Análisis de Alberto García Marrder / Especial para Proceso Digital
El binomio que gobierna Nicaragua con mano dura, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo (ella como vicepresidenta y el verdadero poder), debe estar inquieto y preocupado por las noticias del país vecino, Honduras.
La impactante foto del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, esposado de manos y pies, tras ser detenido el 15 de febrero por una petición de extradición de Estados Unidos está enviando un claro mensaje: ningún líder latinoamericano está libre del alcance de la justicia.
O del “sheriff” de la región, Estados Unidos que en 1989 invadió Panamá para arrestar al dictador Manuel Noriega y llevarlo a Miami para ser juzgado por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.
Fue encontrado culpable y sentenciado a 40 años de prisión, luego reducido a 30 años. Murió en 2017, en la Ciudad de Panamá.
Hernández, quien ha gobernado a Honduras por ocho años en una controvertida reelección (2014-2022), está acusado de narcotráfico por un tribunal de Nueva York.
Si es extraditado (y eso está por verse), juzgado y encontrado culpable, podría ser sentenciado hasta a una cadena perpetua, como ya lo está en Estados Unidos su hermano, Juan Antonio (“Tony”) Hernández. También por narcotráfico.
Ortega lleva ya cinco mandatos, cuatro consecutivos. Es el gobernante latinoamericano con más tiempo en el poder: 24 años y 92 días, en dos periodos diferentes.
Si un tribunal americano lo acusa alguna vez no será por narcotráfico, si por una descarada violación de los derechos humanos.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el 18 de febrero una resolución, aprobada por 27 países de los 34 miembros, pidiendo la ”inmediata” libertad en Nicaragua de los 167 presos políticos.
Por Centroamérica, votaron a favor de la resolución, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Sorprendió la abstención de Honduras.
Nicaragua, que piensa retirarse de la OEA, rechazó la resolución por “infame” y señaló que no es “patio trasero de nadie”, en una clara referencia a Estados Unidos.
Ortega, de 76 años, con la imagen omnipresente de su esposa que es la que realmente gobierna, controla totalmente un sumiso poder judicial y legislativo.
Además, los ocho hijos del matrimonio ocupan cargos importantes en empresas estatales y en canales de televisión oficiales.
Ortega y Murillo se han ensañado con los 167 presos políticos a los que mantienen confinados en condiciones infrahumanas. De estos, 21 son mayores de 60 años.
No toleran la mínima oposición. Los opositores o están presos o en el exilio. Por eso causó una gran indignación la reciente muerte del exgeneral sandinista Hugo Torres, que estaba enfermo y preso por sus posiciones opositoras.
Cristiana Chamorro, la candidata con más posibilidades de haber ganado las pasadas elecciones presidenciales de noviembre si hubieran sido libres, continúa bajo prisión domiciliaria y totalmente incomunicada.
Ella quería repetir la hazaña de su madre, la expresidenta Violeta Chamorro, quien en 1990 venció en las urnas nada menos que a Daniel Ortega.
Sobre esas elecciones (que “gano” Ortega sin oposición alguna), el presidente norteamericano, Joe Biden, las calificó de una “pantomima”, que no fue “ni libre, ni justa y, desde luego, no democrática”.
El gobierno americano ha sancionado a toda la familia Ortega- Murillo, les ha prohibido viajar a Estados Unidos y ha congelado cualquier depósito bancario que pudieran tener en ese país.
Nicaragua está prácticamente aislada, con solo apoyo de Cuba, Venezuela, Irán, China y Rusia.
Hay dos últimas medidas dictatoriales del régimen como un ejemplo que no olvida a quien les disputa su autoridad. Y la venganza ha sido cruel.
La primera: El cierre de 16 universidades privadas tendrá un efecto devastador sobre unos 14,000 estudiantes y profesores que se disponían a retornar a las aulas en la segunda semana de febrero y que quedan ahora en un limbo.
La segunda: La reciente condena, por parte de una jueza sumisa, a 13 años de prisión al estudiante Lesther Alemán, quien en 2018 en televisión y en directo, se atrevió a pedirle, en su propia cara, su renuncia.
Me ha costado mucho encontrar ese video, ya histórico, pero aquí lo tienen. Observen la cara que ponen Ortega y Murillo ante el atrevimiento de ese estudiante:
“Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien”, les dijo Alemán ante la mirada atónita de Ortega y Murillo.
Y luego se atrevió aún más: “No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio y así será calificado”.
El estudiante de periodismo fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional”, el mismo delito imputado a decenas de opositores recientemente.
