de activistas humanitarios, feministas e indígenas en respaldo a la actual fiscal general.
Mientras, la Comisión de Postulación que preside el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Arturo Sierra, anunció hace dos días que el próximo 2 de mayo entregará a Pérez Molina la nómina de los seis candidatos.
Los aspirantes tendrán que llenar una serie de requisitos legales y personales, entre ellos méritos académicos, capacidad profesional, honorabilidad, honradez y no haber asesorado a personas vinculadas al crimen organizado.
