Tegucigalpa – El Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), pese a compartir similares problemas de corrupción pública, ha decidido tomar caminos separados para combatir la impunidad, al menos eso se colige tras las últimas gestiones de los tres países del istmo.
– Pérez Molina acusa a EEUU de manipular la justicia a través de la CICIG.
– A mediados de noviembre se instala la MACCIH en Honduras. El Salvador rechazó una Comisión Internacional en su país.
Para el caso en abril de este año la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue renovada por dos años e incluso el presidente electo de ese país, Jimmy Morales, dio luz verde para que este organismo funcione hasta que termine su mandato en 2020.
Este mismo lunes, Estados Unidos admitió que vinculó la continuación de la ayuda económica a Guatemala a la extensión del mandato de la CICIG y defendió esa acción ante las críticas del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien renunció a su cargo a raíz de las acusaciones de esa comisión internacional.
El ahora preso expresidente Pérez Molina, afirmó que Joe Biden -vicepresidente de EEUU- le dijo varias veces que la renovación del mandato de la CICIG era una condición «para que ellos pudieran continuar con el plan» de ayuda económica dentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central.
Desde su celda de presidiario, Pérez Molina añadió que “lo que ha habido aquí es una manipulación de la justicia a través de la CICIG para los intereses de EEUU”.
MACCIH en Honduras
La semana anterior se informó que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llegará al país en la segunda semana de noviembre para seguir definiendo los detalles de su plan de trabajo en una nueva ronda de intercambios con diversos sectores sociales, económicos y políticos, tras los avances logrados en los últimos días.Desde una óptica integrada e independiente, la MACCIH plantea un abordaje sistemático del combate a la corrupción en sus cinco ejes estratégicos: la supervisión y acompañamiento de jueces y fiscales internacionales, la elaboración de diagnósticos que contribuyan al mejoramiento del sistema de justicia, la aplicación a los acuerdos internacionales en materia de anticorrupción, el seguimiento al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el monitoreo del progreso del sistema de justicia por parte de la sociedad civil.
De su lado, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha remarcado que MACCIH debe ser independiente, actuar con autonomía, ser efectiva y generar cambios sistémicos y trascendentales en el combate a la corrupción e impunidad.En resumen, la APJ considera que el Grupo de Fiscales, Investigadores y Jueces Anticorrupción debe poseer atribuciones, facultades, competencias y capacidades claramente definidas para la ejecución de acciones de investigación de delitos y la acción coordinada y articulada, con la contraparte nacional, es decir los operadores de justicia nacional debidamente certificados.
Un mandato claro y un poder delimitado permitirá a la MACCIH, escoger, priorizar y construir los casos emblemáticos que investigará y tener la independencia para desarticular patrones y redes de corrupción, concluye APJ.
Por su lado el presidente Juan Orlando Hernández plantea que se agreguen dos temas o ejes adicionales: el financiamiento a las campañas electorales debe ser regulado y conocerse el origen de los recursos y los observatorios ciudadanos, para una mayor transparencia.
Indignados insisten en CICIH
El líder de Oposición Indignada, Ariel Varela, descartó que como movimiento social sigan directrices del gobierno de Estados Unidos sobre la instalación de una CICI en Honduras.Arguyó que la solicitud de una Comisión Internacional Contra la Impunidad no es imputable al gobierno de EEUU, sino más bien a la sociedad que se cansó de la corrupción en la gestión pública.
“La CICI responde a Naciones Unidas, no es Estados Unidos quien pone una CICI. Esto se da por la gestión expresa de un gobierno de un país, por eso presionamos a nuestras autoridades y por otro lado lo hacemos con los principales socios de nuestro país”, indicó.
Citó que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, le ha pedido ayuda a Estados Unidos en el combate a la inseguridad derivado del tráfico de drogas que muchas muertes deja en Honduras. Asimismo, ha solicitado a la comunidad internacional la responsabilidad compartida en el tema del cambio climático.
“El presidente le pide a la comunidad internacional que venga a Honduras en los casos que son corresponsables, pero también la comunidad internacional es corresponsable de la corrupción en el país. No entendemos por qué en algunas cosas si es urgente la participación de la comunidad internacional, pero no en el combate a la corrupción, argumentando que es un tema exclusivo de nuestro país”, criticó.
Varela insistió que “esta es una lucha de nuestra comunidad, pero se necesita de la participación internacional. Ese mismo segmento exterior es la que paga coimas para que los favorezcan con proyectos estatales, concesión a mineras, a térmicas o compañías de telefonía móvil… no veo por qué les pedimos corresponsabilidad en narcotráfico o cambio climático, pero en corrupción no”.
Apuntó que le han reiterado al gobierno de EEUU que la aprobación de los fondos del Plan Alianza para la Prosperidad sea condicionada con la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
El vicepresidente Biden hizo la misma advertencia al ahora expresidente Pérez Molina que los fondos para la Alianza para la Prosperidad estarían subordinados a que prorrogará el mandato de la CICIG dos años más.Dijo que el movimiento “está fuerte” luego de una capacitación que recibieron sus principales líderes el pasado fin de semana. “Como comunidad nos hemos consolidado, la línea y el camino está claro para todos nosotros”, agregó.
Calificó a la ONU como un organismo “más independiente” a la influencia de EEUU que la misma Organización de Estados Americanos (OEA). “Muchos atribuyen que la OEA responde a los intereses de EEUU, pero el gobierno hondureño accede a la oferta de OEA que vendrá con capacidades de investigación… ojo porque nuestro gobierno podría estarse haciendo el haraquiri”, advirtió.
El joven dirigente de Oposición Indignada resaltó que la CICIG recibe la mayor cantidad de recursos por parte del gobierno de Suecia, en tanto Estados Unidos lo hace con menos del 30 por ciento.
Plan de transparencia en El Salvador
Desde El Salvador se ha informado que Estados Unidos intentó sin éxito convencer a esa nación centroamericana de que instalara una comisión internacional de investigación como la de Guatemala.Sin embargo, el gobierno salvadoreño aceptó que la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) renueve un ambicioso plan de «transparencia y supervisión ciudadana para reducir las oportunidades de corrupción», según documentos publicados por agencias de prensa internacional.
El consejero del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Shannon, le sugirió al presidente Salvador Sánchez Cerén instalar una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador durante una visita al país centroamericano en julio pasado.
“Se habló de la posibilidad de una CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador). Es algo que barajaron los norteamericanos en su momento en el marco de este proyecto (Alianza para la Prosperidad)”, dijo Marcos Rodríguez, Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, quien asistió a la reunión.
“El Gobierno reacciona igual que cualquier gobierno del mundo: ‘muchas gracias por su propuesta, la vamos a analizar, pero hoy por hoy no necesitamos eso’”, dijo Rodríguez, agregando que el poder judicial y la fiscalía coincidieron.
Otra vía anticorrupción
El gobierno de Barack Obama ofreció el año pasado a El Salvador, Guatemala y Honduras apoyar un multimillonario plan de desarrollo para la región, de donde cada año emigran al norte millones huyendo de la miseria y la violencia.Pero el Congreso norteamericano podría aprobar apenas 1,000 millones de dólares para 2016 para la llamada Alianza para la Prosperidad y su viabilidad dependerá hasta cierto punto de los compromisos anticorrupción de los gobiernos implicados.
Después de la visita de Shannon, la USAID finalmente lanzó la licitación de un nuevo plan de transparencia de 25 millones de dólares en cinco años -aproximadamente la mitad de lo que recibe la CICIG en Guatemala-, confirmó un portavoz de la agencia.
