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En “jaque” los migrantes en tránsito por Honduras por aumento de multa en $40

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Tegucigalpa – Un aumento a la multa o sanción administrativa de 40 dólares (un mil 7 lempiras) que impone el Instituto Nacional de Migración (INM), pone en jaque, es decir en línea de riesgo a los migrantes de transito por Honduras, quienes ante la imposibilidad de pagar 236 dólares (5 mil 789 lempiras) quedan varados en el país centroamericano.

-Cada migrante que ingresa irregularmente a Honduras hoy representa una recaudación para el Estado por 5 mil 789 lempiras con 76 centavos.

– Cifras del INM establecen que, de enero a mayo del 2022, alrededor de 38 mil personas migrantes irregulares transitaron por territorio hondureño.

Un aumento de 40 dólares a los 196 que ya deben pagar se trata de un cobro desmedido, dijo a Proceso Digital la abogada Elsy Reyes, coordinadora de defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

“Hay suficientes razones para ver porque la sanción administrativa para las personas más vulnerables se convierte en medida desproporcional”, manifestó la funcionaria.

Ahora los extranjeros irregulares en territorio hondureño deben pagar una multa de 5 mil 789 lempiras con 76 centavos, un promedio de 236 dólares por persona adulta.

Al no poder pagar los migrantes irregulares son obligados a pasar más días e incrementar ese sufrimiento que han venido teniendo en una ruta migratoria donde las mujeres son violadas, los niños expuestos a trata y un sinfín de flagelos que persiguen a los migrantes en condición irregular, denuncian los defensores de derechos humanos.

Sin contexto para aplicar una sanción administrativa

De acuerdo a la entrevistada en este momento no existe contexto para aplicar una sanción administrativa ya que existe una crisis migratoria en la zona oriental del país, específicamente en el departamento de El Paraíso.

“En ese momento no es un contexto para la aplicación de una sanción administrativa, sabiendo la crisis, aglomeración y el incremento de personas migrantes que tenemos en la zona de Trojes y el Paraíso”, manifestó

Alertó que en corto plazo se pueden presentar problemas de salud en las personas migrantes que se encuentran en condición irregular en Honduras.

Además los pocos albergues se pueden colapsar en corto plazo, puntualizó.

“Incluso se debe considerar que estamos en pandemia, la pandemia por la COVID-19 no se ha ido y esto se suma a esta crisis migratoria”, zanjó.

El cobro adicional, no solamente va a afectar a los migrantes en condición de vulnerabilidad, sino a todas las personas del departamento. “Si hay un problema de salubridad va a repercutir en toda la población, aquí hay escenarios que no se están pensando por parte de las autoridades de Honduras”, cerró.

Amnistía aún sin sancionar

El pasado 10 de mayo, el Congreso Nacional aprobó un decreto de Amnistía Tributaria que beneficiará a miles de migrantes, entre ellos, mujeres, niños y adultos mayores procedentes de África, el Caribe, Centro y Suramérica, que transitan por el país, sin embargó, el mismo requiere de la sanción por parte del Poder Ejecutivo y su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para su entrada en vigencia, algo que a la fecha no sucede.

Así lo dijo a Proceso Digital Kenia Zerón, representante de la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos, quien alertó que cada día llegan más inmigrantes al departamento de El Paraíso y se incrementa el número de extranjeros varados por no poder pagar la sanción administrativa.

Lo anterior debe preocupar ya que los migrantes se comienzan a desesperar por tener que pasar varios días en un país en el que solo quieren transitar en su objetivo por llegar a México y Estados Unidos, reflexionó.

Desde su condición de representante de la sociedad civil exigió a las autoridades correspondientes realizar lo pertinente para publicar en La Gaceta dicho decreto y comenzar a beneficiar a los migrantes y con ello descongestionar los albergues y áreas públicas donde permanecen los migrantes.

Advirtió que en estos momentos los albergues se encuentran llenos y que los mismos han sido habilitados por la Sociedad Civil y por la Iglesia Católica.

Gobierno defiende no es un aumento

De su lado, el gobierno de Honduras ha evitado referirse al tema, pero a través del Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado en el que argumenta que no se trata de un aumento a la sanción administrativa.

“El reajuste a la sanción administrativa a los migrantes que ingresan por puntos no autorizados al país, corresponde a que la sanción está cuantificada en salarios mínimos, y no a una acción del Instituto Nacional de Migración”, justificó la dependencia estatal en un comunicado.

En ese orden, explicó que la Ley de Migración y Extranjería establece en sus artículos 100, 101, 102 y 103 que las sanciones migratorias se tasan conforme al salario mínimo.

“Al hacer un incremento al salario mínimo, automáticamente esto afecta de forma directa a las sanciones administrativas que manda la ley antes mencionadas”, subraya el comunicado del INM.

ONU en concordancia con gobierno hondureño

La Organización de Naciones Unidas (ONU) si ha hablado sobre el tema y ha mostrado una postura en concordancia al gobierno hondureño.

“Reconocemos que no es un aumento porque la multa migratoria se determina en las bases del salario mínimo”, manifestó la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford.

La represente de la ONU consideró que los migrantes irregulares en Honduras son considerados totalmente vulnerables.

Como organismo internacional -dijo- se ponen a disposición para trabajar un plan de contingencia en la frontera. (RO)

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