Lima – El empresario chileno Gerardo Sepúlveda aseguró que la firma Westfield Capital, propiedad del mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, no tuvo vinculación alguna con el Estado mientras gestionó un contrato con la brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007, según una entrevista publicada hoy en Lima.
Sepúlveda, exsocio de Kuczynski, explicó al diario El Comercio que, al gestionar el contrato de asesoría financiera con Odebrecht, «actuamos en un ambiente en el que la relación con el Estado no tiene ninguna influencia».
El jefe de Estado se enfrenta a un pedido de destitución del Congreso por supuestamente haber ocultado que Westfield Capital firmó un contrato de asesoría con Odebrecht mientras él era ministro de Economía y primer ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Sepúlveda agregó: «La concesión (sobre el trasvase del proyecto de irrigación Olmos) requería un financiamiento y yo lo estructuré con el Banco de Crédito».
«Que Kuczynski haya sido ministro no iba a cambiar la tasa de interés de los bonos ni cambiar la demanda. No tenía ninguna injerencia», afirmó.
El exsocio reiteró, tal como lo ha dicho el mandatario peruano, que él firmó el contrato y que cree que Kuczynski «efectivamente lo ha visto recién ahora».
«La práctica indica que no debo comunicarle ni consultarle», indicó el empresario.
Kuczynski admitió que cobró unos dividendos por el contrato con Odebrecht, pero insistió en que Sepúlveda nunca le dijo que estaba gestionando una asesoría financiera para esta empresa.
Sepúlveda, quien dijo conocer a Kuczynski desde hace 25 años, declaró que buscará asesoría legal si es notificado por la Fiscalía peruana para declarar sobre este caso.
«La verdad es que estas fueron transacciones originadas y gestionadas por mí sin participación alguna de entes del Estado. Estoy convencido de que la verdad debe prevalecer», remarcó.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de los millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse cuantiosas obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos de Alejandro Toledo, con orden de captura por presuntamente haber recibido presuntamente un soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.
