El despliegue de la Guardia Nacional no sorprende ni ahuyenta a indocumentados

Nogales (EE.UU.) – Arizona y los demás estados del suroeste de EE.UU. inician desde hoy el despliegue de 1.200 soldados de la Guardia Nacional, pero ni eso ni las redadas del alguacil Joe Arpaio parecen frenar por completo el éxodo de mexicanos hacia el Norte.
 

En Nogales (Arizona), uno de los puertos de entrada al país en la frontera con México, Ramón Orejel, de 68 años, y su nieto, Dorián, de 18, señalaron a Efe que los cruces ilegales continuarán «mientras haya trabajo acá».

«No entiendo cuál es el problema. Estamos ayudando al país y el país nos ayuda a nosotros con los trabajos… venimos a trabajar y no creo que eso sea un delito», dijo el sexagenario de Durango.

Su nieto, Dorián, nació y vive en Phoenix, capital de Arizona, pero visita con frecuencia a familiares al otro lado de la frontera, y cree que «la cosa está cada vez peor, porque están bajando los trabajos».

Pero en el Condado de Maricopa, uno de 15 condados de Arizona, Arpaio mantiene una cruzada contra los indocumentados, arrestándolos y entregándolos a las autoridades federales para su expulsión del país.

Arpaio quiere lograr la expulsión de los aproximadamente 460.000 indocumentados en Arizona, ya sea mediante las redadas o por su propia voluntad. No hay cifras oficiales, pero muchos optan por regresar a México o emigrar a otros estados de EE.UU.

Los Orejel celebraron que narcotraficantes mexicanos presuntamente estén ofreciendo un millón de dólares por la cabeza de Arpaio, una noticia que se ha propagado como la pólvora en la zona.

La amenaza, confirmada por la oficina de Arpaio, surgió el jueves, cuando Arizona puso en marcha la ley SB1070, una de las medidas más estrictas contra la población clandestina en EE.UU., aunque la juez federal Susan Bolton bloqueó sus puntos más polémicos.

Mientras, el desembarco de soldados de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera común de 3.200 kilómetros tiene el objetivo de dar apoyo logístico, de mantenimiento e inteligencia a la Patrulla Fronteriza.

La idea es que, librada de esas tareas, la Patrulla Fronteriza pueda perseguir a los contrabandistas de armas, drogas y personas que pululan en los cañones, cerros y montañas en la zona.

Aún así, muchos de los deportados, especialmente los que ya tienen familia y una red de apoyo social en EE.UU., intentan su retorno a la espera de que el Congreso apruebe algún día una reforma migratoria.

Con sus accidentadas elevaciones y enormes barrancos, Nogales, en el sector bautizado por la Patrulla Fronteriza como el sector de Tucson, es la ruta más frecuentada por los contrabandistas, ahora que ha aumentado la vigilancia en otras partes de la frontera, parcialmente amurallada.

Que la zona del desierto sonorense es sinónimo de peligro -y a veces de muerte segura-, no es ningún secreto: sobran las historias de quienes mueren por insolación, deshidratación, o picaduras de alacranes, o que son abandonados a su suerte por los «coyotes» o «polleros» (traficantes de indocumentados).

Las autoridades de ambos países también advierten de los peligros y en varias partes del muro metálico que separa a las dos Nogales, hay grafiti con mensajes como «fronteras: cicatrizes (sic) en la tierra», o «Las paredes», seguido por cruces que simbolizan las muertes en el desierto.

La propia secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo que no habrá muro que los indocumentados no vayan a saltar y que es necesaria una reforma que refuerce la vigilancia fronteriza con más eficacia.

La inmigración ilegal continuará porque el imán de los trabajos y un futuro promisorio en EE.UU. resultan irresistibles, según los activistas pro reforma.

De eso dan fe, en el lado mexicano de Nogales, varios comensales de la Fonda de los Azulejos que aseguraron a Efe que, cuando el hambre aprieta, ni Arpaio ni el despliegue militar podrán frenar los cruces ilegales.

Uno de ellos, Rosario García, oriunda de Hermosillo, fue deportada la mañana del sábado, tras ser detenida por una infracción de tránsito, aunque recibió la orden de expulsión antes de que entrase en vigor la SB1070.

García, de 52 años, piensa volver.

«Aquí, donde ve, todos somos deportados. Me vine con lo que traje puesto, pero voy a regresar, porque allá me esperan mi esposo y mis hijos», puntualizó.

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