Pienso que todos sabemos que la ENEE se ha convertido en una insoportable carga financiera para nuestro país. Día a día acumula más pérdidas sin que se tenga idea alguna sobre como solventar esta situación. La empresa está quebrada, sin que podamos saber a ciencia cierta que tan grave es la situación porque la empresa dejó de producir estados financieros auditados externamente desde hace ya más de una década. La Administración anterior ni siquiera intentó solventar el problema y en efecto dejó el alarmante nivel de pérdidas eléctricas tal y como lo encontró. Ahora, con el cambio de Administración se debería iniciar una discusión seria sobre el tema, pero el tiempo pasa y el silencio que rodea esta discusión es ensordecedor. Es precisamente para motivar ese diálogo que me atrevo a compartir mis ideas al respecto. Debo confesar que al final, debido al grado de inmadurez política y a la imperante impunidad que vivimos, concluyo que a fin de solventar nuestra patética situación es necesario privatizar la actividad de la distribución eléctrica, especialmente la comercialización. No así la transmisión y la generación, ya que allí las ganancias en eficiencia que produciría la privatización son pocas y a mi juicio, la justificación de la privatización es la mejora en eficiencia del sector. No es obtener grandes cantidades de dinero para que los políticos lo gasten irresponsablemente. Debe ser para mejorar eficiencia. Pero permítanme explicar mejor mi punto de vista.
En repetidas ocasiones he escuchado decir que no hace falta reformar el sector eléctrico ni privatizar la distribución; que basta con nombrar “buenos gerentes”. Permítanme llamar esa tesis la teoría del Hombre Providencial. Es la creencia de que, desde hoy y hasta el fin de los tiempos, los políticos escogerán semi dioses inmunes a las tentaciones humanas, capaces de administrar empresas públicas como si vivieran fuera de la política. Esa teoría, en el fondo, afirma que la organización no importa y que el desempeño de una empresa sería igual en el sector público o en el privado.
El problema es que las empresas funcionan por incentivos. En el sector privado el incentivo central es ganar dinero: si un gerente no logra resultados, dura poco. La competencia castiga la ineficiencia y premia la productividad. En el sector público, en cambio, el incentivo es político: permanecer en el cargo depende de agradar a quienes nombran al funcionario. Y quienes nombran, salvo notables excepciones, se mueven por dos motivos: dinero y votos. De allí derivan dos patologías conocidas: la corrupción, incluyendo la negligencia en la facturación y la recaudación del valor de la energía eléctrica suministrada a los consumidores, (cuando se busca dinero) y la empleomanía (cuando se busca votos). En países con madurez institucional —donde hay rendición de cuentas y no domina la impunidad— ese incentivo político se disciplina. Pero Honduras no ha mostrado contar con ese tipo de contrapesos; por el contrario, el historial de empresas públicas fracasadas es suficientemente elocuente como para cuestionar por qué se insiste en proponer como solución un modelo que ya demostró su fracaso. Pregúntese usted, ¿sabe de alguna empresa pública hondureña que sea eficiente y exitosa?
En el sector eléctrico la situación es especial ya que universalmente y durante décadas se justificó el monopolio estatal en electricidad con el argumento del “monopolio natural”. Es decir que hay casos en los cuales la competencia es imposible y por tanto obligatoriamente se cae en un monopolio. Sin embargo, un análisis más cuidadoso y la evolución tecnológica llevaron a concluir que, salvo la transmisión, el sector eléctrico puede someterse a competencia. Por eso muchos países desmantelaron monopolios estatales integrados verticalmente y pasaron a esquemas donde existen empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización, además de grandes consumidores habilitados para comprar en el mercado. En ese modelo el Estado no desaparece: define la política pública y vigila la competencia mediante un regulador. De hecho, la regulación cobra sentido precisamente cuando se regula a agentes privados; cuando todo es estatal, se vuelve el absurdo de “el gobierno regula al gobierno”.
Cuando se habla de privatización, además, es menester distinguir entre el objetivo correcto y el objetivo fácil. Privatizar para “hacer caja” suele ser un error: si el problema es fiscal, es preferible obtener un préstamo antes que vender el sector sacrificando eficiencia. El ejemplo de Hondutel ilustra bien ese extravío: se pensó en cuánto dinero podía obtenerse con la venta y no en cómo mejorar la calidad y la cobertura del servicio. Se olvidó una regla básica: lo que se obtiene por una venta depende de lo que se ofrece, y esa oferta termina pagándola el consumidor. Si se ofrece un monopolio con alta ineficiencia y tarifas altas, el precio de venta puede ser mayor, pero el país queda amarrado a un esquema caro y mediocre. Y cuando la realidad no produce la cifra soñada, se abandona el proceso, dejando al sector en peor incertidumbre. Véase sino el caso de Hondutel.
En lo referente a la distribución eléctrica, hay además un malentendido de base: se dice que “no se puede privatizar porque las distribuidoras están quebradas”. Pero en Honduras no existen distribuidoras como tales; existe un monopolio estatal verticalmente integrado, la ENEE, que está quebrado. Nadie sensato propone privatizar ese monopolio, porque sustituir un monopolio estatal ineficiente por un monopolio privado sería repetir el problema con otro dueño. La discusión seria empieza por la escisión: separar la ENEE en empresas distintas —una de transmisión, varias de distribución (al menos tres), y varias de generación— y diseñar la distribución para que sea competitiva o, al menos, comparativamente disciplinada por la competencia “por el mercado”.
Las nuevas empresas distribuidoras, al ser un elemento nuevo, pueden diseñarse conforme al interés nacional. Se les asignan activos por zonas y, crucialmente, cuidadosamente se decide cuales pasivos cargarles. Entre más pesada sea la carga, menos atractiva será la adjudicación. Esto no es un detalle técnico: es el corazón del diseño. Si el objetivo es eficiencia, la adjudicación no debería ganarla quien pague más por la empresa, sino quien ofrezca la tarifa más baja al consumidor final y el plan más agresivo y verificable de reducción de pérdidas. El precio de la compraventa quedaría, con razón, en un tercer plano.
Finalmente, hay que decirlo sin eufemismos: el daño acumulado ya existe y alguien lo pagará. Solo hay dos bolsillos posibles: el Estado o los consumidores. Es una ilusión creer que las pérdidas históricas de la ENEE se “recuperarán” mágicamente vía privatización, salvo que se permita al privado cobrarlas mediante tarifas que no mejoran la eficiencia real del sector. El debate honesto no es si hay que reformar, sino cómo reformar sin repetir los incentivos que han condenado al fracaso a las empresas públicas en Honduras. Salvo por eso, solo nos queda orar para que pronto aparezca el Hombre, o la Mujer, Providencial.
