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Estados Unidos necesita terminar ya con el obstruccionismo legislativo

Amy Goodman

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han iniciado una gira por todo el país, denominada “La ayuda ya está aquí”, para promocionar el paquete de ayuda financiera por el coronavirus de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense hace dos semanas. Esta primera victoria legislativa del Gobierno de Biden podría llegar a ser la última. La minoría republicana en el Senado parece estar firmemente dispuesta a recurrir a la táctica del obstruccionismo para bloquear cualquier iniciativa de ley promovida por los demócratas. El obstruccionismo legislativo no es un derecho consagrado en la Constitución del país; podría modificarse o eliminarse mediante una votación por mayoría simple en el Senado. La necesidad de eliminar esta táctica de bloqueo de leyes nunca ha sido más urgente. El Partido Republicano está llevando a cabo un ataque sin precedentes contra la democracia en todo el país. Según el último recuento, los legisladores republicanos han presentado al menos 253 proyectos de ley destinados a restringir el derecho al voto en 43 estados del país; restricciones que afectan principalmente a los votantes de color. A su vez, existe también la certeza de que las legislaturas estatales controladas por los republicanos recurrirán, en forma extrema, a la manipulación partidista de la delimitación de los distritos electorales.

El obstruccionismo legislativo ha permitido durante mucho tiempo a los supremacistas blancos proteger y extender la esclavitud, la segregación, las leyes discriminatorias de la época de Jim Crow y todas sus manifestaciones modernas, desde la restricción del derecho al voto hasta el encarcelamiento masivo. Cuando se fundó el Congreso de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado solo se requería una mayoría simple para aprobar un proyecto de ley. En 1805, el vicepresidente Aaron Burr, mientras enfrentaba cargos de asesinato por provocar la muerte de Alexander Hamilton en un duelo, sugirió que el Senado eliminara la llamada “regla de la cuestión previa”, una forma de moción de orden que permitía solicitar la finalización inmediata del debate para pasar a la votación, ya que casi nunca se usaba. Esa pequeña modificación creó una laguna fatal en los procedimientos del Senado y permitió que el partido minoritario bloqueara el avance de cualquier iniciativa de ley extendiendo de forma interminable los debates a través de lo que más tarde se denominó el obstruccionismo legislativo.

En 1841, el senador del estado de Carolina del Sur John Calhoun, quizás el defensor más acérrimo de la esclavitud en la historia de Estados Unidos, se dio cuenta de que podía unirse a otros senadores esclavistas, que eran minoría en el Senado, para dilatar los procedimientos legislativos con largos discursos y otros obstáculos procedimentales. 

En conversación con Democracy Now!, el exasesor del Senado Adam Jentleson, autor del libro “Kill Switch: The Rise of the Modern Senate and the Crippling of American Democracy” (Botón de emergencia: El surgimiento del Senado moderno y la mutilación de la democracia estadounidense), expresó: “Durante los primeros 200 años de su existencia, el Senado era controlado por la mayoría. Aunque la estrategia del obstruccionismo comenzó a desarrollarse ya en la época de Calhoun, todo lo que los senadores podían hacer en ese entonces era retrasar la aprobación de un proyecto de ley. Alargaban los discursos en el hemiciclo de la cámara, pero finalmente tenían que rendirse”.

Eso cambió después de la Primera Guerra Mundial. Los senadores de los estados del sur se enfocaron en las leyes contra los linchamientos y a lo largo de los años lograron bloquear 200 intentos para designar formalmente el linchamiento como un delito federal. El senador de Kentucky Rand Paul bloqueó él solo la aprobación de la Ley Emmet Till contra los Linchamientos en junio de 2020, a pesar de que el proyecto de ley había sido aprobado en la Cámara de Representantes por 400 votos a favor y 4 en contra.

En el pasado, los miembros del Partido Demócrata por los Derechos de los Estados, más conocido como los “Dixiecrats”, encabezados por el senador de Carolina del Sur Strom Thurmond, también recurrieron a la táctica del obstruccionismo para impedir el avance de importantes leyes relacionadas con los derechos civiles. Thurmond ostenta el récord del discurso obstruccionista más largo de la historia de Estados Unidos: habló durante 24 horas y 18 minutos para retrasar la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1957. Antes de resultar aprobada, la Ley de Derechos Civiles de 1964 tuvo que superar 75 días de maniobras dilatorias.

La estrategia obstruccionista se ha utilizado cada vez más para bloquear no solo las leyes relacionadas con los derechos civiles, sino prácticamente todos los proyectos de ley de corte progresista. De la manera en que funciona actualmente, un senador ni siquiera necesita tomar la palabra o estar presente en el recinto para frenar un proyecto de ley; con solo hacer una llamada telefónica a una autoridad del recinto o alguien de su equipo de asesores y manifestar su objeción al proceso se activa la maniobra obstruccionista. Por lo tanto, un solo senador tiene el poder de aniquilar en secreto cualquier legislación, incluso un proyecto de ley con un apoyo público abrumador.

El bloque demócrata del Congreso espera poder aprobar una gran cantidad de proyectos de ley en los próximos meses: La Ley Para el Pueblo y la Ley John Lewis de Avance del Derecho al Voto, para proteger los derechos electorales; la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial; proyectos de ley para aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora; e importantes iniciativas de ley de infraestructura que incluirán elementos del llamado New Deal Ecológico para combatir el catastrófico cambio climático. Las congresistas demócratas Pramila Jayapal y Debbie Dingell acaban de presentar el Proyecto de Ley Medicare para Todos, una iniciativa de ley que en medio de la pandemia de la COVID-19 cuenta con un gran respaldo de la ciudadanía. 

Ninguno de estos proyectos de ley tiene posibilidades de avanzar si no se pone fin a las reglas que permiten las maniobras obstruccionistas en el Senado. Para ello se necesita que los 50 senadores demócratas voten a favor de modificar estas reglas y actualmente los demócratas conservadores Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kirsten Sinema, de Arizona, han anticipado que se opondrán al final absoluto del obstruccionismo. El presidente Biden ha apoyado públicamente la necesidad de retornar a la antigua práctica del “discurso obstruccionista”, es decir, que los senadores tengan que tomar la palabra y hablar sin interrupción en el Senado si quieren bloquear una votación sobre un proyecto de ley, en lugar de simplemente registrar su voluntad de objeción. El senador Manchin afirma que está abierto a apoyar esta posición de Biden y, presumiblemente, la senadora Sinema también lo estaría.

El senador del estado de Kentucky y líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, amenazó con que, si los demócratas toman medidas para eliminar el obstruccionismo, su partido podría recurrir a una estrategia de “tierra arrasada”.  McConnell, como hace 180 años lo hacía el archidefensor de la esclavitud John Calhoun, ejerce su poder con una crueldad casi sin precedentes en la historia del Senado de Estados Unidos. 

La estrategia del obstruccionismo legislativo ha sido una herramienta de los supremacistas blancos durante demasiado tiempo. Estamos ante una oportunidad única para acabar con ella. Para la creciente y diversa mayoría de estadounidenses, el obstruccionismo se ha convertido en un impedimento intolerable para el progreso, y debe terminar ya.

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