Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Lilian Bonilla) – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inició su mandato con una promesa contundente: ordenar las finanzas públicas que implica achicar el Estado.
– La apuesta fiscal de Asfura bajo la lupa con la pregunta si se trata de: ¿Reingeniería histórica o repetición del pasado?
– Los expertos también recuerdan que achicar el Estado no debe significar reducir derechos laborales, porque esto traería mayores consecuencias.
En su primer Consejo de Ministros inició con la aprobación de un PCM de Modernización del Estado con el que busca concretar su propuesta de eliminar, fusionar o reducir entre 20 y 38 instituciones gubernamentales, con lo que el Estado pasaría de 113 a 74 entidades y generando un ahorro que que en la última información oficial se indica que llegaría a los 39 mil millones de lempiras, pero la cifra varía en distintas declaraciones oficiales entre 15 mil a más de 35 mil millones de lempiras.
Desde los primeros días de su gestión el anuncio fue presentado como un giro hacia la eficiencia del gasto público. Sin embargo, detrás de los números se abre un debate profundo: ¿se trata de una reforma estructural o de un ajuste administrativo que podría repetir errores del pasado?
El presupuesto en la mira
Actualmente continúa vigente el Presupuesto 2025 aprobado por la administración de Xiomara Castro, y no se ha reformulado el proyecto presentado en septiembre pasado por 469 mil 249 millones de lempiras. Asfura ha adelantado que prevé reducirlo a un aproximado de 430 mil millones de lempiras.
El desafío no es menor. Honduras arrastra un presupuesto rígido, donde entre el 70 % y 80 % de las partidas están comprometidas en sueldos, salarios y servicio de la deuda, lo que deja escaso margen para inversión productiva.
En Honduras la masa salarial ha crecido de manera constante y actualmente por cada lempira que el Estado percibe en concepto de impuestos, la Secretaría de Finanzas (Sefin) destina 50 centavos para cubrir sueldos y salarios del gobierno central.
Además, expertos en el tema explican que como las remuneraciones son un gasto fijo, están respaldadas con las recaudaciones de impuestos.
También se detalló que para 2025 se aprobaron 80,011 millones de lempiras para la partida de remuneraciones.
Lo anterior se evidencia en las declaraciones del ministro de Finanzas, Emilio Hércules, que al iniciar el gobierno confirmó que solo en los últimos cuatro años de la administración Castro se incrementó la planilla del Gobierno en 20 mil millones de lempiras. No obstante una vez que ahondaron en otras instituciones públicas y otros poderes del Estado, la cantidad subió a 33 mil millones de lempiras.
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El fantasma de los despidos masivos
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de despidos masivos como parte de la racionalización del Estado. En un país donde el desempleo es uno de los principales problemas estructurales, la incertidumbre crece entre miles de empleados públicos.
La experiencia histórica tampoco tranquiliza, ya que cada gobierno suele despedir a personal contratado por la administración anterior para luego incorporar a sus propios seguidores, generando demandas laborales que, lejos de reducir la planilla estatal, la terminan “engordando”.
Las consecuencias de las demandas laborales las está viviendo en carne propia el Gobierno de Asfura, SEFIN, ha confirmado que la Caja Única del Estado está vacía, producto de los embargos por esta causa que suman la sorprendente cantidad de 3.903 millones de lempiras.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, fue clara al advertir que “ni este ni ningún gobierno debería despedir empleados solo para abrir espacios a sus afines”.
Castillo insistió en que la reducción debe basarse en méritos y criterios técnicos, no políticos. “Ese círculo vicioso de contratar seguidores y despedir a los anteriores es lo que ha disparado las demandas contra el Estado y el crecimiento sostenido del gasto en salarios”, señaló a Proceso Digital.
Según la economista, el problema no es sólo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. “No se trata de despedir por despedir, o cerrar instituciones o fusionarlas, sino de hacer una reforma integral del sector fiscal, mejorar la calidad del gasto, garantizar licitaciones transparentes y revisar exoneraciones fiscales mal utilizadas”, subrayó.
