Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Lilian Bonilla) – La sostenibilidad y el crecimiento del sector productivo en Honduras atraviesan momentos críticos, pero no de hoy sino de décadas, marcado por una peligrosa combinación de factores estructurales y amenazas climáticas. Entre estas, el fenómeno de El Niño un detonante que podría profundizar la ya evidente decadencia de la producción nacional, particularmente en el agro.
– La inminente intensificación del fenómeno de El Niño expone debilidades y podría acelerar una crisis de gran escala con efectos económicos y sociales profundos.
Proceso Digital recogió opiniones de productores, economistas y representantes del sector empresarial y los consultados coinciden en que la economía real, es decir la que genera alimentos, empleo y exportaciones, se encuentra debilitada por años de baja inversión, limitada tecnificación, acceso restringido a financiamiento y políticas públicas inconsistentes.
A este escenario se suma el cambio climático, que ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad que no solo impacta las cosechas, sino que compromete la seguridad alimentaria y la estabilidad de miles de familias
Aunque parezca devastador, cada año se va viendo el colapso progresivo del sector productivo, lo que alguna vez fue el motor de la economía rural hoy se encuentra atrapado en una espiral de altos costos, endeudamiento, inseguridad jurídica y vulnerabilidad climática, lamentó el presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno), Juan Valladares.
Honduras arriesga su seguridad alimentaria
Mientras el Gobierno intenta reaccionar con un plan estratégico, productores, analistas y organismos internacionales coinciden en un diagnóstico inquietante sobre la decadencia del agro hondureño.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina Guillén, dijo que aún no es tiempo de decretar una emergencia, no obstante, aceptó que hay que preparar ayuda humanitaria particularmente para el sector del corredor seco al tiempo que anunció una hoja de ruta que busca contener el impacto de la sequía y garantizar la producción de alimentos.
Según explicó en declaraciones a la prensa la estrategia se apoya en tres pilares: intervención técnica, rehabilitación de riego y un seguro agrícola subsidiado.
El funcionario adicionó que en lo que respecta al plano técnico, la apuesta se centra en mejorar la precisión productiva, esto según dijo con semillas adaptadas a condiciones de baja lluvia, zonificación agrícola y recomendaciones directas, como evitar la siembra de maíz en el Corredor Seco. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, llegan en un contexto donde muchos productores ya operan al límite.
En infraestructura, el plan de rehabilitación de sistemas de riego en zonas como Sulaco, Comayagua y Cantarranas busca recuperar capacidades instaladas que durante años permanecieron abandonadas. Pero expertos advierten que se trata de soluciones parciales frente a un déficit histórico de inversión hídrica.
El componente más innovador y a la vez más debatido es el seguro agrícola, que cubriría el costo del crédito en caso de pérdidas, con un subsidio estatal del 80% de la prima. Aunque la iniciativa apunta a evitar el colapso financiero del productor, su implementación dependerá de la rapidez legislativa y la capacidad institucional.
En este último punto el analista agrícola Guillermo Cerritos sugirió a las autoridades de Copeco y a la SAG dar un salto cualitativo en la gestión de riesgos, pasando de la reacción logística a la prevención financiera.
En entrevista con Proceso Digital, Cerritos señaló que movilizar ayuda humanitaria a comunidades aisladas tras la pérdida de cosechas por sequía genera costos logísticos elevados que podrían evitarse. En su lugar, propone adoptar el modelo de países como México y Chile, donde las emergencias se gestionan mediante seguros agrícolas y catastróficos, permitiendo una respuesta más ágil y menos costosa para el Estado.
La propuesta central se basa en la implementación de seguros paramétricos satelitales, una herramienta tecnológica que elimina la necesidad de inspecciones físicas en el campo. Mediante el monitoreo vía satélite, se determina si en una aldea o caserío llovió menos (o más) de los parámetros esperados; si el umbral se cumple, se dispara automáticamente una indemnización.
Según el analista, esto garantiza que el productor reciba fondos inmediatos para asegurar su alimentación o reinvertir en insumos para el ciclo de postrera, sin esperar a que un técnico verifique los daños.
Finalmente, Cerritos enfatizó que Honduras, siendo uno de los países más vulnerables ante el cambio climático, sería pertinente que implemente estos esquemas.
El campo a la deriva, costos récord y deuda generalizada
Desde el sector productivo, la lectura del productor Juan Valladares es más cruda y en conversación con Proceso Digital describe un panorama alarmante para el caso se destacan situaciones como los costos de producción que han aumentado un 48% y un 95% de los productores comerciales endeudados.
