Exjefe de Cicig señala al Constitucional de Guatemala de minar a la Fiscalía

Guatemala – El exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, señaló este domingo a la Corte de Constitucionalidad de minar la labor de investigación del Ministerio Público (Fiscalía) en la financiación electoral ilícita.

El excomisionado de la Cicig, cuyo período culminó el pasado 3 de septiembre tras 12 años de haber sido creada en el país centroamericano, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró en su cuenta de Twitter que el Constitucional realizó un «regalo de Navidad» a «políticos y empresarios».

Este «regalo» es una «disposición de prejudicialidad», con el fin de que el Ministerio Público, que cuenta con el monopolio de la acción penal en el país, «solo puede actuar previa investigación del Tribunal Supremo Electoral (TSE)», pronunció Velásquez.

En un fallo del pasado 26 de diciembre, el Constitucional aseguró que «a fin de preservar el debido proceso, la querella -en el delito de Financiamiento Electoral no registrado- requiere la base de informes o resultados de auditorías que en el ejercicio de sus funciones realice el TSE, máxima autoridad en materia electoral».

Velásquez, quien permaneció como comisionado de la Cicig entre 2013 y 2019 hasta el fin del mandato de la entidad internacional en Guatemala, aunque el último año le fue impedido el ingreso al país, advirtió que «todo el sistema de justicia, los jueces y los fiscales quedaron sometidos a la autoridad electoral».

El TSE «es la (entidad) que decidirá cuándo puede investigar la Fiscalía», lamentó el excomisionado.

Según Velásquez, pese a que Guatemala fue un país «pionero» en América Latina en la «tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito» por su cobertura en contra del dinero procedente del narcotráfico, lavado o cohecho, del aporte anónimo y de los contratistas, ahora los políticos y empresarios interesados en la financiación electoral a cambio de favores consiguieron victorias importantes, como una reforma al Código Penal y la presente disposición del tribunal Constitucional.

Estos empresarios y políticos señalados, quienes han aportado históricamente y de manera cuantiosa a las campañas electorales a cambio de contratos de obra pública y el «control del Estado y la economía» no habían conseguido «hasta ahora que se les concediera un criterio de oportunidad».

Además, recalcó que el presidente Jimmy Morales, señalado por la misma Cicig y el Ministerio Público de haber ocultado la financiación a su exitosa campaña electoral de 2015, «está próximo a perder su inmunidad», el 14 de enero, cuando deje de ser el mandatario del país y se encuentre sin fuero, a disposición de la ley.

Según el extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT, Hacienda) Juan Solórzano Foppa, la resolución del Constitucional «evidencia la gana de salvarle el pellejo a Sandra Torres y compañía», en alusión a la excandidata de la Unidad Nacional de la Esperanza que perdió en el balotaje en 2015 contra Morales y en 2019 en la misma estancia contra el presidente electo, Alejandro Giammattei.

La Cicig fue creada en 2007 por la ONU y el Gobierno de Guatemala y durante doce años destapó grandes casos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la caída del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

En ese tiempo, la Comisión fue dirigida por tres abogados internacionales: el español Carlos Castresana (2007-2010), el costarricense Francisco Dall’Anese (2010-2013) y el colombiano Iván Velásquez (2013-2019).

Durante ese periodo, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de alto impacto, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios y sindicaron a más de 1.500 personas.

Pero en agosto de 2018, el presidente Jimmy Morales, que junto a su familia fue señalado en casos de corrupción y respaldado en dos oportunidades por el Congreso, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta «injerencia en los asuntos internos».

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