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El Congreso de Guatemala crea una comisión para fiscalizar la labor de CICIG

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Guatemala.– El Congreso guatemalteco acordó este martes crear una comisión parlamentaria para investigar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente auspiciado por la ONU que durante 12 años ayudó a combatir la corrupción.

Con un acuerdo legislativo, los diputados dieron con 82 votos a favor su visto bueno a este ente, que estará formado por cinco diputados y que tendrá un plazo para fiscalizar el trabajo de la CICIG que vence el 10 de enero, unos días antes de que asuma el nuevo Parlamento.

Durante 12 años, la CICIG y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de «alto impacto», presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.

Esta comisión parlamentaria, creada de forma imprevista durante la sesión plenaria de este martes argumentando que la Comisión nunca tuvo supervisión, tiene que verificar si el trabajo de la CICIG durante 2017 y 2019 se enmarcó en lo estipulado en la Constitución y debe investigar «las denuncias presentadas contra la misma».

Entre sus atribuciones está determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan «atentado contra derechos fundamentales» de los guatemaltecos, recabar y evaluar información de cualquier persona o entidad que haya sido «víctima» de la CICIG y requerir información a cualquier autoridad, así como declaraciones o documentos, sobre estos actos ilegales.

El acuerdo legislativo también le da potestad para denunciar ante las autoridades respectivas a los funcionarios y empleados públicos que se hayan participado en esos actos, invitar a los financistas de la CICIG para compartir informes financieros y solicitar información a «diferentes Gobiernos» sobre el historial profesional del personal internacional que trabajó en la Comisión durante los 12 años que operó.

El último punto de estas funciones señala que pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite la «inmediata extradición del personal que haya laborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país» y que pueda haber cometido «un ilícito» dentro de Guatemala.

La ente investigador del Parlamento estará formada por los diputados Luis Pedro Álvarez (intependiente), Luis Hernández Azmitia (Movimiento Reformador), Manuel Conde (Avanzada Nacional), Juan Ramón Lau (Todos) y Aníbal Rojas (Visión con Valores), todos aliados al oficialismo, que, desde diversos frentes, minó la tarea de la CICIG desde agosto de 2017.

El 31 de agosto del año pasado, rodeado de militares, el presidente, que junto a su familia fue acusado de casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta «injerencia en los asuntos internos» pese a que cuando asumió el cargo había manifestado en una carta a Naciones Unidas su intención de renovar su labor hasta septiembre de 2021.

Desde que anunciaron su salida, el Ejecutivo y el Congreso atacaron a la CICIG en varias ocasiones, la última este mes durante la celebración de la Independencia, y aseguraron que la Comisión volvería al país para enfrentar la Justicia. 

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