Tegucigalpa – La elección del próximo fiscal general y fiscal adjunto, así como la creación de una nueva Ley del Ministerio Público, mantiene dividida a la sociedad civil, entre un sector que apoya los cambios y otro que asevera existe un manoseo político para terminar de politizar el organismo y debilitar al ente contralor.
 

División que, en el fondo, tiene también tintes políticos partidarios al salir a la palestra pública dirigentes y promotores de los derechos humanos afines al Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes aseveran que existe un sector de la sociedad civil con quienes se siente más a gusto para dialogar el Congreso Nacional.

Los activistas humanitarios identificados plenamente con Libre se aglutinan en la llamada Coalición contra la Impunidad, quienes cuestionaron no ser incluidos en las mesas de trabajo instaladas en el hemiciclo para comenzar a socializar la nueva Ley del Ministerio Público, así como los nuevos términos para elegir al fiscal general y al fiscal adjunto.

La Coalición contra la Impunidad la conforman el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), la Asociación de Jueces por la Democracia, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Movimiento Amplio por la Justicia y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), entre otros.

Partidización política llega a DDHH

Algunos de sus integrantes incluso se postularon a cargos de elección popular en las corrientes internas de Libre en las elecciones del año pasado, mientras otros participan de actividades vinculadas a la propuesta política partidaria de Libre en derechos humanos.

En Honduras, una parte de los activistas de derechos humanos son pro Libre, son parte incluso del tribunal de honor de ese partido, mientras otra facción de derechos humanos ha optado por apoyar al partido FAPER, también de izquierda, que postula la candidatura del defensor de los derechos humanos y presidente del Codeh, Andrés Pavón, quien correrá por la Presidencia del país en noviembre próximo en alianza partidaria con el izquierdista Unificación Democrática (UD).

En rueda de prensa, los integrantes de esta Coalición han denunciado que cambiar las reglas del juego en la elección del nuevo fiscal general y su adjunto en la Fiscalía de la República para un período de cinco años, no sólo lesiona la institucionalidad de esa dependencia, sino que abre nuevamente el camino para la repartición de estos cargos en el bipartidismo que conforman liberales y nacionalistas.

El avance de la APJ

La Coalición es del criterio que el partido en el poder intenta cambiar los procedimientos de selección y elección en el Ministerio Público para garantizar que las nuevas autoridades sean afines a los partidos Nacional y Liberal y no tanto para “salvar” la institucionalidad del organismo.

“Advertimos a los diputados que el tiempo para los juegos de distracción políticas prácticamente se ha acabado, más importante que aprobar una Ley Orgánica para el MP es la decisión política de reorganizar esa institución y no impulsar maniobras para elegir al fiscal general y su adjunto por cinco o siete años, al margen de la legalidad”, sostiene la Coalición.

Han mostrado su malestar por lo que estiman la socialización de la nueva ley del Ministerio Público y del fiscal general y adjunto, argumentando que ello sólo es “un maquillaje” para cubrir intenciones ocultas para “controlar todas aquellas instituciones vinculadas con el sistema de seguridad y justicia”.

Estas organizaciones humanitarias han estado ausentes del proceso de reforma que se impulsan en el país en materia de seguridad y justicia, al ser desplazadas por la Alianza por la Paz y la Justicia, integrada por al menos 17 organizaciones no gubernamentales, la academia, iglesia católica y evangélica, empresa privada y sindicatos, entre otros.

La Alianza por la Paz y la Justicia ha impulsado una serie de reformas en materia de seguridad y por ahora acompaña las gestiones del Congreso en la rendición de cuentas de los operadores de justicia y la instalación de una Comisión Interventora en la Fiscalía que terminó sugiriendo la salida del fiscal general, Luís Rubí y su adjunto, Roy Urtecho, quienes finalmente terminaron renunciando antes de ser sometidos a un Juicio Político.

A su vez, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) es del criterio que la renuncia de Rubí y de Urtecho no ha sido lo mejor, pues lo recomendable era un Juicio Político ante las inconsistencias presentadas en la Fiscalía. La APJ pide incluso que tanto Rubí como Urtecho deben ser llevados al ámbito de lo penal para deducir responsabilidades.

En cuanto al proceso que se lleva a cabo sobre la Fiscalía, la APJ en uno de sus comunicados dijo que “sin duda alguna que la Alianza tendrá una participación significativa en la nueva iniciativa de ley. La APJ ha respondido al llamado del Congreso Nacional de participar en mesas de trabajo que estarán discutiendo y elaborando esta nueva Ley del MP, nuestra participación será proactiva y de alta calidad para asegurar que los elementos de Transparencia, Modernización y Acceso a la Justicia sean incluidos en este nuevo marco legal”, sostienen.

Ante este contexto, la APJ, es clara en su mensaje, y son del criterio que serán vigilantes del proceso de selección de los nuevos fiscales, para evitar que se puedan dar acciones incorrectas en el camino para elegir a estas nuevas figuras de la estatal.

No obstante, todo indica que la división en importantes sectores de la sociedad civil ha sido presa del juego de la politización en el país, donde las reformas y contrarreformas están a la orden del día. La postura del Congreso Nacional parece ser clara: la elección será política porque el Congreso es un ente eminentemente político.

Y aquí entrarán sin duda el pulso de fuerzas internas y externas por hacer de la nueva ley del Ministerio Público y la elección del fiscal general y el adjunto un proceso que debe apostar a fortalecer el organismo y su institucionalidad, y no a caer en arenas políticas pantanosas que estanquen lo construido hasta ahora en el Ministerio Público.

Mientras se aprueba esa ley en un mes, los primeros nombres han comenzado a salir a la palestra pública para sustituir a Rubí y Urtecho. Los cabildeos son intensos y de acuerdo a los expertos consultados por Proceso Digital, en Honduras el dominio de los temas de seguridad, justicia y derechos humanos dejó de ser exclusivo de sectores afines a tendencias de izquierda; la derecha también entró al juego, así como sectores independientes de ciudadanía que demandan un cese a la impunidad en el país.