Tras la declaratoria oficial de las elecciones generales que confirmó el triunfo de Nasry Juan Asfura como presidente electo de Honduras, los hondureños hemos continuado presenciando los repetidos y burdos intentos del gobierno saliente por boicotear el proceso democrático y evitar, a toda costa, el cambio de administración gubernamental en cumplimiento del mandato constitucional de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
En sus estertores, el Partido Libertad y Refundación (PLR) jugó su última carta antidemocrática al pretender asestar un nuevo zarpazo a la democracia hondureña, aprobando desde el Congreso Nacional, con una minoría oficialista y no representativa del pleno de 128 diputados, un espurio decreto destinado a imponer un recuento de votos de las elecciones generales, desconociendo la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) y buscando con ello prolongar o frustrar la asunción del nuevo gobernante.
Esta acción carece de la más mínima posibilidad de prosperar, ya que no tiene sustento jurídico y es, según constitucionalistas, nula de pleno derecho. Además, la cúpula de las Fuerzas Armadas, a través del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, ha sido clara al reiterar al pueblo hondureño que se respetará la alternancia presidencial el próximo 27 de enero, lo que ha generado un respiro en una ciudadanía harta del abuso de Manuel Zelaya y sus adláteres.
Sin embargo, mientras el gobierno de turno nos ha mantenido en zozobra y distraídos con sus múltiples maniobras antidemocráticas, la sociedad hondureña ha dejado de escudriñar las condiciones en las que la administración de Xiomara Castro entrega el país en materia social, económica, sanitaria y de seguridad, pero especialmente la bomba fiscal que hereda a la nueva administración de Asfura.
Fiel a su ADN anárquico, el gobierno del PLR se ha negado a realizar una transición ordenada, evadiendo así, de forma deliberada, la rendición de cuentas sobre el estado real de las finanzas públicas tras cuatro años marcados por el derroche del erario, la corrupción, la improvisación en las políticas públicas y un elevado endeudamiento.
Como corolario, en los últimos días han salido a la luz numerosos actos abusivos del gobierno saliente: la millonaria compra directa de equipo médico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aumentos selectivos en distintas secretarías e instituciones públicas, asignación de millonarias prestaciones a altos funcionarios, extensión de contratos y otorgamiento de acuerdos de última hora a militantes del PLR, así como el blindaje de direcciones hospitalarias y regiones sanitarias con personal afín al partido gobernante. En conjunto, estas acciones dejan al gobierno de Nasry Asfura con las manos atadas.
En este contexto, la nueva administración del Partido Nacional deberá asumir la conducción de un país sin información precisa sobre el estado real de la Tesorería General de la República ni sobre la situación financiera de las empresas estatales como la ENEE, Hondutel y la Empresa Nacional Portuaria, entre otras, y esto se extiende a todas las secretarías e instituciones públicas.
Esta falta de transparencia coloca a la nueva gestión en un escenario de profunda incertidumbre, obligándola a iniciar su mandato prácticamente a ciegas, lo que dificultará la toma de decisiones estratégicas y la implementación de políticas efectivas desde el primer día.
Todo ello evidencia la enorme incapacidad de un gobierno que se preciaba de transparente y responsable en el manejo de la cosa pública, pero que en la práctica demuestra que nunca estuvo preparado para conducir al país hacia mejores derroteros.
Los retos que enfrenta Asfura en los próximos cuatro años son monumentales: recuperar el tejido social, restablecer la estabilidad, reorganizar el Estado para hacerlo más eficiente, reducir el desbordado gasto público, rescatar las finanzas nacionales, devolver la credibilidad del país y enfrentar con seriedad los altos índices de criminalidad y desempleo que agobian a la mayoría de los hondureños. En síntesis, reconstruir una nación golpeada por la irresponsabilidad, la improvisación, el abuso del poder y la corrupción.
Para ello, el nuevo gobierno no puede darse el lujo de repetir los viejos vicios. Los hondureños exigimos un gabinete de profesionales competentes, eficientes, honestos y comprometidos con el interés nacional, no de activistas políticos de tiempo completo ni de cuotas partidarias. El país necesita decisiones firmes, reformas profundas que permitan modernizar sus instituciones, fortalecer su democracia para evitar los errores y abusos del reciente pasado y una conducción clara que rompa definitivamente con el desorden heredado.
El electorado hondureño ha mandado un mensaje claro y contundente en las pasadas elecciones, castigando a los que gobiernan, pero advirtiendo a los que llegan que no será complaciente y que tampoco perdonará sus abusos o actuaciones al margen de la ley y del interés público.
Este es el momento de gobernar para el pueblo hondureño y no para los partidos. La historia juzgará con severidad a quien desperdicie esta oportunidad. La nación demanda liderazgo, carácter y visión. El nuevo gobierno tiene en sus manos no solo la administración del Estado, sino la esperanza de millones de hondureños que esperan, por fin, un rumbo distinto.
