El editorial de La Tribuna de este viernes, titulado «¿Plasticina?», no es solo un análisis jurídico-constitucional; es una advertencia con memoria. En un país que ha pagado con décadas de inestabilidad el precio de olvidar su pasado, las advertencias con memoria son imperativos éticos. La pretensión de una alianza parlamentaria de reformar la Constitución para que el Congreso Nacional elija al Jefe del Estado Mayor Conjunto no es una innovación: es una involución que nos devuelve al error de 1957.
Ese año, Honduras estableció un mecanismo de nombramiento militar con participación deliberante del Congreso que, lejos de fortalecer la institucionalidad, abrió la puerta a la politización castrense y a décadas de inestabilidad en la cadena de mando. La reforma de 1999 cerró esa herida al subordinar verticalmente las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo. Lo que hoy se propone es reabrir esa misma herida con el bisturí del Congreso.
Para comprender la magnitud de este retroceso, conviene acudir a Thomas Kuhn y su obra La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn utiliza la figura del péndulo para explicar cómo un cambio de paradigma transforma radicalmente la visión del mundo: donde los aristotélicos veían un cuerpo cayendo hacia su centro de gravedad, Galileo vio un péndulo, un sistema con leyes propias y oscilación regulada. Lo que ocurre en Honduras es, en sentido inverso al que Kuhn describía, un retroceso de paradigma: se pretende abandonar la visión científica del Galileo constitucional —la cadena de mando clara, el Presidente como Comandante General— para regresar al paradigma aristotélico donde el instituto armado busca su lugar natural como árbitro del Estado, como un poder que «cae» inevitablemente hacia el peso político. No es revolución; es regresión disfrazada de reforma.
El argumento constitucional comparado es irrebatible: en toda democracia presidencial de América Latina, el jefe militar es nombrado por el Ejecutivo. La razón no es ceremonial: es estructural. Cuando un jefe militar puede preguntarse «¿a quién obedezco?», la respuesta deja de ser institucional y se vuelve política. Si la obediencia se fragmenta entre dos cabezas —el Ejecutivo que dirige la defensa y el Legislativo que otorga el nombramiento—, la democracia empieza a morir; no con el estrépito de los tanques, sino con el silencio de los votos negociados en comisiones legislativas.
Aquí surge un cuestionamiento ineludible sobre la autonomía racional de nuestros legisladores: su capacidad de analizar con independencia, de resistir la presión de conveniencias de corto plazo y de distinguir entre el ruido político del momento y la verdad histórica que exige estabilidad institucional. Un diputado que busca soluciones a problemas coyunturales manoseando los bordes de la Constitución no ejerce pensamiento crítico: lo delega. Y quien delega su pensamiento crítico termina tratando la norma jurídica como plasticina, incapaz de comprender que la perdurabilidad de la ley es precisamente lo que le confiere su autoridad y su respeto.
Una advertencia que no puede omitirse: si los diputados del Partido Liberal avalan esta reforma, incurren en una contradicción insalvable con su propio ideario. El liberalismo político se construyó sobre el principio de que el poder militar obedece al poder civil. Respaldar una autonomía castrense con legitimidad parlamentaria no es una concesión táctica: contradice frontalmente el pensamiento de Locke, Montesquieu y, en nuestra propia historia, de Morazán. No hay forma de conciliar esa decisión con una adhesión ética al liberalismo democrático.
La historia comparada de América Latina enseña que no lo es. Honduras ya lo sabe. O debería saberlo. «La ensalada de una ‘Democracia Militar’ con aderezo de una ‘Democracia Liberal’, solo en Honduras, rotando en contra de la historia.»