Diagnóstico técnico, no recorte simbólico
En la misma línea, la jefa del Departamento de Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Nancy Ochoa, afirmó que el argumento de reducir duplicidades y empleados supernumerarios es válido, pero advirtió que debe hacerse con objetividad y estudios técnicos previos.
“Un Estado pequeño no necesariamente significa un Estado eficiente”, dijo Ochoa, en entrevista con Proceso Digital. A su juicio, cualquier fusión debe realizarse entre instituciones cuyas funciones estén directamente relacionadas, evitando debilitar áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y ambiente.
Para la académica, el verdadero objetivo debe ser reducir el déficit fiscal mediante una redistribución inteligente del gasto, trasladando recursos del gasto corriente hacia inversión productiva, infraestructura y tecnología —lo que técnicamente se denomina formación bruta de capital— para dinamizar la economía y estimular la generación de empleo.
Asimismo, consideró indispensable una reforma estructural del sistema tributario que incremente la recaudación, combata la evasión y revise periódicamente las exoneraciones fiscales.
El espejo argentino: el caso Milei
El debate inevitablemente remite a la experiencia de Javier Milei en Argentina, quien desde diciembre de 2023 emprendió una de las reducciones estatales más drásticas de América Latina, conocida popularmente como la “motosierra”.
Milei redujo ministerios de 22 a 7, eliminó organismos como el INADI y la agencia estatal de noticias Télam, recortó obra pública y despidió a más de 61 mil empleados públicos según reporte de distintos medios de prensa tanto locales como internacionales para el caso el portal Infobae . El gasto público real cayó alrededor de un 22 % en 2024 y la inflación, que superó el 210 % anual a finales de 2023, descendió al 47.3 % en mayo de 2025, con proyecciones del Fondo Monetario Internacional que la sitúan cerca del 35.9 % para este año.
El saneamiento fiscal es reconocido por numerosos economistas. No obstante, el costo social ha sido alto: protestas constantes de jubilados, trabajadores estatales y sectores vulnerables han marcado el proceso.
La lección es clara: disciplina fiscal puede estabilizar macroeconómicamente un país, pero si no se equilibra con protección social y crecimiento, el impacto social puede ser severo, anotan los especialistas.
Entre la disciplina y la responsabilidad social
En Honduras, expertos coinciden en que la modernización estatal debe ir más allá del recorte presupuestario. La eficiencia no se mide solo en cuánto se reduce, sino en qué tan bien se reorganiza el aparato público y qué impacto tiene en el crecimiento económico.
La clave estará en lograr un equilibrio entre disciplina fiscal e inversión pública estratégica que reactive la economía, genere empleo y fortalezca la gobernanza.
A criterio del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en su comentario tras el primer Consejo de Ministros de Asfura, Honduras necesita avanzar con decisión hacia un marco institucional coherente que articule transparencia, prevención de la corrupción y rendición de cuentas como pilares fundamentales de la gobernanza democrática.
“El país demanda reglas claras, coordinación efectiva entre instituciones y capacidades técnicas suficientes para garantizar que cada lempira recaudado y ejecutado responda a criterios de eficiencia, equidad y resultados”, enfatizó el foro en su posicionamiento público.
El criterio de expertos consultados concuerda con la advertencia hecha por el obispo de Trujillo, monseñor Henry Ruiz, quien tajantemente expresó que “no es con decretos superficiales que Honduras va a cambiar”.
El desafío para la administración Asfura no es simplemente recortar el número de instituciones o de personal supernumerario o reducir cifras en el papel. El verdadero reto es eficientar el gasto, potenciar la inversión productiva, sentar bases para la inversión y evitar debilitar servicios públicos, profundizar el desempleo o repetir prácticas clientelares.
Finalmente, expertos en diferentes áreas remarcan que la historia nacional y regional demuestra que el ajuste puede ordenar las cuentas. Pero solo una reforma integral, técnicamente sustentada y socialmente equilibrada, podrá transformar de verdad el Estado hondureño, además de un verdadero combate a la corrupción e impunidad. LB
