Tegucigalpa (Especial Proceso Digital Lilian Bonilla) – El Congreso Nacional se dispone seguir el debate para aprobar en los próximos días, lo que sería según expertos uno de los cambios más profundos al modelo eléctrico hondureño desde la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica en 2014.
– Las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica propone transformar la ENEE en una empresa matriz con subsidiarias estatales.
– Reforma eléctrica busca mejorar la calidad del servicio y reducir el costo de la energía para los usuarios: principal objetivo según CREE.
– Crea un operador independiente del sistema eléctrico, fortalece la autonomía de la CREE y busca la reducción de pérdidas y el proyecto asegura que no contempla la privatización de la empresa estatal.
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La reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y un nuevo modelo para combatir pérdidas que en la actualidad superan los 16 mil millones de lempiras al año constituyen los pilares del proyecto de reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica que ya fue discutida y aprobada en su segundo debate y que estaría a las puertas de su aprobación definitiva.
El proyecto de ley de acuerdo con los parlamentarios integrantes de la Comisión de Energía plantea una reestructuración integral del sector con el objetivo de rescatar financieramente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reducir las pérdidas del sistema y modernizar la regulación del mercado eléctrico.
La propuesta parte de un diagnóstico contundente el mismo que se ha venido presentando durante los últimos años tanto por estudios de sociedad civil como los mismos del Gobierno incluso de organismos internacionales: la ENEE enfrenta pérdidas técnicas y no técnicas de energía oscilan entre el 30 y el 38 %, niveles que duplican e incluso triplican los estándares internacionales aceptables.
La mayor transformación: la escisión de la ENEE
Para muchos que se preguntan cuál es el gran debate del asunto, para entender mejor el alcance de la ley al examinar el proyecto, se puede dar cuenta que el eje central de la iniciativa consiste en transformar la ENEE en una empresa matriz que será propietaria de varias empresas subsidiarias encargadas por separado de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Aunque la medida representa una profunda reorganización administrativa y financiera, el proyecto insiste en que las nuevas empresas continuarán siendo propiedad del Estado. Incluso establece que las acciones de las subsidiarias no podrán venderse sin autorización expresa del Congreso Nacional, como una garantía para preservar el carácter público de la empresa eléctrica. (Esto está contemplado en…. el ARTÍCULO 2.- TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).
En el mismo artículo está establecido la protección de los bienes de la ENEE. “Los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables, de seguridad nacional y de interés social”, cita el inciso.
Se añade en otro inciso del artículo 2 “Todos los activos y acciones de las empresas subsidiarias traspasados por la ENEE y los que estas adquieran posteriormente a la entrada en vigencia de este decreto, son intransferibles e inalienables, y no podrán utilizarse como garantías de financiamiento”.
Asimismo, la reforma ordena que la transferencia de activos, contratos y personal hacia las nuevas subsidiarias se realice respetando los derechos laborales de los trabajadores.
Basados en este artículo algunos especialistas y congresistas descartan que con estas salvaguardas haya peligro de una privatización para la estatal eléctrica.
Blindaje que evita privatización
En relación con uno de los grandes debates que ha generado la reforma que ya pasó el segundo debate, miembros de la Comisión de Energía aclaran que el proyecto responde directamente a esa preocupación al señalar que durante el proceso de socialización se incorporó expresamente la preservación del carácter público de la empresa estatal.
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Consultado en el tema el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, aseguró a Proceso Digital que el proyecto de reforma del sector eléctrico incorpora mecanismos de protección para mantener el carácter estatal de la ENEE, fortalecer su gobernanza y evitar que un eventual fracaso del modelo de distribución derive en la venta de esa subsidiaria.
Aguilar explicó que la propuesta en discusión establece salvaguardas legales para impedir la privatización de los activos estratégicos del Estado y garantizar que bienes públicos, como las represas hidroeléctricas, permanezcan protegidos frente a posibles embargos o reclamaciones de terceros.
El dirigente sindical señaló que la reforma fortalece la estructura institucional de la ENEE mediante la creación de una empresa matriz con un gerente general, una junta directiva y un esquema de supervisión sobre las subsidiarias de generación, transmisión y distribución, con el propósito de mejorar la gobernanza del sector eléctrico.
Asimismo, indicó que el proyecto define con mayor claridad el papel del Estado, de los operadores privados y las garantías laborales de los trabajadores, al tiempo que establece varios artículos que, según afirmó, protegen la propiedad pública de los activos estratégicos y descartan riesgos para la estabilidad laboral.
Aguilar subrayó que el plan de reducción de pérdidas no debe quedar incorporado de forma rígida dentro de la ley, sino que corresponde a la empresa de distribución diseñar e implementar el modelo más adecuado para disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas, apoyado en nuevas tecnologías y sistemas inteligentes de medición.
En cuanto a la transmisión, señaló que la reforma contempla el desarrollo de un plan de expansión de la red, mientras que el mayor desafío continúa siendo la distribución, área donde insistió en que no deben dejarse «atajos» legales.
