Tegucigalpa – Se prevé que este febrero, el Secretario de Estado de los Estados Unidos deberá presentar al Congreso de ese país la lista de figuras de narcotraficantes, corruptos y financistas opacos de campañas electorales en los últimos dos años de los países del Triángulo Norte de Centro América.
– EEUU ha dado una vuelta más a la tuerca para combatir a los corruptos del Triángulo Norte.
La novedosa iniciativa incluida en la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una disposición que exige publicar una lista de corruptos y vinculados al narcotráfico de Guatemala, Honduras y El Salvador.
#EncuestaPD????¿De qué país del Triángulo Norte de CA habrá más señalados por EEUU en su lista de corruptos y violadores de DDHH?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 4 de febrero de 2019
Con el respaldo de ambas cámaras estadounidenses, la disposición fue impulsada por la representante Norma Torres y el senador Ben Cardin, ambos del partido Demócrata.
La senadora demócrata Norma Torres
Norma Torres, demócrata, de origen guatemalteco, es una legisladora que hace énfasis en los temas centroamericanos para adecentar esta región del cáncer de la corrupción y el narcotráfico.
Tras la aprobación de la denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional, el secretario de Estado deberá proporcionar al Congreso una lista de personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de campañas en los países del norte de Centroamérica, en los cuales la pobreza, la violencia y la profunda inequidad están ligadas al narcotráfico, crimen organizado y corrupción pública y privada.
En ese sentido, la congresista Torres ha enfatizado, en su momento, que “debemos estar dispuestos a mencionar nombres, y eso es lo que hace esta legislación. El secretario de Estado ahora tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres. Es hora de ponernos a trabajar».
Hay funcionarios del Triángulo Norte dentro de la Ley Magnitsky
En la región los casos de dinero improcedente mezclado en la política hace cada vez más ruido en los tres países, tanto en relación con quienes ostentan cargos públicos de elección como en los partidos de oposición.
Larga data
En ese aspecto, la data de financiamiento ilícito de las campañas en Guatemala arranca con las dudas en el ascenso al poder del expresidente Álvaro Colom en 2007, tal y como lo retrata en una serie especial de el sitio Insight Crime.
En tanto, la abundancia sobre lo que representó el mandato del expresidente Otto Pérez Molina, preso y afrontando juicios y su círculo de primer nivel en materia de corrupción resultó escalofriante.
Exmandatarios guatemaltecos Otto Pérez y Jimmy Morales implicados en corrupción
Mientras actualmente, el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, es acusado por presunto financiamiento electoral ilícito de su campaña presidencial en 2015. La solicitud de desafuero fue ingresada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y la Fiscalía General.
Y aunque la efectividad de ese recurso requiere la aprobación de la Suprema Corte de Justicia y del Parlamento, donde deberá contar con mayoría calificada (105 de los 158 diputados), la normativa estadounidense podría poner en evidencia la voluntad de combatir o no la corrupción.
El testimonio de Devis Leonel Rivera ha salpicado en la clase política hondureña
En tanto en Honduras el testimonio de un narcotraficante del cartel de los Cachiros reveló una lista de nombres de políticos, presuntamente, inmiscuidos en narcotráfico, en el mismo se salpicaron a miembros de los institutos políticos tradicionales (Partido Nacional y Liberal) así como del recién creado Libertad y Refundación (Libre), de tendencia izquierdista. Algunos de ellos, extraditados cumplen condena o afrontan juicios en los Estados Unidos tras presentarse voluntariamente.
Igualmente, en este país, el desentrañamiento de casos construidos por el Ministerio Público, a través de su Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción (MACCIH), ha puesto en evidencia a sectores políticos multipartidarios involucrados en casos para drenar fondos públicos o desviar los mismos, así como acciones para encubrir operaciones impropias. Otras fiscalías también han hecho lo propio. Entre los casos se destacan los denominados Pacto de Impunidad, Red de Diputados, Pandora y Arca Abierta.
Mientras que en El Salvador la corrupción ha puesto en relieve a tres expresidentes, uno de ellos fallecido en pleno proceso judicial, Francisco Flores (1999-2004), el expresidente Antonio Saca (2004-2009) quien se ha confesado culpable de corrupción y la misma impactó en la opinión pública por los niveles de esta y Mauricio Funes (2009-2014), quien huye de la justicia y se refugia en Nicaragua.
Otras acciones en el Triángulo Norte también desnudan a altos funcionarios, empresarios y financistas oscuros que podrían ser enlistados de acuerdo a la nueva disposición de Washington, que ha decidido apretar las tuercas para hacerle frente a los males de la región.
En este escenario discurre la lucha anticorrupción en Centroamérica donde políticos rondados por el fantasma de sus acciones esperan la presentación de la primera lista que el Secretario de Estado de los Estados Unidos enviará al Congreso, mientras la ciudadanía y operadores anticrimen quieren que la misma refleje la contundencia de una legitima lucha contra el delito.
Trump cuando firmó el Presupuesto de Defensa que podría incluir la Ley Magnitsky
La denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional, por medio del cual Washington hará uso de la misma para enlistas a los funcionarios corruptos, financiadores opacos de campañas electorales y los vinculados al narcotráfico es una legislación propia para una zona geográfica especial de Centroamérica y donde Estados Unidos tiene especial interés por su papel que juegan en el tráfico de drogas como puente, así como por la existencia de las pandillas MS-13 y Barrio 18, además que en los últimos meses ha sido generadora de caravanas de migrantes que parten con el fin de llegar a Estados Unidos.
Asimismo, esta ley que es diferente a la llamada Ley Magnitsky Sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, es de aplicación global y está enfocada en castigar a los violadores de los derechos ciudadanos y actos de corrupción en el mundo.
El presidenteDaniel Ortega ha sido acusado por EEUU de la crisis en Nicaragua
La misma ha sido aplicada en Centroamérica en Nicaragua, donde el gobierno de Estados Unidos hacastigado al círculo íntimo del mandatario Daniel Ortega, especialmente tras las protestas desatadas en abril de 2018 y que se saldaron con centenares de muertos, decenas de desaparecidos y centenares de encarcelados, además de una feroz represión a la prensa.
La Ley Magnitsky tiene severos castigos a sus implicados y usualmente se le considera una “muerte financiera” a quienes se les aplica, ya que Washington prohíbe a sus empresas y ciudadanos mantener contactos económicos y comerciales con los señalados.
Asimismo castiga con la pérdida de la visa de Estados Unidos y el acceso al sistema financiero norteamericano, de ahí su apelativo de “muerte financiera”.
La Ley Magnitsky permitiría cancelación de visas a funcionarios centroamericanos
En la legislación aprobada, de acuerdo a sus impulsores, se puede castigar a los identificados en la referida lista con denegar el acceso a Estados Unidos y otras sanciones similares a lo impuesto por la Ley Magnitsky.
«Los abusos contra los derechos humanos y la corrupción que se ha arraigado en Centroamérica tienen un impacto directo en la seguridad nacional de los Estados Unidos, y el gobierno de los EE.UU. debe usar todas las herramientas a su alcance para nombrar y avergonzar, y negar el acceso de los abusadores y funcionarios corruptos a los EE.UU. y a nuestras instituciones financieras», dijo en su momento el senador Cardin cuando la legislación fue sancionada por el presidente estadounidense Donald Trump en agosto del 2018.
El senador Benjamín Cardin
De manera que las personas designadas en la referida lista que debe publicarse este mes de febrero “podrían estar sujetas a la congelación de activos y la denegación de visas, en virtud de la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky, según la declaración conjunta del senador Cardin y la representante Torres.
