Tegucigalpa – Honduras registró su jornada más trágica en lo que va del año 2026, luego de que dos masacres perpetradas casi de forma simultánea en distintas regiones del país elevan drásticamente las cifras de homicidios.
– Una veintena de personas perdieron la vida en Trujillo, Colón; en tanto cinco agentes policiales fueron mutilados y acribillados en una zona montañosa de Corinto.
– “Los grupos criminales están queriendo mostrar esas debilidad estatal que es incapaz de reaccionar. Aquí el Estado debe reaccionar inteligentemente, tiene que haber represión con controles”, analizó Kenneth Madrid.
Este repunte de violencia siembra el terror entre la población y ha puesto en máxima alerta a los cuerpos de seguridad del Estado. Los brutales ataques, vinculados preliminarmente a peleas de territorio entre estructuras criminales, arrebataron la vida de múltiples ciudadanos y dejaron comunidades enteras sumidas en el miedo y la consternación, reflejando la profunda crisis de inseguridad que continúa azotando a la nación centroamericana.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades policiales y militares han desplegado operativos de emergencia en estos puntos del país para dar con los responsables y contener posibles represalias. Mientras los familiares de las víctimas lloran sus pérdidas en medio de la impunidad y la zozobra, diversos sectores de la sociedad civil exigen de manera urgente una revisión integral de las estrategias de seguridad vigentes.
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Desafío contra el Estado
El abogado y analista, Kenneth Madrid le confió a Proceso Digital que pareciera que se han normalizado las acciones criminales de los grupos organizados en el presente año.
“Al parecer existe un desafío latente contra el Estado, es un choque frontal como enviando mensajes que no hay nada que los detenga. Es el momento de que el Estado reaccione, pero tomando medidas integrales eficaces”, expresó.
Sugirió a las autoridades recuperar el control territorial del país porque se trata de una delincuencia no convencional por lo que hay que actuar de la misma forma.
Apuntó que no se deben hacer operativos temporales, sino saturaciones permanentes con inteligencia criminal seria, intervención de rutas de narcotráfico por medio de la militarización.
Madrid manifestó que se ha olvidado atacar financieramente a las estructuras criminales.
“La respuesta estatal debe ser completa y la investigación efectiva. Al haber más del 80 % de impunidad, entonces el crimen desafía al Estado y no hay nada más grande que el Estado, es urgente una investigación criminal de alto nivel”, describió.
Puntualizó que muchas estructuras policiales y militares están contaminadas. “Lo vimos en el caso de la masacre en Corinto, donde a los policías prácticamente los fueron a poner de pechito para que sucediera todo este hecho”, aseveró.
“No es una afrenta”
De su lado, el coronel en condición de retiro, Agustín Avelar, dijo a Proceso Digital que no se trata de una afrenta contra el Estado de Honduras ya que los hechos de violencia son aislados y no se relacionan.
“Lo que está sucediendo ahora en el Bajo Aguán (Colón) es la simple cobardía de gobiernos anteriores que han sido cobardes para resolver este problema”, expresó el también analista en temas de seguridad.
En Colón es sencillo resolver el problema, el campesino no invade la tierra sino para robar la fruta que produce y solo hay un promedio de seis procesadoras que pueden comprar la fruta en la zona, se debe identificar quienes se le vende la fruta robada.
Consideró que la acción anunciada por la Secretaría de Seguridad de intervenir las zonas afectadas, es lo que se debió hacer hace mucho tiempo.
“Lamentablemente tuvo que morir mucha gente para que se tomara la decisión de intervenir, pero todos los gobiernos anteriores tuvieron temor de intervenir”, acotó.
Sin embargo, esto no se debe ver solamente como un problema de la Policía Nacional, este es un problema de Estado, por lo tanto el Gobierno debe ser mucho más determinante, zanjó.
“Intervenir con todos sus recursos es lo que se debió hacer hace mucho tiempo”, cerró.
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Control de territorios por el crimen
La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas en plática con Proceso Digital dijo que “el control de los territorios que ejercen los grupos criminales organizados” es uno de los detonantes que derivan en escenas de homicidios múltiples como lo ocurrido este jueves en el país.