Respecto a la etapa posterior a la aprobación de la normativa, Aguilar explicó que deberá iniciar un proceso de transformación del sector que incluirá una licitación de hasta 2,000 megavatios de potencia de generación, con participación de la empresa estatal y de nuevos proyectos de energía renovable, además de la ejecución del plan de expansión de la transmisión.
Reducir pérdidas y mejorar la eficiencia
En el proyecto también se identifica el combate a las pérdidas de energía como una de las principales prioridades de la reforma.
Para ello propone modernizar la red eléctrica, fortalecer los mecanismos de control del hurto de energía, reorganizar las operaciones de generación, transmisión y distribución y aplicar un modelo de gestión empresarial que permita conocer con mayor precisión los costos y resultados de cada unidad de negocio.
Miguel Aguilar, sostuvo que la modernización de la distribución requerirá la implementación de nuevas tecnologías, sistemas de medición inteligente y estrategias orientadas a reducir las pérdidas de energía y mejorar la calidad del servicio que recibe la población hondureña.
Tarifas más transparentes… beneficio para usuarios
Las reformas también modifican el esquema tarifario. Entre los cambios propuestos figura la obligación de que las facturas eléctricas desglosen claramente los costos de generación, transmisión, distribución y operación del sistema, con el propósito de ofrecer mayor transparencia a los usuarios.
Además, el proyecto establece que los subsidios deberán ser financiados por el Estado sin distorsionar las tarifas del sector eléctrico.
El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, afirmó que el principal objetivo de la reforma al sector eléctrico es garantizar un servicio de mayor calidad y lograr que el precio de la energía disminuya mediante un mercado más competitivo y una mejor institucionalidad.
Respecto al costo de la electricidad, Corrales sostuvo que el nuevo marco institucional permitirá realizar las licitaciones de compra de energía de forma oportuna, transparente y competitiva, lo que contribuirá a reducir los costos que actualmente terminan trasladándose a los consumidores.
El funcionario explicó a Proceso Digital que uno de los problemas que enfrenta el país es la contratación recurrente de energía de emergencia o de rápida instalación, una modalidad que resulta considerablemente más cara que los procesos de licitación competitiva.
«Mientras no tengamos licitaciones competitivas, el precio de la energía seguirá siendo alto. La reforma crea la institucionalidad necesaria para que esas compras se hagan a tiempo y de manera eficiente», enfatizó.
El presidente de la CREE aseguró que las reformas han sido diseñadas conforme a las mejores prácticas internacionales y cuentan con el respaldo de organismos multilaterales y de la asistencia técnica especializada que ha acompañado el proceso.
Añadió que Honduras no es el primer país que enfrenta problemas estructurales en su sistema eléctrico y consideró que la reforma representa una oportunidad para superar una crisis que durante años ha limitado el desarrollo económico y ha generado presión sobre las finanzas públicas.
Finalmente, Corrales hizo un llamado a los distintos sectores políticos en el Legislativo a respaldar la iniciativa, al considerar que el proyecto ha sido ampliamente discutido y que el país no puede seguir postergando decisiones para transformar el sector eléctrico.
Estas reformas tienen dos objetivos fundamentales: mejorar la calidad del servicio y reducir el precio de la energía. Lo que buscamos es que cuando los hondureños necesiten electricidad la tengan disponible y que, cuando la consuman, sea a un costo más accesible, concluyó.
Una CREE con mayor independencia
Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
La reforma le otorga mayor independencia funcional, financiera y presupuestaria, establece nuevas reglas para la selección y remoción de sus comisionados, obliga a publicar metodologías tarifarias y resoluciones y dispone que su personal técnico sea seleccionado mediante concursos públicos.
La intención, según el proyecto, es consolidar un regulador con mayor autonomía técnica y menor influencia política. Este extremo lo confirmó el comisionado presidente de la CREE, Héctor Corrales.
Nace un operador independiente del sistema
El proyecto también crea un Operador del Sistema y del Mercado (OSM) con personalidad jurídica propia e independiente de la administración pública.
Esta entidad será responsable de coordinar el despacho de energía, administrar el mercado mayorista, supervisar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional y planificar la expansión de la red, bajo criterios de eficiencia, transparencia y mínimo costo.
Renovables y almacenamiento de energía
La iniciativa incorpora disposiciones que reconocen formalmente los sistemas de almacenamiento de energía y fortalece el marco regulatorio para la generación distribuida y el autoconsumo.
También reconoce el derecho de los usuarios a instalar sistemas propios de generación con fuentes renovables, como paneles solares, y prevé mecanismos para remunerar los excedentes de energía que sean inyectados a la red.
Con estas reformas, los impulsores de la ley y distintos sectores entre estos sector privado, sociedad civil e incluso organismos internacionales, sostienen que Honduras busca construir un modelo eléctrico más eficiente, transparente y sostenible, capaz de reducir las pérdidas financieras, atraer nuevas inversiones y mejorar la calidad del servicio, porqué la estructura actual de la ENEE responde a un modelo diseñado hace varias décadas y que ya no responde a las necesidades del mercado eléctrico moderno. LB
