San Salvador – La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registra 1,931 denuncias de violaciones a derechos humanos en El Salvador durante el régimen de excepción implementado en el país desde finales de marzo pasado para combatir a las pandillas, según se informó este jueves.
Más de dos meses suma ya El Salvador bajo este régimen, aprobado por la Asamblea Legislativa por 30 días tras una la escalada de asesinatos registrada a finales de marzo y atribuida a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), y ampliado dos veces.
«A partir de información recopilada, hemos emitido informes que registran 1.931 denuncias recibidas durante los dos primeros periodos del régimen de excepción», señaló el titular de la PDDH, José Apolonio Tobar, en un vídeo difundido hoy por la entidad en sus redes sociales.
Indicó que de las 1.931 denuncias «1.114 corresponden solamente al segundo mes» de implementación de dicho estado y señaló que la PDDH está «obligada a verificar cada denuncia que recibimos, por lo que estamos investigando y documentando cada una de ellas de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Protección de Derechos Humanos que rige a la institución».
Tobar explicó que «todas las denuncias tienen calificaciones jurídicas preliminares que están sujetas a comprobación y será hasta que concluyamos las investigaciones respectivas que podremos afirmar si existe o no la violación denunciada».
Apuntó que entre el 26 de abril y el 25 de mayo de este año la Procuraduría realizó un total de 4.562 «acciones de protección» a derechos humanos, de las que 1.925 fueron orientaciones jurídicas, y que se ha brindado asistencia psicológica a 22 mujeres.
La semana pasada, cinco organizaciones sociales dieron a conocer que han recibido 1.123 denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, con lo que la cifra global supera las 3.000.
Con el estado de excepción se suspende a los salvadoreños el derecho de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que el régimen de excepción se vuelva la «norma» y que «termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho» en el país centroamericano, según dijo en una entrevista reciente con Efe su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas. JS
