Madrid/Barcelona – El futuro Gobierno de la región de Cataluña, que previsiblemente tendrá sesgo independentista, estará condicionado por las decisiones de la Justicia, pues dieciocho diputados elegidos en los comicios autonómicos del domingo son objeto de investigación judicial.
El pasado día 21 los catalanes eligieron a sus nuevos representantes en la Cámara regional, que había quedado disuelta el 27 de octubre por decisión del Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional quebrada por la aprobación de una declaración de independencia ilegal en ese Parlamento.
Esa iniciativa es constitutiva de delitos como los de sedición y rebelión, entre otros, que la Justicia atribuye a dieciocho parlamentarios electos, de los 135 del Parlamento autonómico.
Los comicios del domingo fueron ganados por Ciudadanos, partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero la suma de las tres formaciones secesionistas – JxCat, ERC y CUP – les otorga la mayoría absoluta de la Cámara.
La hipótesis más probable es una repetición de la coalición entre JxCat (antes PDeCAT) y ERC que ya gobernó Cataluña en la anterior legislatura, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
La jefa de la campaña de Puigdemont y diputada de JxCat, Elsa Artadi, dijo hoy que no se plantea ningún otro candidato alternativo a ser investido presidente que su propio líder, como cabeza de la lista más votada entre las fuerzas independentistas.
El problema es que Puigdemont se marchó de España pocos días después del 27 de octubre y se ha instalado en Bruselas, donde evita la orden de detención dictada por la Justicia.
En cuanto pise suelo español Puigdemont será detenido y puesto a disposición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que es quien instruye la causa por el proceso independentista.
Otros cuatro exconsejeros del destituido Gabinete catalán le acompañan en la capital belga, todos ellos diputados electos.
Su rival y aliado en la pasada legislatura, Oriol Junqueras, está en prisión provisional, situación que comparte con otros dos nuevos parlamentarios, mientras que otro grupo de exconsejeros quedó recientemente en libertad bajo fianza, pero sometido a control judicial.
Aunque todos ellos podrán recoger su acta de diputado autonómico en los primeros días de enero, el problema se va a plantear cuando se plantee el debate para elegir al nuevo presidente catalán.
Si Puigdemont quiere serlo tendrá que regresar a España y en ese momento será detenido.
Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, aseguró hoy a una emisora de radio que su cliente «está dispuesto a volver», pero debe valorar «si puede hacer más trabajo dentro o fuera» de Cataluña, una «decisión política que deberá tomar en los próximos días»
Por su parte, Elsa Artadi admitió que existen incógnitas sobre si Puigdemont podría ser investido presidente desde el extranjero: «no nos podemos precipitar ahora. Contemplamos todos los escenarios».
Está por ver qué decisiones adoptará el juez Llarena respecto a los diputados electos que están en prisión y a los cinco investigados que están en Bruselas si deciden volver.
Su eventual ausencia en una votación de investidura rebajaría la mayoría secesionista en la Cámara autonómica, por lo que una medida sería que los investigados renunciarán a su condición de diputados y dieran paso a los siguientes de sus candidaturas que estuvieran libres de problemas con la Justicia.
Esta incertidumbre pone incluso en cuestión que Puigdemont sea el candidato a la reelección.
A este respecto, el partido ganador de los comicios, Ciudadanos, aseguró hoy por medio de su dirigente Carlos Carrizosa que «es evidente que un fugado de la Justicia no puede tomar posesión de su cargo, ni ejercer el cargo de presidente» catalán y recordó que la mayoría de los secesionistas no es «holgada».
