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Elección del fiscal general, un desafío a la vista

Tegucigalpa –  Honduras afronta el reto de garantizar la transparencia en la elección del fiscal general y su adjunto, una figura de importancia vital en el combate del crimen y la corrupción en un país donde esas luchas han cobrado mayor notoriedad en los últimos años.

El actual fiscal Oscar Fernando Chinchilla no contempla postularse para un segundo periodo al frente de la Fiscalía, conoció Proceso Digital de fuentes confiables.

No muy lejos están las épocas en que un político de altos vuelos se ufanaba al decir “la Corte es mía” o un diputado indicaba que a “la Constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario”.

No son épocas muy lejanas porque hace unos meses otro parlamentario se cuestionaba y preguntaba a sus iguales, durante un debate acalorado en el pleno del Legislativo, – ¿Por qué solo la corrupción de este lado es mala y no la de ustedes?

El vocero de MACCIH, Juan Jiménez Mayor el fiscal Óscar Fernando Chinchilla.

Eso indica que elegir al fiscal general del Estado requiere un tacto especial: debe hacerse con pinzas para que el país no pierda el paso que en los últimos años viene marcando el titular del Ministerio Público, Oscar Fernando Chinchilla, a quien según denuncias de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), pudieran querer “cantarle las golondrinas” más temprano que tarde y realizar la elección anticipada de su relevo.

Aunque aún restan ocho meses de vigencia al actual período del mandato del fiscal Chinchilla y un poco menos de siete para dar inicio al proceso de buscar a su sucesor, este hecho ya es tema de discusión entre los diferentes sectores políticos y sociales del país. Proceso Digital conoció de una fuente confiable, cercana al actual fiscal general que éste ha descartado postularse para un segundo periodo al frente del Ministerio Público.

La palabra transparencia es la mayor demanda en este proceso por parte de diversos organismos de carácter nacional, así como de la misión anticorrupción de la OEA.

El fiscal general y su adjunto, serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes (86 votos) de la totalidad de sus 128 miembros, de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente, convocada y presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrada también por un magistrado de este poder del Estado y la representación de universidades,  Colegio de Abogados de Honduras, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Sociedad Civil.

Por ello la MACCIH adelantó este jueves el tema  en la agenda pública al considerar que el país vive momentos trascendentales luego que importantes casos de corrupción y de otro tipo han sido empujados por la actual Fiscalía, que se ha granjeado el reconocimiento de entes locales y de la cooperación internacional.

MACCIH demanda transparencia

El vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, demandó en las últimas horas transparencia en la elección de este alto funcionario que, incide directamente en la lucha anticorrupción que el país potencialmente afrontará en los próximos cinco años, período por el cual la ley establece deberá ejercer el ciudadano electo en este cargo.

Además, el enviado de la OEA alertó de rumores de acortar el mandato del actual Fiscal, una denuncia que hace unos meses ya había anticipado.

“El proceso de selección del fiscal creemos que ya inició, tenemos que tener claridad en eso, el mandato debe comenzar el 1 ó 2 de septiembre que fue cuando inició el doctor Óscar Chinchilla. Ratificamos que se respete el mandato de los cinco años, ya escuchamos rumores, comentarios de la posibilidad de acortar el mandato, de adelantar el proceso de selección de la Fiscalía”, arguyó el jefe de la MACCIH.

Para lograr la anhelada transparencia en este proceso el responsable de la MACCIH consideró que “por más que nombre el Congreso Nacional al Fiscal, lo que tiene que presidir como acción de la fiscalía es la atribución de independencia respecto al poder y la dependencia a la legalidad y constitución”, zanjó.

En ese sentido, instó a todos los hondureños a tomar partido en la elección de alto cargo y no dejarlo únicamente en manos de los “tomadores de decisiones”.

Junta de Proponentes sólida

Lester Ramirez ASJA criterio del representante de la Sociedad Civil, Lester Ramírez, quien dialogó con Proceso Digital, la Junta de Proponentes debe ser integrada con mayor apertura a otras organizaciones y ser más estrictos en el nombramiento de los representantes de estas.

Ramírez, es el jefe de investigaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), desde donde se generan aportes concretos en la lucha anticorrupción en Honduras.

