Tegucigalpa – El suspendido magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán inició su comparecencia ante el pleno del Congreso Nacional luego de ser sometido a juicio político por sus actuaciones en las elecciones de 2025.
– “Soy un juez jurisdiccional, no soy inmune, pero deben de haber causales y un proceso con garantías”, reclamó el funcionarios suspendido.
– “Había un requerimientos fiscal para dos magistrados del TJE, pero al Fiscal General jamás se le ocurrió nunca librar una orden de captura, ni a la Corte Suprema”, confesó.
“Este es un juicio altamente politizado”, dijo el funcionario suspendido.
Comenzó su disertación afirmando: “Usted –en referencia a Tomás Zambrano– está ante un juez decente de una alta corte que debe estar en el pódium, usted es un indecente. Pero si no nos permiten el pódium de cualquier lugar hablaremos a la población, si la nueva narcodictadura nos quiere aquí, de aquí vamos a hablar”.
El titular de la Cámara lo llamó al orden y le solicitó que se centrara en los aspectos de la denuncia de juicio político, y le advirtió que cada vez que se saliera de los cánones del respeto se le inhabilitaría el sonido.
Morazán cuestionó que no quiso recusar a muchos diputados de la Cámara porque si se hubiera atrevido se iría medio Congreso e inmediatamente ordenarían su captura.
Criticó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cuestionado la ley de juicio político que se emplea en Honduras porque no vela por las garantías de los encausados.
Se quejó que durante el procedimiento de juicio político se han violentado sus derechos y refirió que este no es un procedimiento arbitrario
Dijo que el informe la comisión legislativa ya lo tenía listo desde anoche (miércoles) y lamentó que no se le haya sido entregado con 24 horas de anticipación.
Denunció que la seguridad le fue retirada aún siendo funcionario y pidió a sus familiares que no crean versiones en el caso que deriven en una presunta muerte porque ni piensa suicidarse, tampoco tirarse de un balcón y mucho menos espera ser alcanzado por un rayo.
El funcionario suspendido dijo que se consumará una ilegalidad con la destitución de su cargo porque ya tienen listos los 90 votos. Defendió que el TJE nunca retrasó el cronograma o algún expediente que conoció.
Justificó en sus cuestionadas actuaciones en sesiones de pleno del TJE, específicamente en el caso sobre la inscripción como diputado por Olancho de Jorge Cálix, que la ley lo prohíbe y que bajo esa premisa siempre se opuso.
Dijo reconocer a 127 diputados de la honorable Cámara Legislativa y no así a Jorge Cálix porque su inscripción se llevó bajo procedimientos no permitidos en la ley.
Tachó “de penosos” y de estar “apesarado” por varios enunciados contenidos en las conclusiones del informe presentado por la comisión especial con respecto a la sugerencia de destituirlo del cargo.
Intervino en ese momento el presidente Tomás Zambrano para contestar que él se sentía apesarado por los tratos degradantes que le dio a la extinta magistrada Mirian Barahona.
Aceptó que no acató las instrucciones de su colega el magistrado Mario Flores para conectarse vía ZOOM para evacuar puntos de agenda durante las sesiones. Alegó que fue hasta el 7 de enero de este 2026 que se autorizaron sesiones por plataformas tecnológicas porque anteriormente no estaba permitido.
Reveló que existió un requerimiento fiscal contra dos magistrados del TJE, pero ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ni el Fiscal General actuaron al respecto. Según Morazán, la entonces presidenta Rebeca Ráquel Obando que actuaba como juez natural los mandó a citar, pese a existir las pruebas contundentes en la acusación.
Reveló que el salario de un magistrado del TJE devenga un salario de 190 mil lempiras mensuales más gastos de representación y viáticos.
A esa alocución, el presidente Zambrano le contestó que no se explicaba cómo un funcionario con semejante salario se ausentaba de las sesiones presenciales o por ZOOM desconociendo sus atribuciones de alto cargo del Estado. Igualmente, le dijo que no comprendía como con la preparación que presume se prestó para ocupar un cargo derivado de una orden “de la ilegal” comisión permanente del Congreso que encabezó Luis Redondo y que lo nombró como fiscal adjunto. JS
