Por: Víctor Meza
La sociedad hondureña, sobre todo en las últimas décadas, ha tenido muchas y variadas experiencias en cuanto a iniciativas de diálogo para buscar soluciones negociadas a los diferentes problemas de la agenda nacional.
Hay un valioso conocimiento acumulado en esta materia. Algunas de esas iniciativas han tenido relativo éxito, pero, a decir verdad, la mayoría de ellas han fracasado. Un diálogo sobre la violencia, sus causas y consecuencias, a finales del año 1993, condujo a la creación del Ministerio Público, un organismo que, en su mejor momento, se convirtió en el buque insignia del proceso de modernización del Estado y la construcción democrática en el país. Otros diálogos, sobre todo los de carácter nacional, han sido esfuerzos bien intencionados pero vanos en sus resultados e impacto.
En consecuencia, los diálogos han ido perdiendo credibilidad entre la opinión pública, a tal punto que en algunos casos se ha llegado al extremo de satanizarlos. Me ha tocado participar en dos iniciativas de diálogo, la primera vez en el año 2007, para diseñar las Bases de un Plan de Nación, y la segunda en el fatídico 2009, para encontrar una salida a la crisis generada por el golpe de Estado de junio de ese año. En ambas ocasiones tuve oportunidad de aprender muchas cosas y conocer mejor la forma en que la mal llamada “clase política” criolla concibe la naturaleza, los alcances y objetivos de los diálogos.
Y por eso no me sorprende el hecho de que el diálogo iniciado en el espacio neutral de la Organización de las Naciones Unidas haya entrado en una fase de preocupante parálisis e inmovilismo. Al principio, a pesar de la ausencia del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), principal fuerza de oposición política en el país, el diálogo parecía prometer avances lentos pero seguros. Sin embargo, poco a poco fuimos comprobando lo que ya se sospechaba: no todos los actores del diálogo tenían la misma voluntad política para sacarlo adelante. Unos conciben el diálogo como un instrumento para ganar tiempo, y por eso están interesados en prolongarlo y eventualmente retrasarlo mediante todo tipo de argucias y falsos pretextos. Otros conciben el diálogo como un mecanismo para promover su propia agenda, que no siempre es pública y abierta, en desmedro y descalificación de las opiniones contrarias, sin que importe cuán útiles y constructivas puedan ser éstas. Eso explica las complicaciones y dificultades para articular una agenda común, tan mínima como sea posible y tan viable como sea necesario.
La búsqueda de una agenda mínima debidamente consensuada es tan importante como la selección de los actores que deben participar en el diálogo. Si el objetivo es buscar una salida del conflicto post electoral para luego encontrar una solución al colapso que sufre el sistema político electoral del país, entonces el diálogo debe ser esencialmente político. Su agenda debe contener los temas relacionados con la crisis post electoral, sin dejarse contaminar por otro tipo de problemas económicos y sociales que, al margen de su innegable importancia, no son, al menos en este momento y espacio, los asuntos que se deben discutir. Y si el diálogo y su agenda mínima son políticos, lógico es suponer que los actores participantes deben ser también los políticos directamente involucrados en el conflicto y con posibilidades reales de buscarle y encontrarle la debida y urgente salida.
Los acuerdos obtenidos en la mesa de negociaciones deben ser convertidos en norma obligatoria por la vía del Congreso Nacional. El Poder Legislativo está en la obligación de dar validez jurídica a los compromisos políticos que benefician al país. Las leyes son y deben ser, en este caso concreto, expresión legislativa de los consensos políticos de la sociedad. Leo y releo el documento firmado por los políticos y otros actores sociales durante la crisis institucional del año 1985, cuando el presidente de entonces, avalado por varios de sus más cercanos colaboradores, intentó ilegalmente prolongar su permanencia en la casa presidencial. En ese documento, firmado en una instalación militar, los actores participantes afirmaban sin ambages en el punto número cuatro: “Al efecto, el Congreso Nacional emitirá de urgencia la legislación que regulará dicho proceso (se refiere al de la salida de la crisis…VM) con la participación de todos los actores involucrados”. Más claro y directo no podía ser el mandato. Más adelante, en el mismo punto cuatro, se explicaba con abundantes detalles cuál debía ser el contenido de “la legislación en referencia”. O sea que se indicaba al Congreso Nacional la urgencia y necesidad de convertir en ley un acuerdo político que serviría para superar la crisis generada por las ambiciones de poder y el abuso desmedido del gobernante de entonces. Aquí está el precedente. Por esta vía salimos de aquella crisis y por una parecida, mediante el diálogo, podríamos salir del conflicto actual.
