Tegucigalpa – Este martes se llevó a cabo una nueva jornada de audiencias públicas a los candidatos a magistrados a integrar la Nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un período de siete años.
– Las audiencias se desarrollaron en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y así continuarán hasta el próximo sábado 19 de diciembre.
Un total de ocho abogados se sometieron a este proceso que uno de los últimos filtros que se practican para lograr una nómina de 45 candidatos que serán presentados al Congreso Nacional.
Al día suman 64 los profesionales del derecho que se han sometido a las audiencias públicas de un total de 97 candidatos.
A diferencias de las anteriores jornadas, es día la Junta Nominadora basó sus preguntas en casos hipotéticos con el objetivo de conocer las virtudes de los aspirantes.
Nelson Omar Madrid Chinchilla
(Juez de letras en San Pedro Sula):
El primer letrado en comparecer este martes fue el abogado Nelson Chinchilla a quien se le presentaron varios casos en los que se requirió su criterio y valoraciones sobre los mismos.
Entre los temas que abundó destaca el actuar del Consejo de la Judicatura quien señaló como el ente encargado de la administración del Poder Judicial pero estimó que los ciudadanos tienen todo el derecho de presentar sus denuncias en contra de ellos si no les parece su ejercicio de poder.
Expuso que no se puede seguir actuando como se ha hecho hasta la fecha ya que los resultados serían los mismos.
Con base a lo anterior dijo que de llegar a ser magistrado impulsaría el cambio de esquemas del Poder Judicial con el objetivo de prevenir la mora de trabajo de ese poder y al mismo tiempo beneficiara a los ciudadanos que demandan justicia.
Nelson Danilo Mairena Franco
(Exviceministro de trabajo):
Aprovechando su experiencia en la rama laboral se le consultó sobre las decisiones tomadas por parte del Gobierno Central sobre los excedentes del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
Su respuesta fue contundente “el RAP es una institución de los trabajadores y la empresa privada, EL Estado debe participar como observador… quienes deben decidir sobre el RAP son los rectores del mismo”.
También abordó el tema de cierres de empresas por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Existen varios puntos de vista; desde la leyes, existen y hay que aplicarlas; macro, debe existir la seguridad para la inversión y; político, existe una soberbia administrativa que no reconoce que el país es de todos.
En cuanto a la carga laboral que enfrentan los jueces se limitó a decir debe existir una mayor capacitación para los mismos.
Antonio Martínez Dubón
(Ejercicio independiente):
Entre varios temas abordados destacó su propuesta de agilizar las demandas laborales pero en el cumplimiento de la ley.
Estimó que el Poder Judicial necesita dignificarse acercándose al pueblo.
Asimismo consideró que los que se requiere es una justicia expedita para recobrar la confianza en este poder del Estado.
En sus temas abordados destaca el de la reforma al artículo 239 que permitiría la opción de reelección presidencial en Honduras. De forma preciso externó que como funcionario no le quedaría más que respetar lo que dice la constitución de la República.
Karen Lizeth Martínez Ponce
(Fiscal especial del Ministerio Publico):
Entre otros temas su comparecencia se centró en las reformas que a su criterio deben realizarse a la ley de violencia doméstica.
En ese tema arguyó que las medidas deben ser proporcionales a los hechos así como dar un efectivo seguimiento a los casos de violencia.
Además habló desde su experiencia del trabajo de los acusadores privados con quienes dijo no tiene problema de trabajar de la mano en los casos asignados a su persona.
En ese contexto, sugirió que lo ideal es que el mismo fiscal lleve el caso desde el inicio hasta el final para que exista un mayor entendimiento entre ambas partes.
Víctor Manuel Martínez Silva
(Magistrado Sala de lo Laboral):
En cuanto a su aspiración de reelección en el cargo de magistrados argumentó que el tiempo es corte y que ha promovido varios proyectos que requieren más tiempo.
Entre varios temas, se le consultó su opinión sobre la destitución de magistrados en la CSJ.
“Realmente ninguna autor en derecho ha podido establecer las diferencias entre el derecho político y las demás ramas”, citó.
En ese sentido, criticó que fue una decisión “inminentemente política” pero que el caso aún no ha llegado a su final ya que lo conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Wilfredo Méndez Romero
(magistrado suplente):
Consultado por los miembros de la Junta Nominadora sobre las cualidades que deben tener los candidatos a magistrados señaló que debe existir preparación en Derechos Humanos ya que el fin supremo es el ser humano.
“Justicia tardía no es justicia”, agregó al tiempo que externó estará de acuerdo con indemnizar a las personas cuyos casos se han alargados por años inclusos décadas sin obtener una respuesta de parte del Poder Judicial.
Acotó que en el país se tiene una percepción que las leyes del litoral atlántico no son las mismas que se aplican del resto del país, “eso se debe a que no existen espacios de discusión como congresos jurídicos”.
Recordó que en el ejercicio de su profesión ha recibido amenazas muerte pero nunca han sido una causante que influya en un fallo.
Martha Delia Merino Conde
(Asistente de magistrada):
Aunque declaró que en la Corte de Apelaciones donde está asignada no existe mora judicial si recomendaría no hacer nombramientos de dedos y que se tome en cuenta la preparación para conformar un Consejo de la Judicatura más transparente.
Con miras a esa trasparencia, manifestó que a su criterio los jueces deben dictar sus resoluciones en una audiencia pública.
Reveló que en el pasado presentó una querella contra el periodista Arnulfo Aguilar pero que desconoce cómo terminó la misma.
No obstante, externó que nunca ha dictado una sentencia motivada por presiones externas, “he dictado sentencias apegada a la ley”.
Carlos Humberto Midence
(Coordinador regional de justicia en Intibucá):
Mencionó que el Código Militar Penal ha quedado obsoleto ya que nunca se han emitido reformas al mismo.
En ese tema estimó oportuno un nuevo instrumento jurídico para las Fuerzas Armadas y la Policía Militar.
En referencia a la mora judicial de ese poder del Estado precisó que apoyaría la especialización de los magistrados.
Pese a que aceptó que debe existir un cambio estructural en la nueva CSJ dijo el problema se radica en la parte económica, por lo que instó a las autoridades a asignar un mayor presupuesto a la CSJ para el próximo año.