Señaló que de nadie es desconocido que muchas de las masacres ocurren por conflictos de tierras a tenor de disputas de grupos armados con frentes campesinos que se toman fincas. Igualmente, hay conflictos de familias que por herencias o enemistades personales provocan este tipo de matanzas.
Ayestas expuso que la violencia en Honduras tiene múltiples aristas, desde la ausencia prolongada del Estado en ciertas zonas donde se establecen vacíos de poder, pero que los grupos criminales tienen el control del territorio para operar como se les da la gana.
“Ese control del territorio lo ejerce la criminalidad organizada y el narcotráfico. Muchos de los homicidios múltiples son el resultado de las disputas entre maras y pandillas, cárteles de la droga y estructuras criminales porque lo que se pelean son la ruta de drogas y el cobro de extorsión”, esbozó.
Refirió que el 90 % de la población cree que Honduras es un país inseguro.
La titular del Observatorio de la Violencia mencionó que a los miembros de estructuras criminales no les importa si hay nuevas leyes con penas más severas porque ellos operan al margen de la ley y el brazo de la justicia casi nunca los alcanza.
Acentuó que la proliferación de armas de fuego es un problema mayúsculo en el país, ya que el 80 % de las muertes violentas se cometen con este tipo de artefactos.
Puntualizó que estas dos masacres no deben quedar impunes, se debe hacer el trabajo de investigación criminal para castigar a todos los responsables y sentar precedentes claros.
Todo ha fallado en Colón
El presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo hoy que ningún gobierno hondureño ha logrado la pacificación del departamento de Colón, donde toda estrategia de seguridad ha fallado.
En ese sentido, dijo que es el momento de estrategias diferentes que devuelvan la paz a dicho departamento caribeño.
“No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo”, parafraseó Hernández quien exigió acciones inmediatas.
Al menos 19 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.
En Colón se han saturado las zonas de militares y policías, hay una veda al uso de armas, se han creado fuerzas de seguridad con fiscales y nada ha funcionado.
A criterio de Hernández se debe proceder a una intervención de ese departamento con presencia internacional. “Ojalá el Gobierno pueda activarse de manera inmediata y poder tomar el control de la zona”, zanjó.
Si no se toman acciones el problema persistirá y será la misma historia, insistió.
Conflictividad social
La titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre planteó que ante las dos recientes masacres que cobraron la vida de más de una veintena de personas se debe de atacar de raíz ya que la conflictividad social está siendo parte de estos hechos múltiples.
Sostuvo que la masacre en Colón no puede ser un hecho aislado por la situación que vive ese departamento caribeño con un alto índice de conflictividad social.
Indicó que esa problemática debe de arrancarse de raíz.
Estos actos de violencia, que se dan a nivel nacional, los condenamos. Pero también ponemos en la mesa que el Conadeh ha sido reiterativo, contundente e insistente en cómo se debe atender la conflictividad social, declaró Izaguirre.
Recordó que el Conadeh ha emitido alertas tempranas sobre el elevado índice de conflictividad en la zona, sin que, hasta la fecha, el Estado haya asumido su obligación de garante de forma estructural.
Esto va a seguir pasando en la medida que estos hechos se vean de manera aislada y no como una situación que se da de manera estructural, sistemática y progresiva, incluso de violaciones a los derechos humanos en esa zona de alta conflictividad social, señaló.
Izaguirre informó que la Delegación del Conadeh en Colón se desplazó al lugar de los hechos para recabar información. Añadió que, independientemente de si las víctimas son campesinos, defensores del territorio, del ambiente o de los recursos naturales, la conflictividad debe ser atendida.
“Indistintamente de qué personas sean las víctimas, esta conflictividad se debe atender. La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público deben hacer su trabajo de investigación efectiva y eficiente, como también, en múltiples ocasiones, lo hemos solicitado, afirmó.
No puede haber una política de seguridad sin enfoque de derechos humanos, porque lo que se busca es proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, que al final es lo que busca el Estado, “el bien común”, explicó.
Este fatídico día no sólo tiñe de luto al pueblo hondureño, sino que reabre el doloroso debate sobre la efectividad de los planes gubernamentales para combatir la criminalidad organizada y garantizar el derecho fundamental a la vida. Todo esto ocurre en la semana que el Congreso Nacional aprobó reformas penales para atacar la criminalidad común y organizada. PD
