Embargos judiciales y deuda flotante mantienen en rojo finanzas hondureñas

Tegucigalpa – La administración de Nasry Asfura enfrenta una crisis económico múltiple, ya que recibió en rojo la tesorería, mientras se acumulan las demandas judiciales lo que impide que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones en el sector salud, con el pago de maestros y a los constructores, coincidieron los altos funcionarios estatales.

El presidente Nasry Asfura alertó este sábado en San pedro sula que el “Estado está en rojo; debemos L17 mil millones y hay que pagarlos”.

(LEER) – En últimos 10 días se han recibido embargos por un monto de L. 3 mil millones, revela ministro de Finanzas

Mientras el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hercules, señaló que solo en los primeros 10 días de la reciente administración han recibido embargos judiciales por 3 mil 300 millones de lempiras, con el agravante que las órdenes judiciales para el pago se hacen contra la Caja Única del tesoro, dejando sin recursos frescos a la administración para cumplir sus otras obligaciones.

Estas medidas han dejado casi en parálisis a la gestión de la nueva administración, ya que al ser debitados automáticamente los recursos que ingresan para cumplir los mandatos judiciales, el gobierno virtualmente se queda sin recursos para operar.

Ante esta emergencia financiera que enfrenta el gobierno, se debe sumar que la deuda flotante es de 24 mil millones de lempiras, sin incluir los más de 3 mil millones que se le adeudan a los constructores heredados de la administración de la exmandataria Xiomara Castro.

El presidente reveló este sábado que “estamos en números rojos; debemos 17 mil millones y hay que pagarlos”, al referirse a la situación financiera que enfrenta el país.

 El mandatario reconoció que la deuda representa un fuerte desafío para la administración pública y subrayó la necesidad de tomar decisiones responsables para garantizar la estabilidad económica.

Asfura enfatizó que su gobierno trabaja en la implementación de medidas orientadas a sanear las finanzas y cumplir con los compromisos adquiridos.

La nueva administración ha enfocado sus tareas en atender el sector salud, para lo cual se declaro emergencia y se aprobó un decreto que permita las compras expeditas de medicamentos y material sanitario. De hecho, el propio gobernante Asfura tomó el control de la Secretaría de Salud.

Igualmente, la administración envió para su aprobación al Congreso Nacional otro decreto de emergencia vial que permita el bacheo de miles de kilómetros de carreteras que estén listas antes de la temporada de Semana Santa y con ello las vacaciones de verano.

Deuda y embargos

De su lado el ministro de Finanzas alertó de una deuda flotante de 24 mil 100 millones de lempiras que se recibió de la pasada administración de Castro.

Lo anterior, debido a pago a proveedores, contratistas y deuda que se ha generado no solo del año pasado, sino también de años anteriores, explicó.

Otro de los problemas heredados es la deuda con el sector constructor, que asciende a unos 3 mil 400 millones de lempiras desde el año pasado.

El otro problema, de acuerdo a Hernández Hércules, son las demandas introducidas contra el Estado, mayormente de parte de trabajadores despedidos, y que según él afectan porque embargan la Caja Única y no a la Tesorería general. La primera permite que se debiten automáticamente los pagos y la segunda los compromisos se pagan de acuerdo a la programación de ingresos.

Por ello pidieron a la Corte Suprema de Justicia que los jueces cuando hagan las condenas al Estado por casos de empleados no pidan que se cumpla la condena desde la Caja Única, sino desde la Tesorería General como normalmente ocurría en el pasado.

El presidente Asfura aseguró que son miles las demandas contra el Estado y no es que no se quiera honrar con las deudas del Estado, pero hay que priorizar.

En ese sentido, dijo que se están tomando acciones para poder salir de las mismas y que no haya nuevas demandas por despidos.

“Sufrimos de muchas demandas injustas, porque no solo es el reintegro, hay que pagar sueldos caídos y reajustes salariales, todo esto genera un impacto fuerte para el Estado”, indicó. (PD).

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