Tegucigalpa – El Estado de Honduras compareció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia temática sobre la situación de la independencia judicial, pero limitó su participación a la intervención de la embajadora adjunta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), María Marlene Villela, quien dio lectura a un documento elaborado de manera conjunta con la Procuraduría General de la República y otras instituciones del Estado.
– El Estado de Honduras lamenta que la Comisión convocará a una audiencia con sesgo político, citó el documento leído en la audiencia.
-El Estado ha mantenido una relación de respeto y cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y continuara siendo parte de estos organismos, señaló el procurador Dagoberto Aspra Iglesias.
Durante su exposición, Villela sostuvo que, tras analizar la solicitud presentada por las organizaciones peticionarias y la información pública disponible, Honduras concluyó que los planteamientos excedían la finalidad prevista para las audiencias de carácter general establecidas en el reglamento de la CIDH.
El Reglamento de la CIDH establece una clara diferenciación entre las modalidades de audiencias, resaltó la embajadora Villela de Talbott.
La diplomática explicó en conferencia de prensa virtual en la que participó Proceso Digital, que las observaciones y consultas formuladas por los comisionados y las organizaciones civiles serán trasladadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que posteriormente emitirá las respuestas correspondientes conforme a los procedimientos del Estado.
Por su parte, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, afirmó que Honduras mantiene su respeto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero justificó la decisión de presentar únicamente una posición general por razones estratégicas.
Según Aspra, el Estado optó por reservar argumentos y elementos de defensa que podrían ser utilizados en eventuales procesos internacionales promovidos por exfuncionarios separados de sus cargos mediante la figura del juicio político, con el fin de no debilitar una futura estrategia jurídica.
En el documento leído en la audiencia y en la conferencia, también se expuso que Honduras considera que la CIDH pudo actuar con sesgo político e instó al organismo a respetar sus competencias, absteniéndose de debatir casos individuales o intervenir, de forma directa o indirecta, en asuntos internos del Estado.
Entre las organizaciones solicitantes de la audiencia figuran Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
La audiencia, realizada el 5 de agosto de 2026 en Washington, tuvo como tema central la situación general de la independencia judicial en Honduras.
De igual forma de parte de la CIDH, al concluir la sesión, la representación del organismo señaló que si tienen las competencias y que existieron dos enfoques durante la comparecencia: uno centrado en el análisis de la independencia judicial, impulsado por la Comisión y las organizaciones civiles, y otro presentado por el Estado de Honduras, enfocado en cuestionar las facultades y el alcance de actuación del organismo interamericano, específicamente en el tema de juicio político aplicado a exfuncionarios del Ministerio Público y órganos electorales. LB