Hoy, sembrar una manzana de maíz puede costar hasta 49 mil lempiras, impulsado por el encarecimiento global de fertilizantes y combustibles. La rentabilidad se ha desgastado al punto de desincentivar la siembra, lamentó.
El problema no es solo económico, sino estructural, ya que los productores arrastran deudas desde la sequía de 2019, enfrentan incertidumbre en los precios de venta y carecen de mecanismos efectivos de alivio financiero; la consecuencia es una creciente desmotivación que amenaza con colapsar el campo, zanjó el ingeniero Valladares.
Crisis sobre crisis
Si el sector agrícola ya está en crisis, ahora el miedo vuelve con el fenómeno de El Niño que viene a profundizar una crisis que lleva años gestándose. La falta de lluvias afecta directamente los cultivos, pero también impacta la toma de decisiones y muchos productores optan por no sembrar ante el alto riesgo de pérdidas, agregó Juan Valladares.
En los mismos términos se pronunció el presidente de la Asociación Hondureña de Agricultores, Pablo Pavón, “estamos en una situación difícil, adversa, tenemos años de estar luchando con el cambio climático y cada año se pone peor la situación, y no vemos que el Gobierno, que es responsable de mejorar las condiciones agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria, hace mucho (…), estamos sin brújula, pero seguimos con las botas puestas”.
A esto se suma una deuda histórica en infraestructura, la ausencia de sistemas de riego funcionales, atribuida a décadas de negligencia, que limita la capacidad de adaptación ante eventos climáticos extremos.
En paralelo, el acceso al crédito está prácticamente cerrado. La banca privada evita el agro por su alto riesgo, mientras que instituciones estatales enfrentan limitaciones financieras. Sin capital, la producción se paraliza.
Los productores además recalcaron que otro factor adverso es la inseguridad jurídica. Se estima que unas 66 mil manzanas están bajo invasión, generando un ambiente de incertidumbre que desalienta la inversión. Sin garantías sobre la tierra, el desarrollo productivo se vuelve inviable.
Dependencia creciente y riesgo alimentario
El deterioro del agro ha llevado a Honduras a depender cada vez más de las importaciones. Actualmente, el país compra más de 25 millones de quintales de maíz al año, una cifra que refleja la pérdida de autosuficiencia.
En el caso del frijol, la situación es igualmente preocupante. Organizaciones campesinas reportan una caída de un millón de quintales en la producción nacional en los últimos años.
El Gobierno ha intentado contener el impacto con precios de garantía como los 2,000 lempiras por quintal de frijol y acuerdos de abastecimiento. Sin embargo, la presión regional es fuerte porque países como Nicaragua y El Salvador también enfrentan crisis productivas.
Alertas internas y respuesta internacional
Autoridades de gestión de riesgos estiman que hasta 250 mil familias podrían verse afectadas por la sequía asociada a El Niño. Aunque el Gobierno mantiene una “alerta preventiva”, ya se preparan planes de ayuda humanitaria para el Corredor Seco.
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El Gobierno asegura que habrá una inversión de hasta 44 mil millones de lempiras para enfrentar la crisis y reactivar el sector. Sin embargo, las dudas persisten.
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha activado un plan de acción anticipatoria con una inversión de cuatro millones de dólares para proteger a 65 mil personas vulnerables.
La inflación también es casi un hecho y se prevé que podría alcanzar entre un 5% y 7% en los supuestos que sigan subiendo los combustibles y también que haya una caída en la actividad productiva, dijo a Proceso Digital el economista Wilfredo Díaz.
“Es importante mencionar que este año, se espera la afectación del fenómeno de El Niño, eso es sequía y puede afectar la actividad agrícola y tener un efecto mayor en la inflación, esa posibilidad tiene que estar en el mapa, porque afectará la parte de los alimentos”, indicó.
El enfoque debe ser actuar antes de que la crisis se convierta en emergencia, en contraste con la tradicional respuesta reactiva del Estado, coinciden los conocedores, al tiempo que recuerdan que el problema del agro hondureño no es nuevo ni exclusivamente climático. Es el resultado de años de falta de visión estratégica, débil institucionalidad y decisiones políticas que han postergado soluciones estructurales. El fenómeno de El Niño no creó la crisis, pero sí puede profundizar hasta niveles críticos. LB