Perfil del Fiscal

Independencia, carácter y voluntad deberían ser algunas de las principales características y cualidades del nuevo fiscal, según el primer fiscal de la República, Edmundo Orellana, quien bromeó que, si “sabe de leyes, es mejor”.

Estimó que el país necesita un Ministerio Público independiente y “la única forma” es luchando contra la impunidad.

“Es necesario que exista quien nos defienda, represente y nos proteja de los delincuentes y la única forma es luchando contra la impunidad, logrando que todo el que cometa un delito sea condenado”, ahondó.

Al respecto, refirió que actual fiscal Óscar Chinchilla “ha mandado mensajes de independencia”.

Subrayó que, “con el hecho del apoyo mostrado a la MACCIH ya es un mérito que reconocer a Chinchilla”.

Reiteró que sobre todo el fiscal debe ser una persona independiente de los sectores políticos del país.

Políticos quieren fiscales amigos y 
que no sean capaces ni honrados

Para el analista y exdiputado hondureño, Raúl Pineda Alvarado, los políticos quieren poner en el cargo de fiscal general a un amigo o allegado y que éste no sea capaz, ni mucho menos honrado.

Si Honduras no da muestras de lucha contra la corrupción, “irá quedando aislada del mundo y para el fiscal general juega un papel importante”, apuntó. 

Sugirió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dejar desprotegido al fiscal general por la naturaleza misma de sus acciones.

En ese sentido recomendó a los magistrados, emitir un dictamen, por mayoría calificada, para no dejar al fiscal indefenso frente a la clase política. “Por lo menos en dos casos: los diputados les han dicho a los fiscales, o le aplicamos el juicio político y no les ha quedado más opción que renunciar. De tal manera que una reforma legal desde la Corte Suprema en el sentido de no dejar desprotegido al fiscal por la naturaleza de sus funciones”, adicionó.

Pineda Alvarado citó que la lucha contra la corrupción en el mundo “es la vaca sagrada del siglo XXI”, si el país no da muestras claras de estar luchando contra la corrupción se irá aislando. “Hoy el mundo depende del intercambio de capitales, de ideas y de que los funcionarios hagan su papel teniendo seguridad y estabilidad”.

Reforma

La nueva Junta de proponentes, de acuerdo con una reforma, plantea que la integración de la junta nominadora de los fiscales será convocada y presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, la junta nominadora deberá ser integrada por un magistrado, nombrado por el pleno de esta. La integrarán también el rector(a) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); el rector(a) de una de las universidades que funcionan en el país; un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) designado por su Junta Directiva; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y un representante de las organizaciones de sociedad civil.

Proceso

De acuerdo con la ley, la Junta Proponente, enviará la nómina al Congreso Nacional, por lo menos treinta días antes del vencimiento del período correspondiente o dentro de los treinta días de haberse producido la vacante definitiva del fiscal general de la República o del fiscal general adjunto.

El Reglamento regulará los demás aspectos de organización y funcionamiento de la Junta Proponente.

Además, se establece que el Fiscal General de la República y el fiscal general adjunto, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente para un nuevo período.

Cabe señalar que si se cumplen los plazos y no existe un acuerdo para elección del fiscal será entonces el director general de las fiscalías, quien cumpla interinamente esta función.

En esta ocasión el proceso de elección deberá iniciar el 1 de agosto y entre el 1 y 2 de septiembre asumir el nuevo fiscal.

Historia del MP

Previo a 1994 la entidad pública que representa al Estado era parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, los agentes fiscales eran personas letradas o civiles que salían con nombramiento puramente político y dispuestos a representarse ante los casos competentes al aparato judicial, es así que se mantuvo a la personería fiscal en los juicios de procedimientos escritos desde el siglo XIX.

Durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), fue emitida la “Ley del Ministerio Público” (No. 228-93), por el Congreso Nacional de Honduras, así también como los nuevos agentes fiscales, apareció una nueva Policía de Investigación la DIC (Dirección de Investigación Criminal) que sustituyó a la polémica DNI (Dirección Nacional de Investigación en 1994 y con la rama científica como lo es la Medicina Forense.

1. 1994-1999

Edmundo Orellana (FG)
Florentino Álvarez Alvarado (FGa)

La elección del primer fiscal general, en la figura de Ángel Edmundo Orellana, tuvo su propia tónica. Esta elección se dio mediante una nómina enviada por la Comisión Ad Hoc que se creó para dar vida a esta figura institucional.

