San Salvador – El Gobierno de El Salvador pidió este jueves al Congreso la aprobación de un préstamo por 91 millones de dólares para financiar la segunda etapa de un plan de seguridad con el que busca disminuir el reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas.
Estos fondos, según el Gobierno, serán para intervenir las comunidades con presencia de pandillas con programas sociales y provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El viceministro de Hacienda, Óscar Anaya, presentó la iniciativa ante una comisión de diputados y señaló que el préstamo se pagará en un plazo de 20 años, con dos «años de gracia» y una tasa de interés del 4,64 %.
Explicó que el objetivo de este componente de este plan gubernamental es dar a los cuerpos de seguridad «herramientas que permitan mejorar la prevención, persecución y combate al delito».
Añadió que también pretenden «mejorar la convivencia pacífica y promover la participación de los jóvenes en rehabilitar y utilizar en forma sostenida los espacios públicos».
Anaya, sin entrar en detalles, sostuvo que en las comunidades intervenidas también se busca la «construcción, reparación y equipamiento de infraestructura social».
Explicó que esta fase del plan necesita una financiación de 158 millones de dólares, de los que 67 millones provienen del presupuesto y 91 millones del BCIE.
El Gobierno necesita los votos de 43 de los 84 diputados para firmar el préstamo con el BCIE y este debe ser ratificado posteriormente con 56 votos.
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018.
La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), las facciones Revolucionarios y Sureños del Barrio 18 y otras minoritarias.
Un estudio presentado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador en marzo de 2017 señala que el 62,4 % de los jóvenes que se han unido a las pandillas o «maras» en este país lo hicieron por «ocio» o «amistad».
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.
