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“El Tigre” Bonilla define su futuro este viernes ante la justicia de EEUU

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Tegucigalpa – El exhombre fuerte de la Policía hondureña, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, acude este viernes ante la justicia de Estados Unidos, donde responderá a acusaciones de narcotráfico y otros delitos de criminalidad organizada.

– Un defensor público (pro-bono) representa a Bonilla Valladares ante la incapacidad de pagar un abogado privado.

– El exjefe policial tiene dos opciones: declararse culpable y ser informante de la Fiscalía en otros juicios para lograr reducción de condena, o como segundo escenario defender su inocencia a ir a un juicio largo que podría dejarlo con cadena perpetua.

Bonilla Valladares comparece a las 9:00 de la mañana -hora de Honduras- ante el juez Kevin Castell en la Corte del Distrito Sur de New York, recinto que ha servido para condenar a otros importantes capos.

Periodistas que cubren la fuente en esta corte neoyorquina aseguran que “El Tigre” Bonilla se declarará no culpable, por lo que deberá ir a juicio en los próximos meses.

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Pese a que, en la Corte del Distrito Sur de New York, apenas cinco hondureños han sido extraditados, también hay más de una decena de capos que se entregaron por su cuenta o fueron detenidos. Todos ellos forman parte de una serie de juicios con implicaciones a personajes políticos ya condenados como es el caso de Juan Antonio Hernández y otros que están mencionados como Mario José Cálix Hernández y Midence Oquelí Martínez.

Aquí en este distrito, por ejemplo, el líder de Los Cachiros -Devis Leonel Rivera Maradiaga-, Alexander Ardón, Víctor Hugo Díaz Morales “El Rojo”, Ramón Mata Waldurraga, Byron Ruiz, Fredy Nájera han ofrecido sus testimonios para hilvanar otras potenciales acusaciones.

El exdiputado Fredy Nájera conocerá su sentencia el próximo 30 de junio luego de declararse culpable.

Ante este recinto judicial, el exdiputado Fredy Renán Nájera recibirá condena el próximo 30 de junio y el expresidente Juan Orlando Hernández iniciará juicio en enero de 2023 luego de declararse no culpable de las imputaciones por narcotráfico.

Igualmente, en esta Corte se condenó a Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, Fabio Lobo y los primos Yankel y Yani Rosenthal, éstos dos últimos ya en libertad tras cumplir su periodo de cárcel.

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Extradición y presentación en EEUU

Bonilla fue extraditado el martes 10 de mayo de este año a Estados Unidos y se convirtió en el hondureño número 30 en seguir ese proceso de entrega a la justicia norteamericana desde que en 2012 se hizo una reforma constitucional para permitir esa posibilidad.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusa al exdirector general de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla de tres cargos de conspiración para importar drogas y delito de armas.

El imputado, llegó a su primera audiencia a EEUU -el 11 de mayo- vestido con una camisa blanca, presentó un informe patrimonial ante la jueza arguyendo que no tenía la posibilidad de pagar un representante que lo defendiera en esa corte de New York.

En ese sentido, Bonilla fue presentado ante la juez Katharine Parker, quien le preguntó al imputado si tiene un abogado a lo que él contestó que no, por lo que se le asignó uno.

Bonilla podría testificar en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.

La jueza le preguntó a la Fiscalía si pedían la detención de Bonilla, a lo que éstos respondieron que sí, en ese sentido, Parker programó para este viernes 10 de junio la audiencia de presentación de cargos ya con la presencia del abogado defensor proporcionado por EEUU.

(Leer) Acusaciones contra Bonilla involucran a políticos de alto rango: Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU), refirió que la acusación contra Bonilla involucra a políticos de alto rango, así como a la Policía Nacional en Honduras.

La administradora de la DEA, Anne Milgram dijo que el exjefe policial traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de aplicación de la ley para encubrir sus crímenes.

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La acusación de EEUU

De acuerdo al documento de acusación por parte de EEUU, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar la droga hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos.

Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares, según los fiscales estadounidenses.

El acusado (Bonilla Valladares) fue miembro de la Policía Nacional entre 1998 y 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía hondureña, en 2012 y 2013.

El exfuncionario policial explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos  el ex congresista hondureño Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”, de acuerdo a la acusación fiscal.

“El Tigre” Bonilla se declararía no culpable este viernes ante el juez Kevin Castel.

Por ejemplo, a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados.

Además, en coordinación con Hernández Alvarado (Tony) y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

Alrededor de 2010, Hernández Alvarado (Tony) le dijo a un testigo colaborador (“CW-1”) que Hernández Alvarado y Hernández ayudaron a Bonilla a avanzar en su posición dentro de la Policía  y que protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio.

Hernández Alvarado (Tony) también le dijo a CW-1 que Bonilla era muy violento, y que junto a Hernández (JOH) le confiaron tareas especiales, incluido el asesinato. Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

El exjefe policial acude a su segunda cita ante un juez en NY, luego de ser extraditado de Honduras hace un mes.

La Demanda acusa a Bonilla Valladares de 62 años, de: conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos;  usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína.

Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y un término máximo de cadena perpetua en el cargo tres. PD

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