2. 1999-2004

Roy Edmundo Medina (FG)
Juan Arnaldo Hernández (FGa)

En el período del segundo fiscal, Roy Medina, -cuya elección surge de la Junta Proponente que manda la ley de ese organismo- se afinan los mecanismos internos para la elección del fiscal general y su adjunto, se elabora un reglamento y entra con mayor beligerancia la Junta Proponente, así como instancias de sociedad civil en la llamada Coalición por el Fortalecimiento de la Justicia. Pero los casos de lucha contra la corrupción sufren cierto estancamiento.

3. 2004-2005 *

Ovidio Navarro (FG)
Yuri Melara (FGa)

Ovidio Navarro, quien era magistrado del Poder Judicial, renuncia al cargo y asume sus funciones como fiscal general. Melara se convierte en su adjunto.

La llegada de Navarro trae consigo la primera crisis institucional pública de la Fiscalía del Estado, cuando decide suspender a 10 fiscales de carrera quienes lo denuncian de haber ordenado engavetar importantes casos de corrupción. Los fiscales denuncian el atropello y su lucha concluye con la renuncia del fiscal general y el adjunto el 25 de junio de 2005.

Los 128 diputados por aclamación presionaron por la renuncia de las máximas autoridades de la Fiscalía General del Estado y la aceptan sin titubear.

4. 2005-2009

Leónidas Rosa Bautista (FG) 
Omar Cerna (FGa)

Al no completar su período Navarro y Melara, el Congreso elige sustitutos a Leónidas Rosa Bautista y a Omar Cerna.

Pero el 7 de abril de 2008, estalla la segunda gran crisis en el Ministerio Público con la llamada “huelga de fiscales”, iniciada originalmente por cuatro fiscales que se apostan en los bajos del Congreso Nacional y denuncian presiones porque no se siga combatiendo casos de interés nacional y social. El movimiento acaba con acuerdos entre protestantes y autoridades, pero denota una nueva etapa en la vida institucional.

5. 2009-2013 *

Luis Rubí (FG)
Roy Urtecho (FGa)

La institucionalidad del Ministerio Público venía en picada y trascienden informes nacionales e internacionales que develan la colusión en importantes dependencias internas de ese organismo con la corrupción y la impunidad.

Marcada por la huella del bipartidismo, hizo el quiebre institucional en esa dependencia, en donde el Congreso ha sido un actor trascendental, según los informes elaborados al respecto.

En tanto, el país sigue su ritmo ascendente en el clima de inseguridad y violencia que lleva a los congresistas a llamar a una rendición de cuentas a los operadores de la cadena del sector justicia, entre ellos el fiscal general y su adjunto. Su disertación no convence, los diputados se sorprenden al escuchar cifras y datos que cada año solo venían oyendo sin atender.

Se nombra así una Junta Interventora, se suspende al fiscal general y al adjunto. La interventora rinde su primer informe al Congreso altamente demoledor de la gestión de Rubí y Urtecho. Ellos piden dos cosas: la separación del fiscal general y adjunto; y la elaboración de una nueva ley del Ministerio Público.

Estas acciones obligan a Rubí y Urtecho a dimitir en forma irrevocable al cargo. De esta suerte, la institucionalidad del Ministerio Público agoniza.

6. 2014-2018

Óscar Fernando Chinchilla (FG) 
Rigoberto Cuéllar (FGa)

Aunque se cuestionó el proceso de selección de las dos nuevas cabezas del MP, el tiempo logró borrar esa etapa y ahora se reconoce la gestión del abogado Óscar Fernando Chinchilla.

Es así como en los últimos cinco años se han logrado golpes al narcotráfico como nunca, además de una serie de requerimientos con sentencias en tribunales para personajes de la administración pública.

Se fundó, además en este período, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), importante brazo de la Fiscalía, así como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y el fortalecimiento de otras oficinas del MP.

Muchos avalan la gestión de Chinchilla y consideran debería optar a un segundo período, pero eso está por verse, ya que al final los políticos son los que al final hacen el nombramiento en el Congreso de la República.

De su lado, el fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, ha estado en el ostracismo tras señalamientos en su contra.

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