Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa.– La discusión y aprobación del presupuesto nacional 2018 se realizó en el Congreso Nacional, a comienzos del año, en forma similar a la de año anteriores, se le dispensaron dos debates al proyecto presentado por la Comisión de Dictamen y se aprobó en forma acelerada, como lo muestran diversos videos en circulación.
Vale decir que esta aprobación se dio en franca violación de la Constitución que establece que el presupuesto debe ser aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. No es casualidad que esto haya ocurrido en los años en que se han verificado elecciones generales en el país, lo cual indica la manipulación política a la que es sometido dicho presupuesto.
Adicionalmente, una práctica común y equivocada de mucho tiempo atrás es que mediante las normas presupuestarias se reforman leyes y códigos de la República en un afán de esconder procesos y sin someterlos a escrutinio público. Esto fue exactamente lo que trató hacer al reformar dos artículos de la Ley General de Presupuesto. Como es conocido, la intención era sustraer a diputados favorecidos con el famoso “fondo departamental” de la exigencia de dar cuentas del dinero recibido. Como ya se conocía las acciones que la UFECIC y la Maccih habían iniciado contra seis diputados, el resto de compañeros (o ex compañeros) se vieron amenazados de correr la misma suerte. Al final, el fondo departamental ha sido la recompensa a las lealtades en el Congreso o a la movilización electoral.
El caso pudo haber pasado desapercibido de no haber sido por la denuncia inmediata de la Maccih a través de su vocero, Juan Jiménez Mayor. Fue el mismo Jimenez Mayor el que calificó de “pacto de impunidad” lo aprobado en las normas presupuestarias de la Ley del Presupuesto General de la República. Esta denuncia es parte de la grosera e injustificada carta de Luis Almagro enviada a Juan Orlando Hernández, en donde despide indirectamente a Jimenez Mayor. La historia posterior se conoce con la famosa “fe de errata”, que no es tal y cuya explicación no convence a nadie.
Aunque bajo la presión pública la parte que sustraía a los diputados de cualquier acción civil, administrativa y penal, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas bajara el dedo después de tres años de angustia, también se legalizó que los diputados puedan manejar fondos del estado. Mientras la Constitución hondureña le otorga la administración del estado al poder ejecutivo, los honorables padres y madres de la patria señalan que ellos también lo pueden hacer. Sin lugar a dudas que es una labor de los diputados gestionar proyectos para sus comunidades, pero eso no les otorga el derecho de usar fondos públicos; esto debe hacerse a través de las diferentes secretarías de estado correspondientes. Pero como los señores del gobierno de facto en lo que menos creen es en el gobierno, entonces los diputados (que para ellos no son gobierno) deben hacer estos trabajos. Es más, si pueden formar o encontrar ONGs que sirvan de fachada, mucho mejor.
Lo anterior fue una señal de alerta muy fuerte para el sistema de impunidad y corrupción que caracteriza a Hondura. Un round ganado en la lucha anti-corrupción. Ahora el sistema contrataca: lo primero, y a través de Almagro, hay que debilitar a la Maccih y deshacerse de Jimenez Mayor. Misión cumplida. Segundo, hay que enviar señales claras que no toleraremos más acusaciones que nos afecten y, por lo tanto, hay que seguir atacando a la Maccih, al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a la UFECIC y recientemente, a los jueces anticorrupción. Con esto se busca intimidar a aquellos que lucha contra la corrupción.
Tercero, el round más importante está cerca, la elección del nuevo fiscal general del estado, que ayudará a parar todos estos empujes anticorrupción. Para ello, la junta nominadora, integrada en su mayoría por incondicionales de JOH, propondrá cinco candidatos para la elección. Lo más seguro que de este proceso surja un nuevo fiscal totalmente incondicional al jefe de estado y que eso detenga la profundidad que se buscaba al develar las redes de la corrupción y sus principales dirigentes. Habrá, en el futuro cercano, uno que otro caso de impacto, pero siempre refiriéndose personajes de segunda o tercera categoría. Mientras tanto, las redes quedarán intactas para que por medios más refinados sigan utilizando fondos públicos en forma personal y a su antojo. ¿O acaso no es esta una de las razones principales del golpe de 2009 y del fraude de 2017?
