Madrid- La Audiencia Nacional española confirmó hoy que el ex ministro de Gobernación de Guatemala Carlos Vielmann será juzgado en España por presuntamente ordenar el asesinato de diez presos en 2005 y 2006 en las cárceles guatemaltecas de la Granja Penal de Pavón y la de El Infiernito.
La Audiencia Nacional rechaza así en un auto el recurso presentado por Vielmann contra su procesamiento.
El tribunal considera que existen indicios de la participación del exministro, nacionalizado español en 2009, «en la cadena de hechos que determinaron el fallecimiento, en trágicas circunstancias, de los tres fugados de la cárcel conocida por El Infiernito y de los siete penados que aparecieron muertos» tras el asalto a la cárcel de Pavón
Si bien no se atribuye «la autoría directa de tales óbitos al procesado», añade el auto, «en las actuaciones aparecen ciertos datos que revelan que tales muertes no le son ajenas» debido a su condición de ministro de la Gobernación en el momento en que se produjeron los hechos.
El tribunal -compuesto por Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel- admite además que ese «relevante cargo no confiere por sí al procesado la responsabilidad criminal».
Pero añade que «su probable pertenencia a una red o estructura compuesta por personas entre las que ostentaba dotes de mando (…) conlleva que no pueda descartarse, en este momento procesal, la responsabilidad criminal del recurrente».
El procesamiento fue dictado en noviembre de 2013 por el juez de la Audiencia Nacional española Javier Gómez Bermúdez después de que en febrero de 2012 el mismo tribunal anulara su extradición a Guatemala, al desistir las autoridades guatemaltecas a su entrega, por lo que se acordó juzgarle en España en virtud de una querella que interpuso la Fiscalía por estos mismos hechos.
Gómez Bermúdez afirmaba en su auto de procesamiento que Vielmann cometió «ejecuciones extrajudiciales» de diez presos, tres fugados de los centros penitenciarios y otros siete asesinados en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, controlado íntegramente por un grupo de reclusos que formaban el autodenominado «Comité de Orden y Disciplina».
El procesado, según el juez, creó junto a otros altos mandos, «una estructura criminal parapolicial» que, a su vez, formó un «cuerpo clandestino de seguridad dentro del Ministerio de Gobernación para ejecutar extrajudicialmente, entre otros, a determinadas personas privadas de libertad».
Ese «cuerpo clandestino» se creó en respuesta a la fuga de 19 presos de la cárcel de máxima seguridad de El Infiernito y, para ello, Vielmann emitió una orden de servicio tipo misión, denominada Plan Gavilán, para la «búsqueda y recaptura de los reos fugados».
En 2006 Vielmann también elaboró un plan, denominado Pavo Real, para que las fuerzas del orden recuperaran el control de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, que regentaba íntegramente un grupo de reclusos que formaban el autodenominado «Comité de Orden y Disciplina».
Vielmann y sus subordinados acordaron que este plan tendría un «objetivo paralelo y oculto», que «era matar a los reos que dirigían de facto el penal», según el documento judicial.
El juez sostiene que con el objetivo de encubrir los hechos, estas fuerzas estatales colocaron a los ejecutados granadas y un fusil en las manos para simular que habían muerto enfrentándose con ellos.
Tras ser detenido por segunda vez el 16 de diciembre de 2010 -la primera fue el 13 de octubre de ese año-, Vielmann fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
El tribunal considera que existen indicios de la participación del exministro, nacionalizado español en 2009, «en la cadena de hechos que determinaron el fallecimiento, en trágicas circunstancias, de los tres fugados de la cárcel conocida por El Infiernito y de los siete penados que aparecieron muertos» tras el asalto a la cárcel de Pavón
Si bien no se atribuye «la autoría directa de tales óbitos al procesado», añade el auto, «en las actuaciones aparecen ciertos datos que revelan que tales muertes no le son ajenas» debido a su condición de ministro de la Gobernación en el momento en que se produjeron los hechos.
El tribunal -compuesto por Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel- admite además que ese «relevante cargo no confiere por sí al procesado la responsabilidad criminal».
Pero añade que «su probable pertenencia a una red o estructura compuesta por personas entre las que ostentaba dotes de mando (…) conlleva que no pueda descartarse, en este momento procesal, la responsabilidad criminal del recurrente».
El procesamiento fue dictado en noviembre de 2013 por el juez de la Audiencia Nacional española Javier Gómez Bermúdez después de que en febrero de 2012 el mismo tribunal anulara su extradición a Guatemala, al desistir las autoridades guatemaltecas a su entrega, por lo que se acordó juzgarle en España en virtud de una querella que interpuso la Fiscalía por estos mismos hechos.
Gómez Bermúdez afirmaba en su auto de procesamiento que Vielmann cometió «ejecuciones extrajudiciales» de diez presos, tres fugados de los centros penitenciarios y otros siete asesinados en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, controlado íntegramente por un grupo de reclusos que formaban el autodenominado «Comité de Orden y Disciplina».
El procesado, según el juez, creó junto a otros altos mandos, «una estructura criminal parapolicial» que, a su vez, formó un «cuerpo clandestino de seguridad dentro del Ministerio de Gobernación para ejecutar extrajudicialmente, entre otros, a determinadas personas privadas de libertad».
Ese «cuerpo clandestino» se creó en respuesta a la fuga de 19 presos de la cárcel de máxima seguridad de El Infiernito y, para ello, Vielmann emitió una orden de servicio tipo misión, denominada Plan Gavilán, para la «búsqueda y recaptura de los reos fugados».
En 2006 Vielmann también elaboró un plan, denominado Pavo Real, para que las fuerzas del orden recuperaran el control de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, que regentaba íntegramente un grupo de reclusos que formaban el autodenominado «Comité de Orden y Disciplina».
Vielmann y sus subordinados acordaron que este plan tendría un «objetivo paralelo y oculto», que «era matar a los reos que dirigían de facto el penal», según el documento judicial.
El juez sostiene que con el objetivo de encubrir los hechos, estas fuerzas estatales colocaron a los ejecutados granadas y un fusil en las manos para simular que habían muerto enfrentándose con ellos.
Tras ser detenido por segunda vez el 16 de diciembre de 2010 -la primera fue el 13 de octubre de ese año-, Vielmann fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
