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“El progreso de toda nación se funda en la justicia efectiva”: Titular de la CSJ

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Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, abogó este miércoles por una justicia en acción que permita ampliar el impacto social mejorando sus respuestas en las demandas de los ciudadanos.
 

“Hoy es tiempo de responder de manera más efectiva al histórico reclamo de los hondureños por una justicia en acción para continuar generando cambios que fortalezcan los cimientos del estado de derecho”, sostuvo.

Al mismo tiempo, abogó por “una justicia en acción que permita ampliar el impacto social del Poder Judicial mejorando sus repuestas a las demandas de los ciudadanos, una justicia en acción responsable y transparente que rinda cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad”.

Asimismo expresó su voluntad porque se siga abriendo espacios a la participación ciudadana y al escrutinio social, una justicia en acción que se fortalezca en su independencia, pero que se entienda como una independencia ejercida con responsabilidad y que garantice el apego de los servidores judiciales a la ley y que sanciones a quienes no lo hagan”.

El funcionario agregó que “es importante señalar que las acciones que hemos venido impulsando no son producto del azar sino que tienen su fundamento en el plan estratégico del Poder Judicial, aprobado por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

Explicó que el plan responde a concretar las metas que se ha impuesto este poder del Estado consciente de la necesidad de continuar en su proceso de modernización, mismo que orienta la gestión judicial y administrativa hacia la corrección de las debilidades detectadas en la institución así como la consolidación de sus fortalezas.

“El progreso de toda nación se funda en la justicia efectiva que brinda el estado de derecho, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de ese estado de derecho son piedras angulares entre la relación entre gobernantes y gobernados”, sostuvo.

Añadió que ningún Estado puede proclamarse democrático, sin ser justo, ni desarrollarse económica, política y socialmente sin resguardar los bienes jurídicos titulados por el derecho que la sociedad le ha encomendado.

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