Tegucigalpa – El dirigente de la sociedad civil, Omar Edgardo Rivera Pacheco, dijo que la situación de las correccionales en donde se da tratamiento a la niñez y juventud en conflicto con la ley obliga a tomar medidas de emergencia para recuperar la gobernabilidad de los centros de internamiento.
“Ante el desastre que impera, se deben deducir responsabilidades a los funcionarios que han incumplido sus deberes», agregó Rivera.
Rivera se pronunció luego de la reyerta en el Centro de Menores «Renaciendo» en Támara, Francisco Morazán, que dejó como saldo cuatro jóvenes muertos y varios heridos.
«Ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, si no pueden con la tarea, que se busque en el extranjero personal competente que venga a ayudarnos; no es un asunto en donde el orgullo o la prepotencia debe prevalecer, aquí hay un problema y debemos buscar soluciones inmediatas y efectivas con gente que sepa y pueda», exteriorizó.
De la misma manera, manifestó que «la acción represiva en contra de la delincuencia juvenil debe ir aparejada al diseño e implementación de programas sociales de atención a la niñez y juventud en condición de vulnerabilidad».
En ese sentido cuestionó “la forma en que «ancestral e inveteradamente» se han venido administrando los centros de internamiento de menores en Honduras; «deben tomarse medidas extraordinarias, debe imponerse autoridad, mejorar las condiciones físicas de las instalaciones y elevar la calidad de atención» recomendó el dirigente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Recordó que en un informe, hecho público en años pasados por la sociedad civil, titulado «La situación de crisis de la niñez privada de libertad», se denunció la «inexistencia de modelos especializados de atención» a los adolescentes internos, «la ausencia de recurso humano calificado» y una «cobertura limitada de servicios» en los centros de internamiento.
En el documento se precisaba que las correccionales carecen de instalaciones adecuadas y seguras para el alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley, impera el hacinamiento y no hay provisión adecuada de alimentos.
«Así es difícil rehabilitar, así es casi imposible reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; hay que tomar cartas en el asunto», dijo Omar Rivera.
Asimismo, agregó que en su momento la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, recomendó la creación y funcionamiento óptimo de Módulos Especializados de Transición, que asegurarán no solo el cumplimiento de su sanción a menores en conflicto con la ley, sino también la consecución de los fines de reeducación y reinserción a la sociedad la separación de estos con los privados de libertad adultos que se encuentren en los Centros Penales Nacionales.
Finalmente recomendó fortalecer toda la institucionalidad que vela por el bienestar de la niñez incluyendo las etapas de prevención, protección, judicialización, ejecución, rehabilitación y reinserción desde la familia a la sociedad, con un énfasis especial en el fortalecimiento funcional y administrativo del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (INAMI) que en la actualidad es la institución que tiene bajo su responsabilidad la administración de los Centros Especializados.
