Tegucigalpa (Proceso Digital / Isis Rubio) – El 2026 arrancó con un clima hostil para la prensa en Honduras. En menos de un mes, periodistas y medios de comunicación han denunciado amenazas a muerte, agresiones físicas, hostigamiento en redes sociales y ataques durante coberturas en la capital y el interior del país. Algunas denuncias han sido públicas; otras permanecen en reserva por temor a represalias.
Los periodistas Alex Cáceres y Cesia Mejía, del canal televisivo Hable Como Habla (HCH), denunciaron reiteradas amenazas a muerte vinculadas a su labor informativa.
Mejía reveló capturas de pantalla con mensajes intimidatorios, fotografías de armas de fuego y amenazas dirigidas incluso contra su madre. “Este solo es uno de tantos chats que me han llegado…”, expuso la comunicadora, evidenciando la gravedad del acoso.
Por su parte, Cáceres mostró en redes sociales mensajes y llamadas provenientes de distintos números telefónicos que, según denunció, contienen amenazas directas contra su vida.
Ataques durante coberturas
La violencia no se ha limitado al ámbito digital. La periodista Claudia Cáceres, de Radio Cadena Voces, denunció amenazas mientras cubría una protesta de colectivos del partido Libre frente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El 23 de enero también se registró un nuevo ataque contra comunicadores en Tegucigalpa, a pocas cuadras del Congreso Nacional, en una zona con seguridad reforzada por la instalación de la Junta Directiva en propiedad.
El incidente ocurrió en el barrio La Hoya, en las cercanías de la antigua Penitenciaría Nacional, y afectó a dos periodistas y un camarógrafo del canal Tele País. La agresión quedó registrada en video por el propio medio.
CPH condena los ataques
Ante la escalada de violencia, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó públicamente cada agresión contra la prensa y exhortó a cesar los ataques.
El presidente del gremio, Juan Carlos Sierra, reiteró que los comunicadores cumplen una función esencial en la democracia y volvió a pedir cese de la impunidad.
Sierra confesó que el titular de la Cámara Legislativa, Tomás Zambrano se comprometió a despenalizar los delitos contra el honor.
“Ambiente tenso y discurso de odio”
La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, advirtió que el país atraviesa un entorno complejo y peligroso para el ejercicio periodístico.
En declaraciones a Proceso Digital, sostuvo que durante la administración de la presidenta Xiomara Castro se instaló un discurso de confrontación contra la prensa crítica, lo que —según afirmó— permeó distintas instituciones del Estado.
Meza denunció que periodistas y defensores de derechos humanos han sido estigmatizados públicamente, y que la narrativa oficial ha contribuido a generar un clima en el que los comunicadores son vistos como “enemigos”.
También señaló que en redes sociales los ataques son constantes y, en muchos casos, con contenido misógino y denigrante, lo que obliga a periodistas —especialmente mujeres— a reforzar medidas de autoprotección.
Impunidad y falta de investigación
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión coinciden en que la impunidad agrava el problema. Según denunciaron, innumerables casos permanecen sin investigación efectiva, lo que envía un mensaje de permisividad.
La directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, alertó que las amenazas a muerte constituyen el escenario más delicado y recomendó mantener vigilancia ante cualquier indicio de riesgo.
C-Libre documentó desde mayo de 2025 hasta la fecha 49 agresiones con motivación política, cifra que representa cerca de la mitad de los ataques registrados contra la prensa en el último año.
Ponce advirtió que, en un contexto poselectoral marcado por la polarización y la tensión política, es urgente fortalecer los mecanismos de protección, los cuales —según afirmó— enfrentan limitaciones técnicas y de personal.
Interior del país y desplazamiento forzado
La situación también afecta a periodistas del interior del país, donde los mecanismos de protección no cuentan con presencia permanente. Radios comunitarias y comunicadores que investigan casos de corrupción figuran entre los más vulnerables.
Otro fenómeno en aumento es el desplazamiento forzado. De acuerdo con organizaciones del sector, varios periodistas han solicitado apoyo ante el temor de represalias en medio de la transición política.
En lo que va de enero, al menos seis agresiones han sido denunciadas públicamente, aunque se presume que la cifra real es mayor debido al silencio impuesto por el miedo.
Llamado a actuar
Organizaciones de prensa y derechos humanos coinciden en que el Estado debe actuar de manera inmediata para investigar los hechos, deducir responsabilidades y fortalecer los protocolos de protección.
En un país marcado por la polarización, advierten, la libertad de expresión y de prensa no solo es un derecho individual, sino un pilar fundamental de la democracia. (PD/ir)
