Tegucigalpa – La violencia contra las mujeres continúa en niveles alarmantes en Honduras, donde los feminicidios siguen siendo una de las principales preocupaciones de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos. En lo que va del año las cifras trágicas dan cuenta de más de 70 muertes violentas de féminas, con un promedio de un asesinato cada 37 horas.
– Las cifras reflejan que el problema persiste sin una respuesta estatal contundente, cuestionan las organizaciones defensoras de las mujeres.
– Cuando el 95 % de los casos de violencia contra la mujer quedan sin castigo, el mensaje que el Estado envía es permisivo. Un Estado que no castiga obliga a las mujeres a vivir desprotegidas, a enfrentar solas el miedo y la inseguridad, mientras sus agresores permanecen libres.
– En 2013 –año pico- fueron más de 600 muertes violentas las que ocurrieron en el país.
La ola de feminicidios es una historia que se reedita año con año en Honduras. En 2022 se registró la muerte violenta de 297 mujeres, 386 en 2023, 231 en 2024 y 262 en 2025.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reiteradamente pide a las autoridades hondureñas a tomar las medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres que, del 2002 a febrero del 2026, registró alrededor de 8,500 muertes violentas, cuyos crímenes están impunes en más del 95 % de los casos.
La coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa Martínez lamentó que la muerte de mujeres se da especialmente bajo escenarios dantescos o en sus propias viviendas que se han convertido en espacios inseguros.
“Muchas veces ya estaban muertas y les siguieron disparando, eso se llama misoginia, es odio contra las mujeres. También, aparecen tiradas en escenarios de violencia sexual, es decir que previo a darles muertes las abusaron sexualmente”, manifestó.
Martínez clamó para que se declare una emergencia por feminicidios. Honduras ostenta el primer lugar en América Latina y el quinto en el planeta en muertes violentas de mujeres.
“Demandamos la Ley Integral contra Violencia hacia las Mujeres y al nuevo fiscal le pedimos un informe situacional sobre los feminicidios en Honduras”, resumió.
Las activistas señalan que estos asesinatos no son hechos aislados, sino parte de una violencia estructural basada en desigualdades de género, donde muchas víctimas ya habían denunciado agresiones previas sin recibir protección efectiva de las autoridades competentes.
Uno de los principales reclamos que surgen de las organizaciones feministas es la falta de voluntad política traducida en Presupuesto General de la República. Las feministas denuncian que, aunque existen muchas leyes y políticas públicas, estas no cuentan con los recursos necesarios para su implementación real.
En ese sentido, exigen al Estado hondureño la asignación de un presupuesto específico y suficiente para prevenir los feminicidios, atender a las víctimas y fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos delitos.
Las defensoras destacan la necesidad de invertir en refugios para mujeres en riesgo, programas de prevención comunitaria y atención psicológica y legal para sobrevivientes de violencia. Sin estos recursos, aseguran, la respuesta institucional seguirá siendo limitada y los crímenes irán en alza.
Asimismo, enfatizan que el Ministerio Público y los entes de investigación requieren mayor financiamiento para mejorar la capacidad de respuesta, reducir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Este lunes, la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional se reunió con organizaciones que trabajan en temas relacionados con la mujer, para reafirmar su apoyo a la participación de género en distintos sectores sociales.
Diputadas y representantes de las organizaciones dialogaron también sobre mantener las disposiciones generales del presupuesto municipal sensible al género destinado para desarrollo económico y social de las mujeres en los diferentes municipios de Honduras.
Se mencionó que se debe dejar reglamentado el uso del incremento de 50 millones de lempiras a la Secretaría de la Mujer, destinado para financiamiento de casas refugio y campañas de prevención de violencia, para evitar que estos fondos sean usados en otras campañas sin beneficio.
Asimismo, se propuso que el 10 % del presupuesto de las secretarías de Estado se destine a estas organizaciones que trabajan en favor de las mujeres y un aumento al fondo de Crédito Solidario para la Mujer Rural (Credimujer), que promueve el desarrollo de actividades productivas y ayuda a las mujeres a salir de la pobreza permitiéndoles formar sus propias empresas.
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Comisión legislativa
El pasado 17 de febrero, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial de investigación orientada a fortalecer la prevención, investigación y erradicación de los feminicidios y muertes violentas de mujeres en el país.
La iniciativa fue presentada por la diputada Lissi Cano, quien explicó que la comisión estará integrada por diputadas de distintas bancadas y trabajará mediante mesas permanentes de diálogo con operadores de justicia, cuerpos policiales y organismos de protección de la mujer.
Según detalló la legisladora, la comisión tendrá un plazo inicial de 60 días para visitar y coordinar acciones con instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de conocer el estatus real de los casos de muertes violentas de mujeres, especialmente aquellos que permanecen en la impunidad.
A partir del informe que presenten las instituciones se elaborará una “radiografía real” de la situación, la cual servirá de base para construir nuevas iniciativas de ley encaminadas a reducir los feminicidios y disminuir los alarmantes índices de violencia contra las mujeres en Honduras.
[LEER] Alrededor de 8,500 muertes violentas de mujeres entre 2002 y 2026
Imparable ola de feminicidios
Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres cifran en 75 el número de feminicidios o muertes violentas de hondureñas en los tres meses y medios que lleva este año.
La defensora de derechos humanos, Honorina Rodríguez dijo que la cifra representa un aumento en comparación con las víctimas que perdieron la vida a la misma fecha del año pasado, sin poder tener una respuesta ante la ola de feminicidios y muertes violentas de mujeres.
“Los índices de impunidad son grandes, porque la demanda realmente supera a las capacidades de las instituciones y por eso pedimos que la institucionalidad completa, también atienda prevención que son todas esas formas de violencia en contra de las mujeres que terminan con la vida de ellas al final”, destacó.
Rodríguez lamentó que las estadísticas confirman que la institucionalidad en el país está en deuda con Honduras, porque las mujeres son el bastión principal de la familia. “Al final si se afecta a una mujer se está afectando a niñas, niños, y por ende tiene consecuencias en toda la sociedad”.
Alerta Morada
Nicole Ham, Oficial de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, señaló hace unos días que las muertes violentas, contra este sector vulnerable de la sociedad hondureña, constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales.
Ante ese panorama de violencia, la defensora de los derechos de la mujer dijo que es imperativo que el Estado hondureño garantice una investigación exhaustiva de cada caso, con el firme propósito de combatir la impunidad de estos crímenes.
Indicó que se debe priorizar la aprobación de la Ley de Alerta Morada y establecer un mecanismo de respuesta rápida que permita la localización y protección de mujeres en situación de riesgo inminente.
Se requiere que los órganos jurisdiccionales y de investigación criminal actúen con celeridad, asegurando que cada denuncia active una ruta crítica de justicia y no quede en el archivo institucional, señaló. JS
